Ediles socialistas
1.Reafirmar la defensa del sistema público de enseñanza, como mejor manera de garantizar el ejercicio del derecho a la educación que, desde la Educación Infantil hasta la Universidad, esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y los valores democráticos.
2. Pedir al Conseller de Educación: La retirada de su propuesta de ceder suelo público a empresas privadas para construcción y explotación de centros escolares durante 75 años.
Iniciar la construcción urgente de centros escolares en las poblaciones donde esta necesidad es más evidente con la eliminación de los barracones.
La elaboración de un nuevo mapa escolar consensuado con la comunidad educativa, que dé solución a la falta de centros públicos existentes.
3. Enviar la certificación con la aprobación de esta moción a la Mesa de las Cortes, los partidos políticos con representación parlamentaria ya la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública.
Para hacer esta proposición, los ediles socialistas se apoyan en el Anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012 señala que la Generalitat «podrá colaborar con los particulares en la promoción de centros educativos de iniciativa social (CIS), con el fin de garantizar la libertad de enseñanza». Es por ello, apuntan desde el PSOE, que podrá otorgar «concesiones sobre bienes demaniales de su titularidad, así como los que hayan transmitido otras administraciones, para la construcción de centros educativos de titularidad privada que reúnan los requisitos para ser sostenidos con fondos públicos».
Según este planteamiento, opinan los ediles socialistas, los colegios serían centros concertados, «es decir privados subvencionados con fondos públicos y gozarían de una concesión de 75 años durante los cuales serían explotados por la empresa privada, con el pago de un canon por la cesión los terrenos públicos».
El Conseller de Educación, José Císcar, afirmó el pasado 8 de julio, que ya «Tenemos el Pliego de condiciones» y «se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los Ayuntamientos» que serán los que realizan la cesión del terreno a la Generalitat para que ésta licite su concesión al empresario correspondiente».
Asimismo explican desde el grupo socialista, que el titular de Educación desveló que este proyecto tiene como objetivos garantizar «la libertad de elección de centros» y «equilibrar el mapa de la enseñanza en nuestra comunidad. De modo que del 37% de colegios concertados y privados y el 63% de públicos pasarán a ser de un 50% en los dos modelos».
Esta iniciativa, a juicio de los concjales del PSOE, supone «renunciar a la escuela pública de calidad como la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y ciudadanas y sustituirla por una escuela privada / concertada, donde la escuela pública sería meramente subsidiaria de ésta». Y añaden que supone igualmente una ruptura del consenso sobre la planificación del mapa escolar y la ejecución del mismo. «Detrás de esta propuesta se encuentra igualmente la renuncia de la consellería a la construcción de nuevos centros escolares propios».
Para los regidores socialistas, este modelo de «potenciación de la escuela privada / concertada no supone una mayor oferta o libertad por parte de los padres y las madres. Al contrario de lo que afirma el conseller, en las grandes ciudades la mayoría del alumnado está escolarizado en centros concertados y es una verdadera odisea encontrar plaza en centros públicos, por lo que muchas personas se ven obligadas a matricular a sus hijos e hijas en una escuela privada / concertada. Es necesario por tanto atender esta demanda de plazas públicas con la construcción de nuevos centros escolares públicos».
Finalmente desde el grupo socialista citan algunas leyes y la Constitución española para defender sus tesis de potenciar la escuela pública, no la privada como pretende el PP.En ese sentido citan el artículo 27 de la Constitución Española establece, entre otros, que: «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».
Asimismo la Ley Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo, de Educación en el artículo 15 plantea que «para atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación educativa».
Finalizan desde el PSOE afirmando que el Conseller de Educación habló de 6.000 alumnos que todos los años se quedan sin plaza en centros concertados «se olvidó de mencionar los casi 1.000 barracones, 148 nuevos este curso en 60 poblaciones distintas que están escolarizado escolares de la enseñanza pública. Hay que decir que en 2004 el consejero de Cultura y Educación en ese momento, González Pons, afirmó que las aulas prefabricadas desaparecerían en dos años», concluyen desde el PSOE.
