El próximo lunes, a las 9 de la mañana, se celebrará en el palacio consistorial el pleno municipal extraordinario en el que, entre otros asuntos, se abordará la propuesta del Gobierno municipal de reconocimiento de deuda y compromiso de pago a favor de la empresa Iconsa, a la que el Consistorio le adeuda más de 3,5 millones de euros. Ya es conocida la posición de los partidos del grueso de la oposición: PSOE, BNV y EU, que se muestran partidarios de abonar el débito de una sola vez para evitar el pago de más intereses. Por su parte, la junta directiva de SP se reunirá este jueves para decidir qué postura adopta.
Sin embargo, desde el equipo de Gobierno, el concejal de Hacienda y portavoz del grupo popular, Sergio Muniesa, sostiene que en estos momentos el Ayuntamiento no dispone de fondos suficientes para poder liquidar la totalidad de la cifra, es por este motivo por el que el edil popular aboga por dar luz verde a este plan de amortización de la deuda con Iconsa. Muniesa va más allá, al recordar que cuando se solicitó un crédito para pagar otras deudas, se planteó que se realizara una ampliación en esta operación de tesorería para disponer de los recursos necesarios que permitieran pagar a Iconsa, pero «la oposición se negó».
Informes técnicos
contradictorios
Para aportar luz a esta maraña de interpretaciones y recovecos legales, se han redactado varios informes, uno de ellos por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento de Sagunto y el otro por el interventor municipal. En el primero de ellos, de fecha 28 de agosto de 2011, el secretario general sostiene que: «Para proceder al pago de dicha cantidad, dado que no hay crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente para el año actual, es necesario acuerdo plenario. Si se convenia con el acreedor un aplazamiento del pago de forma plurianual, el Pleno es el órgano competente».
Más adelante, utilizando una jerga legalista confusa, el titular de la secretaría general recuerda a la Corporación que, dependiendo de la postura que adopte cada edil en el pleno del lunes, puede incurrir en responsabilidades: «Tal como ya se informó en fecha 22 de noviembre de 2010, en relación con la obligaciones de pagos que necesitan acuerdo plenario, para la formación de la voluntad del órgano colegiado en el sentido conforme al ordenamiento jurídico es necesario un quórum de mayoría simple, siendo responsables los miembros integrantes del órgano colegiado que con su conducta provoquen como resultado una inactividad del mismo con respecto al acto esperado conforme al ordenamiento jurídico con su comportamiento omisivo».
En esta línea, el secretario general apostilla: «Es por ello que cualquier actuación tendente a no conseguir dicho resultado deberá ser motivada por los concejales causantes de la misma». Sin embargo, el informe del interventor municipal, del pasado 3 de noviembre, no considera adecuado que el pago tenga que fraccionarse en un proceso plurianual. En este sentido señala: «El reconocimiento de la obligación es único y único su pago. El pago aplazado no se prevee para estos supuestos en LCSP.» Aunque al final del documento también expresa el interventor que «a efectos de lo dispuesto en el arto 215 y ss se emite informe en el sentido de la insuficiencia crediticia a fecha presente para hacer frente a los 3.566.978,67 con cargo a la partida presupuestaria 500.1510.600.00 del vigente presupuesto prorrogado. Igualmente señalar que dichas cantidades no se encuentran previstas ni en el Plan Económico Financiero 2009-2011 ni en el Plan de Saneamiento Financiero 20 10-2011».
Esta falta de previsión, reconocida por el propio interventor municipal, ha llamado la atención entre la oposición, dado que era público y notorio que a partir del 12 de noviembre habría que hacer efectivo el pago de esta deuda.
Con relación a los informes técnicos el portavoz del BNV, Francesc Fernández, considera que los mismos están forzados: «el Bloc considera que los informes que se adjuntan al expediente son forzados y contradictorios. El informe del interventor afirma que "junto al reconocimiento de la obligación o de la deuda debe tramitarse el pertinente expediente de modificación de créditos al objeto de dar cobertura presupuestaria a las obligaciones que pueden como máximo ser reconocidas". Asimismo considera que “el reconocimiento de la obligación es único y único su pago”. Por tanto —prosigue— no se puede fraccionar el pago en anualidades, y la competencia sería exclusiva de la Junta de Gobierno. El artículo 174 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales contempla los pagos plurianuales en una serie de casos que no incluye el que nos ocupa».
Ante lo ocurrido, el portavoz del BNV, Francesc Fernández, señala al alcalde como responsable: «En conclusión, el alcalde está eludiendo su obligación, que es hacer frente a la deuda, modificando el crédito del presupuesto. Además, intenta grabar más las más que deficitarias arcas municipales con los intereses que implica el convenio con Iconsa. Y encima intenta trasladar al resto de grupos su irresponsabilidad».
Iconsa se defiende
Por su parte, Iconsa recuerda que era propietaria de 3 parcelas en la Avenida 3 de Abril, cuya calificación era dotacional y viaria. Aseguran desde la empresa que dicha calificación la realizó el Ayuntamiento de Sagunto en su PGOU de 1992, es decir, que esta empresa «ya adquirió los suelos con esos usos, por lo que nunca hubo recalificación o mejora alguna por parte del Ayuntamiento».
Más adelante, reiteran desde esta compañía, presidida por el vicepresidente de ASECAM, José María Carrasco, que, transcurridos los años, y «como quiera que el Ayuntamiento de Sagunto incumplió la ley al no emprender acción alguna de cara a dicha expropiación, y como la legislación fija un plazo de 3 años, Iconsa, en el período 2003/2007, con Gobierno municipal del PSOE y Bloc, siendo Concejal de Urbanismo el señor Fernández Carrasco, intentó llegar a un acuerdo de permuta, económico o de cualquier índole, que solucionara el uso futuro de esos suelos». Sin embargo, aseveran desde Iconsa que no fue posible con dichos partidos llegar a acuerdo alguno.
Es por este motivo por el que desde esta firma le preguntan al edil del Bloc, Francesc Fernández: «¿por qué no solucionó usted el tema de nuestra expropiación o permuta cuando fue concejal de Urbanismo, desde el 2003 hasta el 2007? ¿Por qué no le parece bien un acuerdo a pagar en plazos, con el interés legal, cuando no queda otra solución que eso o que los costes para el Ayuntamiento sean mucho mas altos y con muchos más problemas para todos?»
Ante estas preguntas, es la propia compañía la que responde en términos muy severos: «al PSOE y al BLOC no les gusta, porque, sencillamente, lo único que pretenden es hacer daño y desestabilizar al señor Castelló, sin comprender que con su postura el daño no se lo hacen al alcalde, sino que lo único que hacen es perjudicar a los ciudadanos e incurrir en desobediencia jurídica».
57’90 euros por vecino
La propuesta de reconocimiento de deuda y compromiso de pago pactada entre el Ayuntamiento de Sagunto y la promotora Iconsa se llevará al pleno extraordinario del próximo lunes. Sin embargo, dado que el grueso de la oposición rechaza este acuerdo, sólo podrá salir adelante el plan de pagos si los 4 ediles de SP apoyan al PP en esta iniciativa. Hay que tener en cuenta que fueron estos dos partidos los que acordaron en el pleno del 25 de junio de 2008 dar luz verde a la reserva de aprovechamiento. Si finalmente es aprobado en la sesión plenaria este compromiso, el abono de los 3.566.978,67 euros que le debe el municipio a Iconsa se va a pagar de forma fraccionada, es decir en 4 cuotas y en un período de 32 meses. La primera, por un importe de 866.978,67 euros, se hará efectiva el 14 de noviembre. Los dos siguientes pagos serán del mismo importe, esto es, 900.000 euros, que serán abonados el 29 y el 28 de junio de 2012 y 2013 respectivamente. La cuarta y última cuota también será de 900.000 euros y se liquidará el 30 de junio de 2014, aunque a esta cifra habrá que añadirle los intereses correspondientes por este período de 2 años y 8 meses, que a un 6 por ciento de interés pueden ascender a un total de 270.000 euros adicionales, es decir, a sumar a los 900.000 del último plazo.
Cuando todo este proceso concluya, en junio de 2014, a un año de las elecciones de 2015, el Ayuntamiento de Sagunto habrá pagado 3.836.978,67 euros, cifra que si se divide por los 66.259 habitantes que a día de hoy tiene Sagunto, según el INE, lo que aporta cada empadronado, con independencia de su edad, asciende a 57,90 euros. Tomando en consideración que el fallo del Jurado Provincial de Expropiaciones, que se produjo en 2008, cifró la indemnización en 3.193.236,90 euros, parece obvio que, entre noviembre de 2008 y junio de 2014, el Ayuntamiento de Sagunto habrá abonado en concepto de intereses un total de 643.741,7 euros.
Sin embargo, desde el equipo de Gobierno, el concejal de Hacienda y portavoz del grupo popular, Sergio Muniesa, sostiene que en estos momentos el Ayuntamiento no dispone de fondos suficientes para poder liquidar la totalidad de la cifra, es por este motivo por el que el edil popular aboga por dar luz verde a este plan de amortización de la deuda con Iconsa. Muniesa va más allá, al recordar que cuando se solicitó un crédito para pagar otras deudas, se planteó que se realizara una ampliación en esta operación de tesorería para disponer de los recursos necesarios que permitieran pagar a Iconsa, pero «la oposición se negó».
Informes técnicos
contradictorios
Para aportar luz a esta maraña de interpretaciones y recovecos legales, se han redactado varios informes, uno de ellos por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento de Sagunto y el otro por el interventor municipal. En el primero de ellos, de fecha 28 de agosto de 2011, el secretario general sostiene que: «Para proceder al pago de dicha cantidad, dado que no hay crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente para el año actual, es necesario acuerdo plenario. Si se convenia con el acreedor un aplazamiento del pago de forma plurianual, el Pleno es el órgano competente».
Más adelante, utilizando una jerga legalista confusa, el titular de la secretaría general recuerda a la Corporación que, dependiendo de la postura que adopte cada edil en el pleno del lunes, puede incurrir en responsabilidades: «Tal como ya se informó en fecha 22 de noviembre de 2010, en relación con la obligaciones de pagos que necesitan acuerdo plenario, para la formación de la voluntad del órgano colegiado en el sentido conforme al ordenamiento jurídico es necesario un quórum de mayoría simple, siendo responsables los miembros integrantes del órgano colegiado que con su conducta provoquen como resultado una inactividad del mismo con respecto al acto esperado conforme al ordenamiento jurídico con su comportamiento omisivo».
En esta línea, el secretario general apostilla: «Es por ello que cualquier actuación tendente a no conseguir dicho resultado deberá ser motivada por los concejales causantes de la misma». Sin embargo, el informe del interventor municipal, del pasado 3 de noviembre, no considera adecuado que el pago tenga que fraccionarse en un proceso plurianual. En este sentido señala: «El reconocimiento de la obligación es único y único su pago. El pago aplazado no se prevee para estos supuestos en LCSP.» Aunque al final del documento también expresa el interventor que «a efectos de lo dispuesto en el arto 215 y ss se emite informe en el sentido de la insuficiencia crediticia a fecha presente para hacer frente a los 3.566.978,67 con cargo a la partida presupuestaria 500.1510.600.00 del vigente presupuesto prorrogado. Igualmente señalar que dichas cantidades no se encuentran previstas ni en el Plan Económico Financiero 2009-2011 ni en el Plan de Saneamiento Financiero 20 10-2011».
Esta falta de previsión, reconocida por el propio interventor municipal, ha llamado la atención entre la oposición, dado que era público y notorio que a partir del 12 de noviembre habría que hacer efectivo el pago de esta deuda.
Con relación a los informes técnicos el portavoz del BNV, Francesc Fernández, considera que los mismos están forzados: «el Bloc considera que los informes que se adjuntan al expediente son forzados y contradictorios. El informe del interventor afirma que "junto al reconocimiento de la obligación o de la deuda debe tramitarse el pertinente expediente de modificación de créditos al objeto de dar cobertura presupuestaria a las obligaciones que pueden como máximo ser reconocidas". Asimismo considera que “el reconocimiento de la obligación es único y único su pago”. Por tanto —prosigue— no se puede fraccionar el pago en anualidades, y la competencia sería exclusiva de la Junta de Gobierno. El artículo 174 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales contempla los pagos plurianuales en una serie de casos que no incluye el que nos ocupa».
Ante lo ocurrido, el portavoz del BNV, Francesc Fernández, señala al alcalde como responsable: «En conclusión, el alcalde está eludiendo su obligación, que es hacer frente a la deuda, modificando el crédito del presupuesto. Además, intenta grabar más las más que deficitarias arcas municipales con los intereses que implica el convenio con Iconsa. Y encima intenta trasladar al resto de grupos su irresponsabilidad».
Iconsa se defiende
Por su parte, Iconsa recuerda que era propietaria de 3 parcelas en la Avenida 3 de Abril, cuya calificación era dotacional y viaria. Aseguran desde la empresa que dicha calificación la realizó el Ayuntamiento de Sagunto en su PGOU de 1992, es decir, que esta empresa «ya adquirió los suelos con esos usos, por lo que nunca hubo recalificación o mejora alguna por parte del Ayuntamiento».
Más adelante, reiteran desde esta compañía, presidida por el vicepresidente de ASECAM, José María Carrasco, que, transcurridos los años, y «como quiera que el Ayuntamiento de Sagunto incumplió la ley al no emprender acción alguna de cara a dicha expropiación, y como la legislación fija un plazo de 3 años, Iconsa, en el período 2003/2007, con Gobierno municipal del PSOE y Bloc, siendo Concejal de Urbanismo el señor Fernández Carrasco, intentó llegar a un acuerdo de permuta, económico o de cualquier índole, que solucionara el uso futuro de esos suelos». Sin embargo, aseveran desde Iconsa que no fue posible con dichos partidos llegar a acuerdo alguno.
Es por este motivo por el que desde esta firma le preguntan al edil del Bloc, Francesc Fernández: «¿por qué no solucionó usted el tema de nuestra expropiación o permuta cuando fue concejal de Urbanismo, desde el 2003 hasta el 2007? ¿Por qué no le parece bien un acuerdo a pagar en plazos, con el interés legal, cuando no queda otra solución que eso o que los costes para el Ayuntamiento sean mucho mas altos y con muchos más problemas para todos?»
Ante estas preguntas, es la propia compañía la que responde en términos muy severos: «al PSOE y al BLOC no les gusta, porque, sencillamente, lo único que pretenden es hacer daño y desestabilizar al señor Castelló, sin comprender que con su postura el daño no se lo hacen al alcalde, sino que lo único que hacen es perjudicar a los ciudadanos e incurrir en desobediencia jurídica».
57’90 euros por vecino
La propuesta de reconocimiento de deuda y compromiso de pago pactada entre el Ayuntamiento de Sagunto y la promotora Iconsa se llevará al pleno extraordinario del próximo lunes. Sin embargo, dado que el grueso de la oposición rechaza este acuerdo, sólo podrá salir adelante el plan de pagos si los 4 ediles de SP apoyan al PP en esta iniciativa. Hay que tener en cuenta que fueron estos dos partidos los que acordaron en el pleno del 25 de junio de 2008 dar luz verde a la reserva de aprovechamiento. Si finalmente es aprobado en la sesión plenaria este compromiso, el abono de los 3.566.978,67 euros que le debe el municipio a Iconsa se va a pagar de forma fraccionada, es decir en 4 cuotas y en un período de 32 meses. La primera, por un importe de 866.978,67 euros, se hará efectiva el 14 de noviembre. Los dos siguientes pagos serán del mismo importe, esto es, 900.000 euros, que serán abonados el 29 y el 28 de junio de 2012 y 2013 respectivamente. La cuarta y última cuota también será de 900.000 euros y se liquidará el 30 de junio de 2014, aunque a esta cifra habrá que añadirle los intereses correspondientes por este período de 2 años y 8 meses, que a un 6 por ciento de interés pueden ascender a un total de 270.000 euros adicionales, es decir, a sumar a los 900.000 del último plazo.
Cuando todo este proceso concluya, en junio de 2014, a un año de las elecciones de 2015, el Ayuntamiento de Sagunto habrá pagado 3.836.978,67 euros, cifra que si se divide por los 66.259 habitantes que a día de hoy tiene Sagunto, según el INE, lo que aporta cada empadronado, con independencia de su edad, asciende a 57,90 euros. Tomando en consideración que el fallo del Jurado Provincial de Expropiaciones, que se produjo en 2008, cifró la indemnización en 3.193.236,90 euros, parece obvio que, entre noviembre de 2008 y junio de 2014, el Ayuntamiento de Sagunto habrá abonado en concepto de intereses un total de 643.741,7 euros.
