Ciudad

El tema más polémico del pleno celebrado anoche en el Ayuntamiento de Sagunto fue la Ordenanza de Convivencia Municipal, primero en el turno de intervenciones del público que acudieron todos los colectivos y partidos sancionados y después en el debate de la moción presentada por Esquerra Unida en la que pedía la derogaciónde la citada norma municipal y se anularan todas las sanciones impuestas.
De las intervenciones desde el público ya dimos cumplida información en un artículo publicado en esta misma edición digital y ahora informamos del debate de la moción.

Fernando López Egea, portavoz del grupo municipal de EU, criticó que el Ayuntamiento esté imponiendo una serie de sanciones y multas por el “delito” de utilizar una megafonía —recordardando que muchos Ayuntamientos utilizan esta herramienta para convocar  Plenos Municipales y leer bandos— colocar carteles anunciando un acto público o una reivindicación, «cuando el propio Ayuntamiento ejerce esta práctica y no se ha autosancionado  poner una pancarta o jugar en espacios públicos». Resaltan desde EU que «curiosamente» los sancionados son personas vinculadas a organizaciones sociales, políticas y sindicales con un especial compromiso social.

 Para este dirigente político, la citada ordenanza tiene un articulado que no propicia la convivencia sino todo lo contrario y, señaló que dicha dinámica puede «llevar a multar y sancionar a las personas que colocan folios con su teléfono en busca de trabajo para poder comer, o a las personas que mendigan como último recurso. ¿Acaso hay que sancionar el hambre o el fracaso del sistema criminalizando a los sin techo? ¿Acaso hay que denunciar también a las personas que realizan la cuestación del Domund?».

Los ediles de EU consideran que la Ordenanza de Convivencia establece una regulación «restrictiva» del espacio público y la participación política. Las expresiones de las oposiciones o «disidencias político-culturales de la ciudad, inherentes a su conflictividad urbana, son contempladas como peligrosas y merecedoras de vigilancia, y eventual prohibición».  E Insisten que la citada norma municipal «otorga un poder y una responsabilidad atípicos a la policía ampliando su campo de acción hasta extremos difícilmente controlables».  Y consideran que  el texto utiliza una técnica jurídica basada en conceptos «sancionadores demasiado abiertos y amplios, más propio de otras épocas, que de un Estado de Derecho, en el que todo lo que no está prohibido está permitido, y el ciudadano lo tiene que saber de forma clara y precisa (principio de seguridad jurídica)».

Enmiendas
Hay que recordar que esta Ordenanza fue aprobada por el PP y SP, pero ahora los segregacionistas la quieren corregir, para ello retiraron su moción, proponiendo se anulen los artículos del 17 al 23 y el apartado d. del artículo 73, es decir, aquellos artículos que limitan la libertad de expresión  suprimen la cartelería y prohíben la utilización de la megafonía.
Esta propuesta también fue secundada por el PP, pero además añadió a su enmienda la petición de EU de suspender las sanciones impuestas relativas a la libertad de expresión y que la Comisión municipal de Régimen Interior modifique el articulado señalado por SP, en el plazo de dos meses. Anunciando  Castelló, una audiencia pública para dar publicidad a esta norma municipal una vez corregida.  Esto fue aprobado con los votos favorables de los grupos del PP, PSOE y SP, el voto en contra de EU y del Bloc. El portavoz del partido nacionalista también argumentó soobre la conveniencia d ela derogación de la ordenanza

López Egea justificó su voto en contra de la enmienda recordando que el articulo 20.1 de la Constitución Española reconoce y protege los derechos «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Y en el artículo 20.2 expresa «que el ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura públicas?». Y que ese derecho constitucional es de rango superior a cualquier ordenanza municipal y que pensaba seguir haciendo uso de ese derecho.

Por su parte el concejal responsable de la Policía Local, Francisco Villar,  defendió la Ordenanza de Convivencia porque «su único objetivo, es preservar los derechos de los vecinos». En otro momento de su intervención explicó que se han impuesto 35 sanciones por la colocación de carteles, «sin entrar en ningún caso en el contenido de los mismos», y para acallar al público que le preguntaba si había puesto multas a un “club de alterne” apuntó Villar, que a una “empresa” se le han puesto cinco multas. También aclaró que  estaba dispuesto a hablar con quien se lo solicitase como lo había hecho con un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Entre otras cifras Villar citó que desde que él es responsable de la Policía Local, los agentes  han puesto 90 multas, entre ellas 30 relacionadas con animales y 23 por molestias por ruido.
Sacando la propuesta de EU de contexto, ya que los ponentes de la moción solo pedían la anulación de las sanciones relativas a la libertad de expresión, el concejal de Policía, señaló que no se podía quitarles las multas al propietario de un perro que ha mordido a alguien o a quien ha orinado en la calle.

Crispación y petición de desalojo
No obstante, el debate que duró aproximadamente una hora, tuvo sus momentos de crispación entre el edil de EU Paco Aguilar y el alcalde, porque en un  afán de llevar la ordenanza al absurdo y jugando con las frases dijo el concejal de izquierda que si los agentes perseguían la prostitución y tenían que confiscar el dinero del trabajo de las prostitutas, esa acción de percibir dinero de una prostituta, tenía una denominación en el diccionario y que como el alcalde era el jefe de la Policía Local, pues, se convertía en el intelectual de la acción de confiscar el dinero a las mujeres que ejercen prostitución.
Alfredo Castelló, le conminó a dejar de decir estupideces y también le recordó que criminalizar  no tenía el sentido que Aguilar le estaba dando.

A última hora de la noche, cuando ya no quedaba poco gente en el público, pero el debate de la ordenanza estaba en su momento más tenso uno de los jóvenes que permanecían en el salón de plenos, llamó «fascista» al alcalde y éste le pidió a la Policía Local que lo desalojara del local, no obstante, Castelló le propuso que si se callaba podía permanecer en el pleno y el joven aceptó manteniéndose en silencio.