Toma la Plaza Morvedre llevó carteles al Salón de Plenos
La presencia en el Orden del Día del Pleno de hoy de dos mociones sobre la Ordenanza de Convivencia, una presentada por SP para la modificación de los puntos que consideran que chocan con el derecho a la libertad de expresión y otra de EU pidiendo directamente su derogación, ha llevado a numerosos colectivos agraviados por la normativa hasta el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto, quienes han convertido el turno de palabra del público en auténtico debate abierto sobre el uso que se está haciendo de esta polémica ordenanza.
Toma la Plaza Morvedre movilizó fuerzas frente a la normativa
Los más activos del debate fueron los miembros de Toma la Plaza Morvedre, que tienen entre sus miembros a dos vecinos multados por anunciar uno de los actos del movimiento 15M, más concretamente por invitar a la ciudadanía a asistir a una asamblea en la que se hablaría de la última reforma constitucional.
El portavoz elegido para la ocasión por el movimiento en pro de una democracia real denunció que la ordenanza «fue vendida a los ciudadanos como panacea contra la limpieza y la delincuencia» pero en realidad se está usando «para criminalizar a los movimientos sociales».
En el manifiesto leído en el Pleno también se argumentaba que el Ayuntamiento «es el primero que rompe la ordenanza porque paga gente para poner carteles en las marquesinas de los autobuses», entre otros sitios. Y denunciaban que hechos como este demuestran que la ordenanza «se usa de forma arbitraria y con afán recaudatorio», y se considera vergonzoso, «atribruirse la representación del pueblo para amordazarlo».
El manifiesto también lamentó que sólo se pueda esperar de los gobernantes «paro y represión policial» y pidió expresamente que se derogue la normativa, retirando así las multas impuestas, puesto que entra en conflicto con lo que dice el artículo 20 de la Constitución Española.
Ximo Graña (Esquerra Republicana) ve «mala fe» en la Ordenanza
Durante el turno de palabra también intervino Ximo Graña, líder de la agrupación local de Esquerra Republicana, una formación que ha sido multada con 150 euros por que alguien, sin identificar, puso un afiche, de tamaño menor de un A4 en un poste municipal.
«Veo mala fe en esa acción, sé que es muy fuerte, pero somos el único partido que ha sido sancionado como tal, se ha denunciado a gente de partidos, pero a título particular nunca a la formación» ha asegurado Graña quien ha fundamentado su acusación recordando que según la normativa este tipo de carteles sólo se pueden poner «en los lugares habilitados para ello» que, simple y llanamente, nunca han sido habilitados por el consistorio. «Si la publcidad sólo se puede poner en lugares designados del Ayuntamiento y no existen ¿como puede sancionar? Si no ponen los lugares son ustedes los que están incumpliendo su ley» señaló Graña.
El líder de Esquerra Unida recordó que la política es «hacer cosas de la polis» o lo que es lo mismo «hacer ciudad» y por lo tanto considera que no se puede seguir manteniendo una reglamentación que penaliza a las formaciones que quieren llevar la política a la calle.
Agró fue multado por poner una pancarta en un edificio que no es del ayuntamiento
El último colectivo al sumarse a las quejas contra la Ordenanza fue Acció Ecologista Agró, quien recibió una multa por poner una pancarta en la llamada Casa Penya, que decía «Indignats i actius la crisis se acaba si tú vols». El portavoz de Agró transmitió a los concejales la estupefacción de sus compañeros al ver llegar la multa puesto que la Casa Penya no es propiedad municipal,si no de la CHJ, y, según aseguraba el portavoz, «no tenemos constancia que el propietario haya puesto ninguna denuncia, sino que nos han multado a instancia de la policía local de Sagunto y dictada por el Excelentísimo Alcalde Alfredo Castelló».
Para los miembros de Agró resulta ofensivo «que un acto de la organización haya sido censurado por una institución tan serio como el ayuntamiento», y recordó que en el artículo 20 de la Constitución se protege expresamente la expresión escrita que «El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» y en todo caso quien decida estos casos ha de ser el juez.
La PAH ve inconstitucional tener que pedir permiso para anunciar un acto
Rafael Garzó fue el encargado de mostrar el malestar por la ordenanza por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes también han sufrido sanciones de la una ordenanza que no dudó en calificar como una «herramienta de represión a la libertad de expresión en esta ciudad». «Según ustedes esta ordenanza era para limpiar de cacas de perros el pueblo, pero sólo se está usando para acabar con libertades que este pueblo consiguió tras el fin de la dictadura» denunció Garzó.
El portavoz también pidió «la retirada total de la ordenanza» al asegurar que «para ejercer un derecho recogido en la Constitución, como es el del artículo 20, no hay que pedir permiso como quiere el ayuntamiento».
Quejas vecinales
Pero no fueron sólo los miembros de los colectivos multados quienes mostraron su malestar, un vecino presente denunció textualmente «que se consiente que se empapele la ciudad con anuncios de un puticlub mientras se castiga a los partidos», y Primitivo Safont de la Asociación de Vecinos La Victoria afirmó: «Ya les dijimos que la ordenanza nueva era de cara a la galería, que lo que había que hacer era aplicar las leyes que ya existían. Ahora vemos que sólo se han dedicado a cerrar bocas, porque de cacas de los perros hay más que antes, las bicicletas van por las aceras, las terrazas de los bares no respetan la medidas de la ordenanza, y no hablemos ya de la delinquencia».
También intervino, a título particular, Juan Carlos Calomarde, columnista de este periódico, quien quiso preguntar al Alcalde como había quedado la denuncia que presentó un vecino, al poco de aprobarse la ordenanza, contra el partido Segregación Porteña, quien distribuyó unas hojas informativas por los coches, algo que contradice lo previsto en la ordenanza.
Calomarde recordó que SP señaló, en su web, que no infringían su ordenanza al ser «una hoja informativa y no publicidad comercial» algo que quería saber si había servido para levantarles la sanción, abriendo así la posibilidad a un precedente que exculpara al resto de afectados. Sin embargo la pregunta no obtuvo respuesta del Alcalde puesto que, sin el número de denuncia, no podía decirle como se había resuelto aquella incidencia.
Paco Villar se encargó de defender la normativa
Ante la avalancha de críticas tuvo que ser el actual concejal de Policía Loca, Paco Villar, quien saliera a defender la acción del cuerpo que dirige.
Villar aseguró textualmente que «La ordenanza nació para defender los derechos de los ciudadanos», algo que originó risas entre el público, y afirmó que había tomado la palabra puesto que «a lo mejor la ciudadanía no tiene 'acceso real' a la información».
Villar aseguró que ya hay un local, que no quiso citar, con cinco sanciones y una orden de limpieza, y anunció que hay «35 sanciones por situación de los carteles», defendiendo así que «El Ayuntamiento de Sagunto no entra al contenido, lo único que hace es la situación donde están colocados, es lo único que sanciona la ordenanza de convivencia».
Villar también cifró en 30 las sanciones por temas de animales y 23 denuncias por ruido, y se mostró conciliador al asegurar que la ordenanza no sólo tiene artículos que pueden modificarse sino que cualquiera puede pedir una reunión y exponer su problema.
El edil de Policía afirmó que el Ayuntamiento no quiere censurar a nadie, sin embargo, no quiso responder directamente a si se le iba a negar a nadie el permiso para poder anunciar sus actividades «se pide permiso y luego vemos lo que pasa, no podemos suponer lo que vamos a hacer».
El Pleno aún debate a estas horas las mociones sobre la derogación, o modificación de esta ordenanza.
Toma la Plaza Morvedre movilizó fuerzas frente a la normativa
Los más activos del debate fueron los miembros de Toma la Plaza Morvedre, que tienen entre sus miembros a dos vecinos multados por anunciar uno de los actos del movimiento 15M, más concretamente por invitar a la ciudadanía a asistir a una asamblea en la que se hablaría de la última reforma constitucional.
El portavoz elegido para la ocasión por el movimiento en pro de una democracia real denunció que la ordenanza «fue vendida a los ciudadanos como panacea contra la limpieza y la delincuencia» pero en realidad se está usando «para criminalizar a los movimientos sociales».
En el manifiesto leído en el Pleno también se argumentaba que el Ayuntamiento «es el primero que rompe la ordenanza porque paga gente para poner carteles en las marquesinas de los autobuses», entre otros sitios. Y denunciaban que hechos como este demuestran que la ordenanza «se usa de forma arbitraria y con afán recaudatorio», y se considera vergonzoso, «atribruirse la representación del pueblo para amordazarlo».
El manifiesto también lamentó que sólo se pueda esperar de los gobernantes «paro y represión policial» y pidió expresamente que se derogue la normativa, retirando así las multas impuestas, puesto que entra en conflicto con lo que dice el artículo 20 de la Constitución Española.
Ximo Graña (Esquerra Republicana) ve «mala fe» en la Ordenanza
Durante el turno de palabra también intervino Ximo Graña, líder de la agrupación local de Esquerra Republicana, una formación que ha sido multada con 150 euros por que alguien, sin identificar, puso un afiche, de tamaño menor de un A4 en un poste municipal.
«Veo mala fe en esa acción, sé que es muy fuerte, pero somos el único partido que ha sido sancionado como tal, se ha denunciado a gente de partidos, pero a título particular nunca a la formación» ha asegurado Graña quien ha fundamentado su acusación recordando que según la normativa este tipo de carteles sólo se pueden poner «en los lugares habilitados para ello» que, simple y llanamente, nunca han sido habilitados por el consistorio. «Si la publcidad sólo se puede poner en lugares designados del Ayuntamiento y no existen ¿como puede sancionar? Si no ponen los lugares son ustedes los que están incumpliendo su ley» señaló Graña.
El líder de Esquerra Unida recordó que la política es «hacer cosas de la polis» o lo que es lo mismo «hacer ciudad» y por lo tanto considera que no se puede seguir manteniendo una reglamentación que penaliza a las formaciones que quieren llevar la política a la calle.
Agró fue multado por poner una pancarta en un edificio que no es del ayuntamiento
El último colectivo al sumarse a las quejas contra la Ordenanza fue Acció Ecologista Agró, quien recibió una multa por poner una pancarta en la llamada Casa Penya, que decía «Indignats i actius la crisis se acaba si tú vols». El portavoz de Agró transmitió a los concejales la estupefacción de sus compañeros al ver llegar la multa puesto que la Casa Penya no es propiedad municipal,si no de la CHJ, y, según aseguraba el portavoz, «no tenemos constancia que el propietario haya puesto ninguna denuncia, sino que nos han multado a instancia de la policía local de Sagunto y dictada por el Excelentísimo Alcalde Alfredo Castelló».
Para los miembros de Agró resulta ofensivo «que un acto de la organización haya sido censurado por una institución tan serio como el ayuntamiento», y recordó que en el artículo 20 de la Constitución se protege expresamente la expresión escrita que «El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» y en todo caso quien decida estos casos ha de ser el juez.
La PAH ve inconstitucional tener que pedir permiso para anunciar un acto
Rafael Garzó fue el encargado de mostrar el malestar por la ordenanza por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes también han sufrido sanciones de la una ordenanza que no dudó en calificar como una «herramienta de represión a la libertad de expresión en esta ciudad». «Según ustedes esta ordenanza era para limpiar de cacas de perros el pueblo, pero sólo se está usando para acabar con libertades que este pueblo consiguió tras el fin de la dictadura» denunció Garzó.
El portavoz también pidió «la retirada total de la ordenanza» al asegurar que «para ejercer un derecho recogido en la Constitución, como es el del artículo 20, no hay que pedir permiso como quiere el ayuntamiento».
Quejas vecinales
Pero no fueron sólo los miembros de los colectivos multados quienes mostraron su malestar, un vecino presente denunció textualmente «que se consiente que se empapele la ciudad con anuncios de un puticlub mientras se castiga a los partidos», y Primitivo Safont de la Asociación de Vecinos La Victoria afirmó: «Ya les dijimos que la ordenanza nueva era de cara a la galería, que lo que había que hacer era aplicar las leyes que ya existían. Ahora vemos que sólo se han dedicado a cerrar bocas, porque de cacas de los perros hay más que antes, las bicicletas van por las aceras, las terrazas de los bares no respetan la medidas de la ordenanza, y no hablemos ya de la delinquencia».
También intervino, a título particular, Juan Carlos Calomarde, columnista de este periódico, quien quiso preguntar al Alcalde como había quedado la denuncia que presentó un vecino, al poco de aprobarse la ordenanza, contra el partido Segregación Porteña, quien distribuyó unas hojas informativas por los coches, algo que contradice lo previsto en la ordenanza.
Calomarde recordó que SP señaló, en su web, que no infringían su ordenanza al ser «una hoja informativa y no publicidad comercial» algo que quería saber si había servido para levantarles la sanción, abriendo así la posibilidad a un precedente que exculpara al resto de afectados. Sin embargo la pregunta no obtuvo respuesta del Alcalde puesto que, sin el número de denuncia, no podía decirle como se había resuelto aquella incidencia.
Paco Villar se encargó de defender la normativa
Ante la avalancha de críticas tuvo que ser el actual concejal de Policía Loca, Paco Villar, quien saliera a defender la acción del cuerpo que dirige.
Villar aseguró textualmente que «La ordenanza nació para defender los derechos de los ciudadanos», algo que originó risas entre el público, y afirmó que había tomado la palabra puesto que «a lo mejor la ciudadanía no tiene 'acceso real' a la información».
Villar aseguró que ya hay un local, que no quiso citar, con cinco sanciones y una orden de limpieza, y anunció que hay «35 sanciones por situación de los carteles», defendiendo así que «El Ayuntamiento de Sagunto no entra al contenido, lo único que hace es la situación donde están colocados, es lo único que sanciona la ordenanza de convivencia».
Villar también cifró en 30 las sanciones por temas de animales y 23 denuncias por ruido, y se mostró conciliador al asegurar que la ordenanza no sólo tiene artículos que pueden modificarse sino que cualquiera puede pedir una reunión y exponer su problema.
El edil de Policía afirmó que el Ayuntamiento no quiere censurar a nadie, sin embargo, no quiso responder directamente a si se le iba a negar a nadie el permiso para poder anunciar sus actividades «se pide permiso y luego vemos lo que pasa, no podemos suponer lo que vamos a hacer».
El Pleno aún debate a estas horas las mociones sobre la derogación, o modificación de esta ordenanza.
