Portavoz municipal de EU
La motivación que alegan desde esta organización política es que el Ayuntamiento esta imponiendo una serie de sanciones y multas en nuestro municipio, «por el grave delito de utilizar una megafonía – recordar que muchos Ayuntamientos utilizan esta herramienta para convocar Plenos Municipales y leer bandos— colocar carteles anunciando un acto público o una reivindicación, cuando el propio Ayuntamiento ejerce esta práctica y no se ha autosancionado poner una pancarta o jugar en espacios públicos». Resaltan desde EU que «curiosamente» los sancionados son personas vinculadas a organizaciones sociales, políticas y sindicales con un especial compromiso social.
Añaden los ediles de izquierda que con motivo de la reforma constitucional una serie de organizaciones políticas, sociales y sindicales (CC.OO, EUPV, CGT, PCPV, ERPV, 15M, Plataforma de Afectados por la Hipoteca) deciden convocar una concentración para reivindicar un Referéndum . Y para difundir el llamamiento a la concentración utilizan una megafonía a las 12 de la mañana «siendo requerida por la Policía Municipal, la documentación a dos militantes de EU y del 15M y recibiendo posteriormente la sanción correspondiente, acogiéndose al artículo 72 de la Ordenanza de Convivencia». La multa es de 120 euros afirman.
El segundo caso de sanciones que enumeran desde EU se concreta en que miembros «de ERPV colocan unas octavillas en la subida al castillo. Pocos días después reciben una sanción de 150 euros».
El tercer caso, es Acció Ecologista Agró la entidad que recibe una multa por colocar una pancarta en la campaña “Indignats i actius, la cris s’ha acabat si tu vols” «Por lo visto la pancarta colocada en la Casa de Penya supone para el señor alcalde un grave delito, por la suciedad y molestias que ocasiona a la vecindad de la zona. La multa es de 150 euros». Y añade el portavoz del grupo, Fernando López Egea: «Por multar se ha llegado a multar a jóvenes por jugar en el campo de futbol 7 del polideportivo por no disponer de permiso».
A juicio de este concejal, dicha dinámica puede «llevar a multar y sancionar a las personas que colocan folios con su teléfono en busca de trabajo para poder comer, o a las personas que mendigan como último recurso. ¿Acaso hay que sancionar el hambre o el fracaso del sistema criminalizando a los sin techo? ¿Acaso hay que denunciar también a las personas que realizan la cuestación del Domund?».
Los ediles de EU preguntan si detrás de estas sanciones ¿Hay un afán recaudatorio? ¿Es una manera de control social? ¿Es realmente una manera pedagógica de crear conciencia social y colectiva sobre los bienes públicos?
En ese sentido López Egea recuerda que el articulo 20.1 de la Constitución Española reconoce y protege los derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Y en el artículo 20.2 expresa “que el ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura”. «Si esto es así, y teniendo en cuenta la historia de lucha de nuestro municipio, donde los panfletos, carteles y movilizaciones han formado parte de nuestra cultura ¿por que una ordenanza pretende limitar la expresión de organización y convocatoria de la sociedad civil? ¿Acaso se pretende volver a tiempos pasados de control de las manifestaciones públicas?» añade.
Prosigue el portavoz recordando que en el municipio de Sagunto, históricamente, se han llevado a cabo iniciativas públicas, políticas, festivas, cívicas, etc. «toleradas, cuando no, patrocinadas» oficialmente por las autoridades municipales. «Pero además, el espacio público ha sido, sobretodo, el escenario privilegiado para la expresión del descontento, donde los ciudadanos han podido interpelar críticamente a los gobernantes. Las manifestaciones contra la violencia de género, por el empleo digno y con derechos, reivindicando la construcción de nuevos colegios, por la gerencia pública, por el derecho a una vivienda digna, etc. son algunos ejemplos de esta larga tradición de rebeldía y contestación social».
Sin embargo, desde EU afirman que la Ordenanza de Convivencia Ciudadana establece una regulación «restrictiva» del espacio público y la participación política. Las expresiones de las oposiciones o «disidencias político-culturales de la ciudad, inherentes a su conflictividad urbana, son contempladas como peligrosas y merecedoras de vigilancia, y eventual prohibición». Consideran desde la organización de izquierda, que la ordenanza no hace una regulación de mínimos, estrictamente orientada a garantizar la preservación de las relaciones de convivencia, sino que «realiza una apuesta por una gestión policial» del espacio público. «Las libertades constitucionales de los ciudadanos quedan restringidas a prácticas administrativas, que no están, rígidamente, delimitadas por la ley, con el consiguiente control sobre el ejercicio de libertades constitucionales de la ciudadanía. Esto se puede traducir, en la práctica, en la prohibición de una cantidad innumerable de actos y actividades».
Insisten desde EU que la citada Ordenanza «otorga un poder y una responsabilidad atípicos a la policía ampliando su campo de acción hasta extremos difícilmente controlables». Por otra parte, consideran que esta situación se agrava porque el texto utiliza una técnica jurídica basada en conceptos «sancionadores demasiado abiertos y amplios, más propio de la dinámica policial y administrativa de otras épocas, que de un Estado de Derecho, en el que todo lo que no está prohibido está permitido, y el ciudadano lo tiene que saber de forma clara y precisa (principio de seguridad jurídica)».
Prosiguen destacando que la propia Ordenanza establece en el artículo 21 algo que el propio Ayuntamiento «incumple como es la habilitación de espacios expresos» para la colocación por parte los ciudadanos, fuerzas políticas y organizaciones sociales y sindicales de sus propias reivindicaciones y actos programados de cara a la ciudadanía. «La conciencia y responsabilidad colectiva no se adquiere con el garrote. La conciencia social y colectiva para la construcción de una sociedad mas humana y cívica se adquiere con pedagogía. Pretender que la gente cambie determinados hábitos sin previamente poner los medios a su alcance supone la utilización de medidas represivas para el aprendizaje tal y como hacia la vieja escuela», afirma Fernando L. Egea.
Otro de los ejemplos que ponen hace referencia a uso inadecuado de espacio público para juegos. Sancionar la práctica de determinados juegos sin haber creado las condiciones en los diferentes barrios del municipio para que se puedan practicar «como mínimo es indecente. Y es que la ordenanza contempla la posibilidad de sanción a jóvenes por jugar en espacios públicos».
El criterio de EU es que antes de aprobar Ordenanza alguna, es llevar a cabo las «inversiones necesarias» para acondicionar en los diferentes barrios del municipio, los espacios para carteles, juegos, etc. «Lo segundo, crear campañas de sensibilización ciudadana. En última instancia hablaríamos de las posibles sanciones». Y añade el portavoz de este grupo municipal, que “matar
moscas a cañonazos” «no suele ser una práctica muy operativa para conseguir el objetivo pretendido. Establecer mecanismos de coacción, sanción y recorte de derechos y libertades —recogidos en la propia Constitución Española— bajo el paraguas de una supuesta convivencia ciudadana esta provocando el efecto contrario, mayor conflicto social y una clara muestra de arbitrariedad».
Por último proponen desde EU la modificación de las prioridades y poner el énfasis en fenómenos como el mobbing inmobiliario, la especulación urbanística, la contaminación acústica, la polución del tráfico rodado o los problemas generados por el aumento incesante del paro, la subida indecente de las hipotecas, los desahucios, en la cantidad de viviendas vacías y la cantidad de gente que no tiene acceso a una vivienda y no en comportamientos individuales, propios de colectivos en situación de vulnerabilidad, que de hecho, no dejan de ser más que la manifestación de una serie de incumplimientos de derechos fundamentales, por parte de los poderes públicos. «En este sentido, se puede decir que la ordenanza inhibe de responsabilidad a los poderes públicos y privados, tanto en el origen como en la resolución, de ciertos problemas sociales. ¡No hay deberes sin derechos! Ningún derecho sin deber».
