Para José Luis Chover, portavoz del Grupo Municipal Socialista, «ya nos imaginábamos que algo olía mal en materia de basura y que la planta de Algímia serviría más que para prestar un servicio. Y no nos importa que el tratamiento de residuos sea rentable, lo que nos interesa que en medio de estas maniobras, no se encarezca injustificadamente la tasa que pagan los vecinos de Sagunto por este servicio, cuando, estamos convencidos, debería ser todo lo contrario».
Resalta este concejal del PSOE, que según lo aprobado por el Consorcio, las instalaciones recibirán basura de Valencia interior a un ritmo de 35.000 de toneladas al año. Algo para lo cual la planta no está preparada, según Chover, y mucho menos si se espera que esta sea una medida transitoria a la espera que se termine la de Llíria, dada la crítica situación económica de la Generalitat. «Sólo exigimos que se cumpla con lo votado por el pleno del 29 de julio del pasado año, donde todos los grupos, por unanimidad, incluido el PP, votamos que se traten solamente los residuos generados en los municipios que conforman su Área de Gestión, donde además se deja explícitamente aclarado la forma de operar que debe llevar esta planta en la recepción y tratamiento de residuos».
Opina el portavoz del PSOE, que actuando «bajo la sospecha de que detrás de la Planta de Algímia podría esconderse alguna otra maniobra, fruto de la pésima gestión que lleva adelante la Generalitat en materia de tratamiento de residuos, en el pleno ordinario de julio, presentamos una moción que exige cumplir principios básicos como el de autosuficiencia, de prevención y reducción de producción de residuos, el principio de proximidad –claramente incumplido según la información publicada—, el principio de subsidiariedad, y, fundamentalmente, el principio de responsabilidad y autosuficiencia en la producción, valoración y eliminación de residuos».
El problema está, a juicio del grupo socialista, en que el PP, allí donde administra y tiene poder de gestión y sobre todo la Generalitat, «nunca los cumple y hace todo lo contrario a lo que las normativas legales y ambientales exigen, pero siempre se aseguran la rentabilidad para bolsillos privados, en perjuicio de los vecinos que son los que tienen que pagar los costes de sus maniobras».
Para Chover, «Castelló tiene que hacer cumplir lo que se votó en el Pleno, no caben medias tintas. Nos da igual quienes dentro del consorcio opten por una opción u otra. Aquí hay una legislación vigente y no intereses en juego. Aquí hay un compromiso y unas exigencias medio ambientales que hay que cumplir y no solamente obtener ganancias. Aquí hay que cumplir la ley y para eso está o debe estar el alcalde».
Resalta este concejal del PSOE, que según lo aprobado por el Consorcio, las instalaciones recibirán basura de Valencia interior a un ritmo de 35.000 de toneladas al año. Algo para lo cual la planta no está preparada, según Chover, y mucho menos si se espera que esta sea una medida transitoria a la espera que se termine la de Llíria, dada la crítica situación económica de la Generalitat. «Sólo exigimos que se cumpla con lo votado por el pleno del 29 de julio del pasado año, donde todos los grupos, por unanimidad, incluido el PP, votamos que se traten solamente los residuos generados en los municipios que conforman su Área de Gestión, donde además se deja explícitamente aclarado la forma de operar que debe llevar esta planta en la recepción y tratamiento de residuos».
Opina el portavoz del PSOE, que actuando «bajo la sospecha de que detrás de la Planta de Algímia podría esconderse alguna otra maniobra, fruto de la pésima gestión que lleva adelante la Generalitat en materia de tratamiento de residuos, en el pleno ordinario de julio, presentamos una moción que exige cumplir principios básicos como el de autosuficiencia, de prevención y reducción de producción de residuos, el principio de proximidad –claramente incumplido según la información publicada—, el principio de subsidiariedad, y, fundamentalmente, el principio de responsabilidad y autosuficiencia en la producción, valoración y eliminación de residuos».
El problema está, a juicio del grupo socialista, en que el PP, allí donde administra y tiene poder de gestión y sobre todo la Generalitat, «nunca los cumple y hace todo lo contrario a lo que las normativas legales y ambientales exigen, pero siempre se aseguran la rentabilidad para bolsillos privados, en perjuicio de los vecinos que son los que tienen que pagar los costes de sus maniobras».
Para Chover, «Castelló tiene que hacer cumplir lo que se votó en el Pleno, no caben medias tintas. Nos da igual quienes dentro del consorcio opten por una opción u otra. Aquí hay una legislación vigente y no intereses en juego. Aquí hay un compromiso y unas exigencias medio ambientales que hay que cumplir y no solamente obtener ganancias. Aquí hay que cumplir la ley y para eso está o debe estar el alcalde».
