El Alser BM Puerto puso fin en Pamplona (23-26) a una racha de 6 meses sin ganar y lo hizo frente al mismo rival, el Amaya Sport San Antonio, al que había vencido hace medio año.

 

Además, este resultado prolonga una semana la vida rojiblanca en Asobal, ya que una derrota hubiera hecho matemático el descenso, y supone el primer triunfo en la máxima categoría para el entrenador Alberto Estornell.

 

El comienzo del encuentro no hacía presagiar este desenlace, ya que los navarros salieron a la pista más concentrados y se adelantaron 3-0. Sin embargo, la fluidez ofensiva rojiblanca fue imponiéndose en el partido y dos goles de Sorrentino dieron la primera ventaja a los visitantes (8-9, minuto 16).

 

Con Bruixola y Latorre a los mandos del Alser, los hombres de Estornell llegaron a despegarse antes del descanso, pero acabaron marchándose al vestuario un gol por delante.

 

La superioridad rojiblanca se hizo más evidente en la segunda mitad en los dos lados de la cancha. En esta ocasión no hubo bajón, así que los visitantes supieron jugar con el marcador a favor para obtener el primer triunfo de la segunda vuelta.

 

Las dos victorias consecutivas del Huesca obligan al Alser a puntuar el próximo sábado con motivo de la visita del Cuatro Rayas Valladolid para no estar matemáticamente descendido.

 

Por el Alser jugaron: Bruixola, Sorrentino (3), Sifré (3), Tarrasó (2), Fernández (1), Rodríguez (4), Chelu Cid, Rubén Ruiz (4), Moya, Stefanovic, Latorre (8), Berrios (1) y Nebot.

 

Parcial cada cinco minutos: 2-0, 5-5, 8-8, 9-12, 10-12, 11-12 (descanso), 12-16, 13-16, 15-19, 17-20, 19-23 y 23-26.

El Mar Sagunt se aseguró una plaza europea para la próxima temporada con su victoria en León por 26-27. Este triunfo, que se fraguó en la recta final, permite a las jugadoras de Susana Pareja mantenerse en la tercera posición y ser inalcanzables para el Mar Alicante, que son las que se quedarían sin competición internacional, cuando todavía restan dos jornadas de liga.
 
Las leonesas, que también afrontaban mermadas este choque, dominaron el marcador durante la gran mayoría de encuentro, con ventajas que alcanzaron los 7 goles (21-14, minuto 40).
 
Este lastre y el desgaste de las jugadoras, que acumulaban varias semanas sin descanso en cada partido y el largo viaje hasta León, no hacían presagiar el desenlace. Sin embargo, las visitantes creyeron en la victoria y aprovecharon las flaquezas del rival para acabar obteniendo un triunfo muy meritorio.
 
Patricia Alonso fue otra vez la máxima artillera del Mar Sagunt con 12 goles, mientras que Anabel Mateo y Alicia Fernández aportaron 4 dianas en cada caso.
 
Con el complicado objetivo de mantener la tercera posición liguera, las saguntinas se despidirán del René Marigil el próximo sábado, cuando reciban al Porriño en la penúltima jornada de la división de honor femenina. 
 El edil, Sergio Muniesa
El edil, Sergio Muniesa

El Ayuntamiento de Sagunto solicitará al Instituto Valenciano de la Música una subvención tanto para la programación anual estable como para la organización del festival de música sacra Sagunt in Excelsis. Este instituto ha convocado la concesión de subvenciones para la organización de festivales, concursos, proyectos musicales de carácter singular, programación musical anual estable de ayuntamientos y proyectos de producción musical que tengan lugar durante el año 2012.

Por otro lado, la misma Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato menor de servicios de digitalización de expedientes a la empresa Control Once por 7.000 euros para la digitalización de expedientes de actividades calificadas y de planeamiento urbano que por sus especiales características requieren servicios especializados. Este servicio permitirá complementar la actividad municipal en materia de gestión documental, tanto en los medios para producirla como en las herramientas para su almacenamiento y recuperación.

 

El portavoz municipal, el popular Sergio Muniesa, explicó que el año pasado ya se adquirió un sistema informático de gestión de archivo que facilita la organización integral del sistema documental y la gestión de la documentación una vez generada y archivada así como la aplicación de Biblioteca Digital, que facilita la conservación, distribución, recuperación y difusión por Internet del patrimonio documental de la ciudad.

Cada 1º de mayo los trabajadores y las trabajadoras celebramos en todo el mundo un homenaje a todas las personas que con su sacrificio y con su lucha colectiva, acumulada durante décadas, han ido logrando mejoras en nuestras condiciones de vida. A nadie se le escapa que este año el 1º de mayo tiene una extraordinaria relevancia, porque después del ataque a los derechos laborales y al derecho del trabajo que supuso la reforma laboral, este año, celebramos el Día Internacional del Trabajo con un ataque desmedido a nuestro ya maltrecho Estado de Bienestar.
Todas estas medidas de ajuste presupuestario se están adoptando cuando las condiciones de la economía española configuran un panorama muy delicado: elevada tasa de desempleo, disminución de las rentas salariales, menor gasto público, bloqueo del sistema crediticio y descontrol de precios, que están ocasionando en la ciudadanía una merma importante de sus condiciones de vida. Por eso esta es la jornada idónea para mostrar con claridad, a los gobiernos y al conjunto de la ciudadanía, cuál es la posición de la clase trabajadora ante la crisis económica y cómo de firme es nuestra disposición en la defensa de los intereses de nuestra clase en esta difícil coyuntura, frente a quienes quieren aprovecharla únicamente para sanear sus cuentas después de haberla provocado con malas gestiones.

Rechazamos las políticas económicas y sociales que se están adoptando, basadas exclusivamente en recortes significativos en las prestaciones sociales y los servicios públicos, y a las que hay que hacer frente con la movilización social, reclamando, para salir de la crisis, otras políticas de mayor equidad y equilibrio en el reparto de los ajustes. En este sentido, desde CCOO, manifestamos nuestro rechazo al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, así como al recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación aprobado por el Consejo de Ministros. Rechazamos abiertamente la aprobación de una amnistía fiscal que comporta el pago de un porcentaje muy inferior al tipo de gravamen ordinario porque supone un ataque ético muy grave que contrasta con la dureza que el Gobierno esgrime contra los derechos de los trabajadores  y el gasto social.
El Gobierno de España, no sólo está empeñado en debilitar el Estado de Bienestar y los servicios públicos, sino que también se está tomando mucho interés en cuestionar los derechos civiles y democráticos, así como en reforzar el poder coercitivo del Estado y la intensificación de la acción represiva ante la creciente respuesta social a las políticas del Gobierno.

Por eso, Comisiones Obreras, hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la manifestación convocada por los sindicatos y la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, el próximo 29 de abril en Valencia, contra el nuevo recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación aprobado por el Gobierno.

Así como, a participar en la manifestación este 1º de mayo, para reivindicar el fin de la sangría en el empleo, para exigir que la crisis no sirva de excusa y se relajen las condiciones de seguridad en las empresas, para reclamar políticas justas y solidarias que se orienten a generar empleo en condiciones dignas, para defender con firmeza los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras.

Begoña Cortijo Garnes es la secretaria general Intercomarcal de CC.OO. del Camp de Morvedre y Alto Palancia.
El 9 de mayo de 2006, por impulso político del PSOE, como así lo demuestra el documento interno de su Comité Federal, se intervinieron Afinsa y Fórum Filatélico, en las que miles de ciudadanos teníamos invertidos nuestros ahorros. La intervención fue  llevada a cabo a través del Ministerio de Economía y Hacienda, aduciendo un presunto fraude y captación de ahorro público de forma masiva. Con razón, y medio millón de razones,  teniendo presentes a  los miles de familiares y amigos fallecidos, y a los que debemos memoria y justicia,  vamos a seguir luchando hasta conseguir lo que un día se nos arrebató.

El Manifiesto de la Federación de Afectados Filatélicos de 2 de enero de 2012 describe, en líneas generales,  un aciago y triste discurrir de los hechos, algunos de los cuales, nos hemos permitido recoger para mejor ilustración de las ideas que a continuación se expresan.

Los poderes públicos con anterioridad a la  fecha de la intervención conocían, consentían y alentaban el negocio de los sellos. Conocían (25  y 27 años de antigüedad  de Afinsa y Fórum Filatélico, respectivamente), consentían (Pago de los impuestos de sociedades e IVA en Hacienda, inversiones en bolsa, obras de arte, patrocinio de equipos deportivos) y alentaban (Recomendación de inversiones en bienes tangibles desde publicación de la propia administración, entrega de premios y asistencia de personalidades públicas a eventos organizados por Afinsa y Fórum...). Los poderes públicos y, en su nombre, los políticos del PSOE vejaron y despreciaron a los afectados. El ministro Solves, la ministra Salgado y el ministro Blanco fueron los arietes en el desprecio y el insulto, para ello contaron  con la colaboración de partidos que  se vendieron por “un plato de lentejas”, como el PNV, Coalición Canaria, CIU. Seis años  más tarde, el Sr. Solbes es Consejero Delegado de Barclays Bank en España (se le pagan favores prestados), el Sr. Blanco es un presunto corrupto, al estar acusado del cobro de comisiones por adjudicación de obras y la Sra. Salgado, nos ha llevado al abismo económico en el que se ve sumido el Estado español. Los que insultaban ayer a honrados ciudadanos, se retratan hoy, dejando sus vergüenzas y corrupción al desnudo.

El Partido Popular, en el año 2008, ofreció una solución completa y global a los afectados, quedando plasmado en dos misivas dirigidas a los afectados firmadas por los Sres. Arias Cañete y el mismo Mariano Rajoy, además de incluir dicha solución global en su Programa Electoral. Esta disposición de ayuda se generalizó poniéndose de manifiesto en  Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.

De otro lado, hemos venido comprobando cómo en los Tribunales hay sentencias contradictorias, siempre perjudicando a los afectados. La jurisdicción mercantil califica a Afinsa y Fórum Filatélico como financieras (captación de ahorro público). En la Jurisdicción contencioso-administrativo, la calificación es mercantil, por lo que no cabe la responsabilidad patrimonial en del Estado. Y en la jurisdicción penal, se observa un autentico escarnio, escándalo y bochorno. Todas las iniciativas que han ido proponiéndose a sus señorías (Juez Pedraza, Juez Garzón y Juez Ruz) han sido desechadas: entrevistas de un grupo de afectados para  exponerles la situación de los afectados, investigación de aquellos clientes que en fechas anteriores a la intervención retiraron fondos  superiores a 150.000 euros  y una supuesta información privilegiada de los mismos... Lo más grave es que cuando han transcurrido estos 6 años desde la intervención, la jurisdicción penal está en fase de instrucción sin que se pueda predecir cuándo se celebrarán los juicios penales. 

El pasado 10 de marzo tuvo lugar en Madrid una reunión de asociaciones y federaciones de afectados de Afinsa y Fórum Filatélico que concluyó con la auto exigencia  de una mayor colaboración mutua, máxime  ahora que gobierna el Partido Popular, que siempre se ha manifestado partidario  de buscar una solución, aún cuando hasta el momento presente  no se ha traducido en nada en la práctica. Diremos, también que, según reza  un comunicado de la Federación Nacional de Plataformas Blancas, se ha solicitado un aplazamiento en la devolución de los anticipos a los afectados por el ICO.

Los poderes públicos, que deben velar por la seguridad jurídica y bienestar de los ciudadanos, hasta ahora han  hecho todo lo contrario, privando de sus bienes de forma arbitraria a medio millón de familias y sin que la justicia auxilie al ciudadano, bien al contrario, es confusa (sentencias contradictorias en jurisdiciones distintas) y, más que lenta, paralítica en los ámbitos mercantil y penal. Incluso, al Informe del Defensor del Pueblo de Diciembre de 2006, en la que se instaba a los poderes públicos a dar una solución se hizo caso omiso.
Por todo ello, y como consecuencia de la no justicia y arbitrariedad en la sustracción de nuestros bienes, se impone el manifestar que  el  Estado español  está incumpliendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 17 establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente” “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Esta declaración está firmada por el Estado español y exigimos su cumplimiento.
Hoy, aquí, se lo recordamos a unos y a otros. No vale la excusa de la crisis, porque medio millón de familias en el Estado ya  llevamos 6 años en crisis. Exigimos una solución práctica y eficaz al Estado español. Y ante todo ello... ¡Acción directa, social y colectiva.

Francisco Reyes y BenjamÍn Ordaz
Parece que Alfredo Castelló tiene una apretada agenda repleta de reuniones, entre las que destacan las que mantendrá con el presidente de ADIF (RENFE) y ex conseller de la Generalidad, Enrique Verdeguer. A esta reunión lleva los temas del Corredor Mediterráneo, el acceso ferroviario de ancho europeo al puerto comercial, la conexión de mercancías con Zaragoza y el Norte de España y, como no, el tema estrella y no menos utópico tema del cubrimiento de las vías del AVE a su paso por Sagunto. Temas estos entre otros que fueron debatidos y aprobados en Pleno municipal, por lo que el alcalde cuenta además de con un mandato plenario y un importante apoyo.
Sin embargo, de otros acuerdos plenarios, de notable calado económico y social el alcalde  se “olvida” una vez más, dejando pasar una magnífica oportunidad para comenzar un proyecto infinitamente menos costoso que los anteriormente mencionados y no menos importante. Nos referimos a la llegada del tren-tranvía hasta El Puerto y que fue aprobado por unanimidad durante el pasado mes de marzo.
El tren-tram o tren-tranvía es un vehículo derivado del tranvía capaz de ejecutar varias rutas. La doble capacidad de voltaje del tren-tram le permite el acceso a las infraestructuras de ferrocarriles y tranvías, puede funcionar dentro de las normas ferroviarias y pasar a un funcionamiento en modo tranvía al entrar en una ciudad. Todos los sistemas de alimentación y señalización ferroviaria actuales, incluso en configuraciones «híbridas» con motores diésel, pueden ser incorporadas a este sistema, el cual permite al tranvía en el centro de la ciudad discurrir a velocidades menores de 70 km/h y en la red ferroviaria regional a velocidades máximas de unos 100 km/h para conectar sin problemas a estaciones situadas más allá de áreas periurbanas.
En España está en construcción el de la Bahía de Cádiz, en funcionamiento el Euskotran del País Vasco y muy cerquita de aquí,  el Tram Metropolitano de Alicante.
Recordemos que disponemos de una reserva ferroviaria perfectamente integrada urbanísticamente en el Borde Sur,  que pasa por la misma puerta de los Alucine o el Museo Industrial y se queda a escasísimos metros de nuestra magnífica playa.
 Y esto es precisamente lo aprobado por el Pleno municipal, una comunicación o servicio ferroviario de pasajeros para todos porteños y nuestros visitantes, que nos conecte con el resto de la red férrea viaria.
Ha llegado el momento que el gobierno municipal tome cartas de una vez por todas en este asunto y asuma su responsabilidad para con los ciudadanos porteños, una cuestión de voluntad política.  

Sergio Paz es concejal del grupo municipal  de Segregación Porteña en el Ayuntamiento de Sagunto.

Amparo Aguilar
Amparo Aguilar
Informan desde la Ejecutiva Intercomarcal de Comisiones Obreras, que tras las reuniones mantenidas en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para el Empleo y Protección Social Agrarios (AEPSA), para abordar los fondos para los Planes de Empleo Agrario para el año 2012, el Servicio Público de Empleo Estatal ha recogido en su presupuesto la partida de 216,1 millones de euros, de los que 7.679.007,53 euros se destinan a la Comunidad Valenciana, que a su vez los  distribuye en Alicante:1.622.574,29; Castellón: 1.307.734,98 y Valencia: 4.748.698,26 euros, «consolidando con ello la subida del 3% que se acordó con CC.OO. y UGT en el año 2011. Ello significa que hay los mismos recursos para los Planes de Empleo Agrarios para el presente año 2012», informa Amparo Aguilar, responsable del sector Agrario de CC.OO. en la comarca.

Desde Comisiones consideran que los fondos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa son insuficientes, «sobre todo si tenemos en cuenta la situación de desempleo en el sector agrario derivado sobre todo de las heladas, que ha hecho que la campaña citrícola acabe antes de lo previsto,  y la sequía  que han mermado el empleo en el agro, precisamente en estas zonas donde se aplican estos Planes de Empleo» remarca Aguilar.

Este sindicato, ha propuesto una subida del 2,4% de los fondos sobre la partida final destinada para 2011, considerando razonable la propuesta de la subida planteada dada la situación de pérdida de jornadas trabajadas descrita anteriormente.
Ante la situación excepcional del sector agrario motivada por las heladas y la sequía, CC.OO. ha planteado la habilitación de Fondos adicionales  y otras iniciativas que ya se han adoptado en situaciones similares desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Así mismo, se ha acordado que se convoquen  urgentemente las diferentes Comisiones Regionales, provinciales y los Consejos Comarcales, (Sagunto está en uno de ellos), «para la puesta en marcha inmediata de los planes de empleo y la contratación de personas trabajadoras para paliar la situación de desempleo agrario, que este año se está retrasando inexplicablemente» concluye Aguilar.
 Los ediles de EU en la rueda de prensa
Los ediles de EU en la rueda de prensa
El Grupo Municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto, comparecieron ayer en rueda de prensa, para comunicar su «preocupación por la avalancha de recortes sociales que se están produciendo en el ámbito estatal y que también llega a los ayuntamientos».

En ese sentido, el portavoz municipal del grupo, Fernando López Egea, señalaba como el Gobierno saguntino del Partido Popular «va metiendo la tijera Pleno tras Pleno y saca adelante sus iniciativas, consiguiendo apoyos entre el resto de grupos municipales, pero no con el voto de EU, porque nos oponemos frontalmente a cualquier  tipo de recorte  y a cualquier proceso de privatización que se está llevando en el Consistorio saguntino».

Sostiene este edil de izquierda que se aprueban medidas y ordenanzas municipales que dificultan el acceso de las personas, que menos recursos tienen, a las ayudas de Servicios Sociales. Así como la privatización de la gestión de la Escola d’Estiu, que supondrá, a juicio de López Egea, el deterioro  de las condiciones laborales de los trabajadores. «Admitió públicamente en el pleno, la edil del PP Davinia Bono que se iba a reducir la jornada y por ende los salarios, y a pesar que se encarece  la matrícula un 12% para los escolares, no se garantiza la calidad del servicio y estamos hablando de escolares de 3 a 11 años». 

La privatización de la gestión de la Escola d’Estiu  la sacó adelante el PP «con la complicidad de otras fuerzas políticas, la abstención del Bloc y de SP», concreta. El Gobierno que preside Castelló planteó en el último pleno privatizar la gestión y explotación de dos espacios arqueológicos, La Moreria y la Casa dels Peixos. «Se quieren desprender absolutamente de todo y en  este caso el PP recibe el apoyo del Bloc para sacar adelante otra privatización de un nuevo servicio», afirma el dirigente de EU quien advierte que también se privatizará el programa Campus Delfín, como la Escola d’Estiu.

Plan de Ajuste
Pero lo más grave, a juicio de esta formación  de izquierda, es el apoyo que se le ha dado al plan de ajuste municipal. Sostiene López Egea, que  el plan de ajuste  es la prolongación a nivel municipal de una serie de políticas antisociales que está aplicando el PP en el ámbito estatal. «Quieren reducir  el déficit público a costa de que la gente pierda su vivienda, su empleo etc.  Recortes en sanidad, en educación, etc.  como viene haciendo el Consejo de Ministros todos los viernes».  
En opinión del portavoz de EU, esa filosofía de recortes de aumento de los impuestos, las tasas, precios públicos, a los trabajadores, pensionistas a las personas dependientes, «también salió adelante con el voto en contra solo de EU».

En este contexto de política municipal, el grupo municipal de EU izquierda critica el discurso «incendiario y pretendidamente progresista contra el PP, de algunas fuerzas políticas del arco municipal que también plantean la necesidad de establecer determinadas alianzas, cuando en el día a día, de los plenos municipales, votan a favor de privatizaciones, recortes, plan de ajuste, etc.» afirma el portavoz.

 Finalmente López Egea concluye esta cuestión subrayando que se van a seguir oponiendo a los recortes sociales que se están produciendo y que no van a apoyar que se lleven procesos de privatización. «Porque no vamos a apoyar una filosofía que preconiza acabar con el  Estado del bienestar y con la administración pública».

Las trabajadoras asistirán
al debate
EU preguntará en Les Corts sobre las gestiones que  realiza la Consellería para garantizar el estricto cumplimiento del contracto de adjudicación del servicio integral de la Residencia PMD y Centro de Día de Puerto de Sagunto.
Se produce esta iniciativa por la situación de incumplimiento sistemático y reiterativo de la UTE (Fundación Salud y Comunidad y Valoración Servicios a la Dependencia, S.L) para dar cumplimiento al contrato de adjudicación del servicio Integral de la Residencia citada con estricta sujeción a las característica que figuraban en el pliego de prescripciones técnicas, tal y como ha dictado tanto la sentencia del 26 de julio de 2010 el juzgado de lo social como el posterior dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJSCV) que ratificó en los mismos términos, señalan desde EU.

Estos hechos se remonta al año 2010, cuando la UTE se hizo cargo de la gestión de la residencia despidiendo a dos cocineras y una enfermera alegando motivos económicos. Dicha decisión incumplía el convenio colectivo y el contrato de adjudicación .
Con motivo de las demandas y reivindicaciones de la plantilla, el Comité de Empresa y CC.OO, el Grupo Municipal de EU en el Ayuntamiento de Sagunto, presentó una moción aprobada por el Pleno Municipal.

Así mismo la Coordinadora General de Esquerra Unida y Portavoz en la Cortes Valencianas, Marga Sanz, mantuvo con el Comité de Empresa, la secretaria comarcal de CC.OO Begoña Cortijo y el Portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida, Fernando López-Egea, una reunión para analizar la situación, respaldar a las trabajadoras y encauzar iniciativas institucionales.
La pregunta registrada en Cortes de Marga Sanz, será contestada en las próximas semanas, hecho que ha permitido que Esquerra Unida haya extendido la invitación a la presencia física de las trabajadoras y Comité de Empresa a su debate en Cortes.
El alcalde de Sagunto
El alcalde de Sagunto
El alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, no ha dudado en responsabilizar al anterior Gobierno de España de la parálisis de los proyectos de Sagunto. Este recurso, que es otra variable de la socorrida ‘herencia recibida’, lo empleó sin paliativos la primera autoridad local el pasado día 25, en el transcurso de la rueda de prensa que ofreció conjuntamente con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León. El alcalde afirmó, en esta comparecencia, que: «durante mucho tiempo hemos tenido que trabajar con gente remando en contra o estando quietos,  ahora existe una modificación sustancial: tener a la Delegación del Gobierno como puente hacia el Gobierno de la nación es muy sustancial, muy importante y un cambio radical con la situación anterior».

A pesar de que en el Ayuntamiento de Sagunto, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de la nación impera el mismo color político, y, por tanto, existe una excelente sintonía, Castelló se muestra muy prudente y no lanza las campanas al vuelo. Espera que, pese a tenerlo todo a favor, en los próximos 3 años se pueda llegar a desbloquear algún asunto: «a ver si en esta legislatura podemos desa­tascar cosas que son muy importantes y que durante los últimos ocho años han sido precedidas, aparcadas o boicoteadas en algún caso. Si para este ejercicio no llegamos a tiempo seguiremos insistiendo, para lograr que esa dinámica cambie».

Dado que el pasado 19 de abril vino a Sagunto el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, para denunciar la pobre presencia de Sagunto en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 (PGE), hecho que el parlamentario nacionalista asoció a la escasa posición de poder del PP valenciano en las Cortes Generales,  Alfredo Castelló, ante un dato objetivo tan irrefutable como el señalado por Baldoví, eludió, como pudo, el pesimismo, destacando la posibilidad de incidir y modificar en el curso del desarrollo de las cuentas nacionales de este ejercicio: «los Presupuestos Generales del Estado —dijo— marcan las inversiones del Gobierno de España en cada uno de los territorios, con partidas concretas o con partidas genéricas de donde se van sacando inversiones. Y que de los proyectos que he hablado algunos de ellos no tienen ningún tipo de consignación presupuestaria, otros tienen una parte y se irán llevando a cabo, lo que pretendemos es hacer un trabajo constante, serio y riguroso, intentando demostrar a la administración del Estado que lo que proponemos no es una barbaridad».

Edificar en el malecón
La oposición frontal al proyecto de Costas, que contemplaba una gran zona verde en el Malecón de Sierra Menera, fue defendida por aquellos que, al mismo tiempo, mantenían contactos con los actualmente propietarios de estos terrenos, de cara a buscar otra salida para un suelo tan próximo al mar.

 Este es uno de los asuntos que el alcalde tratará próximamente con la nueva administración nacional del área del ministro Arias Cañete. Para el PP local el malecón tiene que estar destinado a la edificación, aunque con matices, según explicó Castelló: «Si el Ayuntamiento llegara a algún acuerdo con los propietarios del malecón, [con los que ya ha mantenido varias reuniones], eso no significaría que se pueda edificar 70.000 metros cuadrados. El acuerdo consistiría en que habría una zona edificable, una zona de equipamientos públicos, y otra zona donde discurrieran las infraestructuras».

Cuando el alcalde explica que en los 70.000 metros cuadrados de los campos de Menera no se va a construir en toda su superficie, está aclarando que no se trata de edificación horizontal, que requeriría ocupar toda la parcela para atender las exigencias de la propiedad, sino de torres de pisos, probablemente las más altas que se hayan construido en el núcleo porteño. En este sentido cabe recordar que los actuales propietarios de este suelo cifraban el pasado diciembre en 95.000 metros cuadrados de techo sus derechos urbanísticos.

El coeficiente del aprovechamiento urbanístico que reclama la propiedad es de 1,26, por ser similar al del entorno. Esto significa que, por cada metro de suelo, les correspondería 1,26 metros de techo, lo cual representa, los 95.000 m2. Esta superficie daría de sí para poder construir alrededor de 860 viviendas de 100 m2, Aunque los propietarios abogaban por no poner todos los huevos en el mismo cesto, repartiendo estos derechos edificatorios en distintas modalidades, esto es: una parte a residencial y el resto para uso terciario, hotel o centro comercial

Línea marítimo terrestre
La modificación de la línea marítimo terrestre, es otro asunto que ahora, con la nueva administración, si podrá llevarse a cabo, pues, además, no supone ninguna clase de inversión por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es del departamento que depende esta competencia. De hecho, esta es una cuestión que la primera autoridad local espera tratar próximamente en Madrid ante la Dirección General de Costas.

El equipo de Gobierno popular, que de forma ininterrumpida gestiona la ciudad desde mediados de 2007, tenía tan claro que el futuro del malecón de Sierra Menera pasaba por edificar en él, que, cuando planteó a Costas el traslado de la línea marítimo terrestre, mucho antes de que existiera una sentencia firme sobre la citada parcela, ya tuvo en cuenta esta cuestión, con el fin, obviamente, de no interferir en el futuro desarrollo urbanístico del proyecto del malecón. En este sentido resaltaba Castelló que: «la modificación de la línea marítimo-terrestre no afectará en nada al malecón de Menera, porque la propuesta que ha realizado la Junta de Gobierno a Costas fue previa a que saliera la sentencia sobre el malecón y, como tenemos mucho sentido común, lo que hicimos es llevar nuestra propuesta de modificación hasta la esquina del Bar Lonja. Como estaba pendiente que saliera una propuesta para qué íbamos a proponer una línea marítimo terrestre que con la sentencia a favor o en contra íbamos a tener que parar ahí».
El conflicto entre profesorado y Generalitat está a punto de pasar al siguiente nivel con la convocatoria de una huelga que, de no producirse ningún avance en las negociaciones entre las partes, paralizará los centros educativos públicos  a partir del próximo 16 de mayo.

La medida fue tomada tras una consulta a 600 centros educativos de la Comunitat Valenciana y en la que, según se asegura desde los cinco sindicatos convocantes, han participado 20.000 profesores. El resultado de todas las opciones propuestas acabó decantándose por suspender las clases todos los miércoles y jueves del mes, a partir del 16 de mayo a menos que la Conselleria llegue por fin a un acuerdo con ellos. En la circular enviada a los profesores se habla de al menos seis convocatorias de huelga para mayo, y se abre la posibilidad a  nuevos paros en junio. Sin embargo fuentes síndicales hablan ya claramente de apostar por el paro indefinido, que llevaría no sólo hasta finales de curso la huelga, sino incluso al principio del próximo curso académico 2012-2013.

Los paros vendrán acompañados de una campaña de manifestaciones que comenzarán con una gran movilización el día 16 en Valencia y se complementará con concentraciones en las delegaciones provinciales de enseñanza el día 17.
Con esta medida los profesores pretenden forzar a la Generalitat a negociar con ellos, algo en lo que según su versión el gobierno autonómico no ha mostrado ningún interés, y dejar de, en palabras textuales de los convocantes, «decir falsedades sobre la actividad del profesorado valenciano». Para el  profesorado es esta falta de negociación la que les ha llevado a tomar esta extrema medida, y trasladan toda la presión al gobierno autonómico de Alberto Fabra, y especialmente a su Conselleria de Educación, asegurando que son ellos quienes tienen «en  sus manos, la posibilidad real de evitar que continúe la conflictividad en el sistema educativo valenciano».

Referéndum
para el Día 10
Antes de la extrema paralización de centros, que según recuerdan desde el profesorado aún puede salvarse, los profesores realizarán varias acciones de protesta coincidiendo con el inicio del mes de mayo.
Primero serán las concentraciones protestas, que seguirán celebrándose los jueves. De esta manera el mismo día 3, a las 12 del mediodía, los profesores volverán a salir a la puerta de los centros  para reclamar una educación digna para los jóvenes valencianos. 

Pero más importante será el referéndum del 10 de mayo, que se celebrará conjuntamente en los centros los centros de trabajo de la función pública valenciana, incluídos los hospitales y ambulatorios. El referéndum, que se han comprometido a respetar los sindicatos, somete  a votación el último borrador de recortes en los derechos y condiciones laborales de los funcionarios. Según la versión de los sindicatos, se les ha remitido un borrador que mejora algo, pero en su opinión, no lo suficiente la propuesta inicial, pero en vez de rechazarla dejarán que sean los propios trabajadores, a quienes han enviado el texto de la propuesta, quienes deciden si se sigue peleando por la mejora o se aceptan las condiciones.
Vicente Lorenzo, uno de los responsables del área educativa de Comisiones Obreras, ha desvelado que la idea de este referéndum no ha gustado en la Generalitat Valenciana y denuncia que «no se nos va a ceder ni las urnas, ni el uso de las instalaciones, con lo que tendremos que realizar la consulta en plena calle».

Desde el profesorado, en todo caso, se insiste en que su intención última es conseguir una negociación real, de tú a tú, con las autoridades políticas, y recuerdan que  han solicitado una entrevista con la Consellera de Educación, María José Catalá, para pedirle que ponga fin a recortes en la enseñanza y no aplique las medidas del Real Decreto Ley aprobadas por el Consejo de Ministros. Una reunión para la que, según denuncian, siguen esperando respuesta.

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