En el año 92, fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sagunto. Al igual que en anteriores ocasiones, los gestores de aquella época pusieron todo su entusiasmo en lanzar un planeamiento destinado a la unión física de El Puerto y Sagunto. Pero con esa ilusión se olvidaron de lo más importante, que era realizar un proyecto de futuro que fuera sostenible. Así las cosas PP, PSOE y EU, aprobaron un Plan General diseñado bajo directrices políticas, y los resultados como se puede comprobar, han sido nefastos para Sagunto, para El Puerto y tal como estamos viendo para las arcas municipales.

Cuando se lanza un nuevo proyecto de ciudad, hay que manejar muchas variables. Lo primero es pensar bien cuanto suelo se programa como urbanizable, cuanto se queda en reserva y el resto que se deja como suelo no urbanizable. Hay que pensar en las dotaciones administrativas, educativas y sanitarias que serán necesarias para atender a la población que residirá en esas nuevas zonas a urbanizar. Y muy importante, hay que trazar dentro de ese Plan, la forma de adquirir los solares donde irán los edificios que albergarán esas dotaciones. A esos solares se les llama dotacionales.

La forma de adquirir ese suelo sin que suponga una carga económica excesiva para el Municipio, consiste en adscribir su adquisición a unidades de ejecución o PAI’s. Es decir, cuando se ejecuta una nueva urbanización, los propietarios del suelo donde se ubica, están obligados a ceder suelo en el ámbito de ejecución y además, están obligados a ceder el equivalente a un 20% de la superficie del PAI, allá donde le indique el Plan General. Aunque se puede matizar pongamos un ejemplo: Si la zona a urbanizar tiene una superficie de 100.000 m2, se le pueden adscribir 20.000 m2 en otra zona del Municipio. De esta manera, puedes adquirir fuera del área a urbanizar otros solares que no están dentro de ninguna de las unidades de ejecución.

Los que planearon el PGOU del 92, destinaron todos sus esfuerzos a la unión de Sagunto y El Puerto. Por ello, todas esas adscripciones se las destinaron a solares que se encuentran ubicados entre ambos pueblos. Así que nuestro Municipio tiene casi 350.000 m2 en esa zona, de la que le falta por adquirir la mitad de la superficie. Ustedes lo podrán identificar, entre el polígono Sepes y el vial que une ambas poblaciones, justo detrás del instituto Camp de Morvedre. Un verdadero erial en el que planteaban hacer un nuevo Ayuntamiento, la ciudad de la justicia, los nuevos edificios de hacienda, seguridad social y además una gran zona verde de más de 200.000 m2. Claro está, lo que no dice el plan general es como se iba a pagar esa tremenda urbanización, que a los precios actuales costaría en torno a 50 millones de euros, más el coste de los edificios.

Sin embargo, continuando con la sinrazón, dejaron sin adscribir a alguna unidad de actuación o PAI, solares como el que está junto a la rotonda de las barcas destinado a dotación escolar con 15.000 m2 de superficie, o el del Sistema General 30 que está junto a la cooperativa San Francisco de Borja, destinado según el PGOU a zona deportiva y que tiene  28.000 m2, o el recientemente indemnizado del Borde Sur que nos ha costado mas de tres millones y medio de euros. Que decir del Malecón de Menera por el que piden cien millones de euros o la Plaza Ángel Perales que nos ha costado más de cinco millones de euros.

Pues verán ustedes, si ese PGOU se hubiera diseñado con criterios de neutralidad política y sostenibilidad económica, en estos momentos en lugar de contar con 350.000 m2 en ese erial entre los dos pueblos, en lugar de haber gastado un montón de millones en adquirir por expropiación otros solares que se encuentran dentro de los núcleos urbanos, en lugar de estar ahora mismo pendientes de posibles pagos de millones de euros para expropiar de forma obligatoria, en lugar de tanto despropósito, se podían haber adquirido dentro de la trama urbana a coste cero, todos esos solares que ahora mismo están lastrando las cuentas municipales.

Un buen ejemplo de ello, es lo ocurrido con el solar dotacional que está junto a la rotonda de las barcas. Ese espacio iba destinado íntegramente a usos escolares. Sin embargo, dado que se tenía que adquirir por expropiación y que desde el año 92, nadie lo había intentado, con lo que su coste se había disparado, el equipo de gobierno de la legislatura 2003 -2007( PSOE –BLOC y EU), decidió pagarlo permitiendo la construcción de torres de 10 alturas en una parte del mismo. Es decir, un 20% de ese solar iba a ser ocupado por edificios y el resto quedaba para el Ayuntamiento. Un auténtico pelotazo urbanístico. Ante esa situación, desde SP mostramos nuestro rechazo, puesto que en una zona en la que ya existe una gran masificación de viviendas, el tripartito pretendía construir casi 400 viviendas más.

Fíjense ustedes que a SP se le ha criticado por subir la densidad de viviendas en el SUP 2, concretamente hasta 60 viviendas por hectárea. Pues esos mismos que nos han criticado tan duramente por “masificar” según ellos, resulta que  pretendían construir cientos de viviendas en una zona en la que la densidad ya supera las 150 viviendas por hectárea. Por eso, durante la legislatura 2007 -2011, desde SP intentamos parar esa barbaridad. Para ello, tomamos la decisión de aceptar la apertura de un nuevo proyecto de urbanización,  concretamente el Borde Norte, para intentar conseguir entre otras mejoras, ese solar a coste cero para el Ayuntamiento mediante la adscripción, tal y como he explicado.

El Borde Norte no se llegó a aprobar definitivamente. Pero no fue por la oposición de los propietarios, esa es una versión totalmente falsa, puesto que se alcanzó un acuerdo con ellos. El problema surgió porque antes de la aprobación definitiva, desde la Generalitat Valenciana publicaron un decreto que impedía que se edificara en suelo con la calificación de no urbanizable a menos de 500 m2 de la zona marítima. Según el Jefe de Urbanismo con este decreto, existía inseguridad jurídica para llevar adelante el Borde Norte. Desde SP insistimos en que la palabra «inseguridad» no equivalía a «imposibilidad», por lo que exigimos que antes de cargarse el PAI, se pidiera una aclaración a Consellería. Sin embargo, esa aclaración nunca se pidió y el Borde Norte paso a mejor vida, y con el la solución que se le había dado a ese solar escolar.

Mientras se realizaba la tramitación del Borde Norte,  el anterior proyecto que había aprobado el tripartito, que se había quedado en la recámara por si el Borde Norte no era aprobado, caducó a pesar del preaviso de la Generalitat Valenciana.  Así las cosas, con el expediente caducado, el Pleno municipal con el voto en contra de Segregación Porteña, aprobó nuevamente la construcción en parte de ese solar, con el objeto de pagar a sus dueños con derechos urbanísticos. No obstante, los propietarios cansados de esperar una solución, ya habían emprendido el camino de los tribunales. Francamente SP hizo lo correcto. No intentar evitar la construcción de edificios en ese solar si que habría supuesto aprobar una auténtica pifia urbanística.