Esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Sagunto la Comisión Municipal de Urbanismo, donde se ha dado cuenta a los grupos políticos de la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al municipio a expropiar el solar situado detrás de Ciudadmar por un importe de 3,8 millones de euros, más los correspondientes intereses, que, en total, sitúan la cifra en cerca de 5 millones de euros. Como ya informó ayer este periódico, el alcalde de la ciudad, Francesc Fernández, ofreció una rueda de prensa en la que informaba de los pormenores de este fallo judicial y responsabilizada de lo ocurrido al Partido Popular e Iniciativa Porteña, que dejaron caducar la tramitación, ante la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, del expediente que contemplaba el acuerdo alcanzado entre la propiedad y el Ayuntamiento de Sagunto en la legislatura del tripartito de progreso, cuando presidía la Corporación la socialista Gloria Calero.
Tras finalizar esta reunión de la Comisión de Urbanismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Crispín, ha realizado una valoración sobre este pronunciamiento judicial firme. En primer lugar, Crispín ha indicado que el alcalde de la ciudad continúa en su habitual línea de «colocarse medallas». Asimismo ha calificado de «poco elegante» que ofreciera la rueda de prensa sin informar previamente en Junta de Portavoces y, especialmente, sin contar con el PSOE, que, según ha dicho, jugó un papel fundamental en la negociación con los propietarios: «en la legislatura 2003 – 2007, cuando presidía la Corporación municipal Gloria Calero y José Luis Chover era el hombre fuerte de ese Gobierno tripartito, se llevó a cabo la negociación con la propiedad, que dio como resultado que el Ayuntamiento obtuviera la mayor parte del terreno a coste cero. Aunque el actual alcalde era entonces concejal de Urbanismo, el papel de José Luis Chover fue decisivo en aquella negociación, por eso me parece poco elegante que el Fernández aparezca en la rueda de prensa con un Guillermo Sampedro que no ha tenido ninguna participación en este asunto y no haya contado con el PSOE, que en aquel momento participó activamente en la búsqueda de la solución. Al señor alcalde actúa siempre de la misma forma, quiere ser el muerto en el entierro, el niño en el bautizo y la novia en la boda».
Más adelante, Crispín ha responsabilizado a PP e IP de que el Ayuntamiento tenga que afrontar este revés judicial: «el acuerdo al que llegó el equipo de Gobierno tripartito con la propiedad, se lo cargaron posteriormente el PP e IP con esa ocurrencia del Borde Norte que tuvieron los populares y segregacionistas, ocurrencia que le va a costar cinco millones de euros al Ayuntamiento de Sagunto, o sea, a todos los ciudadanos».
