El Grupo Municipal Socialista con el objeto de hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura, propondrá al Pleno el Ayuntamiento de Sagunto la adopción de los siguientes: Instar al Gobierno de España para que los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para la adquisición y renovación de fondos por parte de las bibliotecas públicas y asuman una partida específica suficiente para ayudar a sufragar el Canon por préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas municipales (y autonómicas en el momento de su absorción) y que esta partida cubra la totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 habitantes.
Además a crear un partida específica en los PGE 2015 para colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos, hemerotecas, fonotecas o filmotecas, de titularidad pública, de las entidades de carácter cultural, científico o educativo que así se reconozcan.
Por otro lado, instar al Gobierno central, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura, a revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por el anterior Gobierno socialista.
Y por último instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un plan de impulso y apoyo a las bibliotecas públicas en pequeños municipios en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Para hacer estas propuestas los concejales socialistas se apoyan en el principio de que los «poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los autores por el producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al acceso a la Cultura a todos los ciudadanos».
Dicho lo anterior los ediles del PSOE informan que «por imperativo legal, España está obligada, como lo ha hecho ya la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, a poner en práctica y aplicar una directiva europea (Directiva 2006/115/CE) al Derecho español, una norma referente a la implantación del Canon por Préstamo Bibliotecario existente en algunos países desde 1943 y en los restantes países de Europa desde hace bastantes años».
Desde el PSOE consideran que las exenciones contempladas en el mencionado Decreto son casi inexistentes, por cuanto la mayoría de los municipios de menor población carecen de servicio de biblioteca y los servicios de bibliotecas escolares se encuentran en España sin un adecuado desarrollo.
Y aseguran los socialistas que este canon viene «a gravar a las Bibliotecas Públicas Municipales», toda vez que estas son la mayoría de las existentes en el país, y esta regulación del canon contribuye a hacer más difícil su supervivencia, necesaria para asegurar un derecho esencial de acceso a la cultura.
Esta aplicación obligatoria de la Directiva debe tener en cuenta «la doble función de compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la Cultura». La existencia de ambos derechos «es compatible, por lo que corresponde al Estado establecer mecanismos y fórmulas que los garanticen», subrayan.
Aclaran que el decreto de 1 de agosto de 2014, «que era obligatorio aprobar, no ha tenido en cuenta, por otra parte, la situación de precariedad presupuestaria de los municipios y de las bibliotecas; ni tampoco de los autores». Por ello, consideran necesario que el Gobierno acuerde una serie de medidas de acompañamiento que haga eficaz la norma a la vez que atienda las necesidades de usuarios, bibliotecas y autores.
La legislación europea es legítima y coherente. «Sin autores no hay Cultura, y el derecho a ser remunerados por su trabajo debe ser protegido y promovido desde las instituciones comunitarias». Y añaden desde el PSOE que también es evidente que las bibliotecas públicas, especialmente las autonómicas y municipales, desempeñan un papel esencial e indispensable en el mandato constitucional de formación y equilibrio social y cultural.
La industria del libro supone el 38,1% del total de la aportación al PIB de la Cultura y las bibliotecas son un estímulo a esta industria, gravemente dañada en los últimos años debido a la crisis económica. Las bibliotecas estarían vacías si otros no escribieran, tradujeran, ilustraran, fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y distribuyeran.
El canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas, sino que lo pagan las Administraciones Públicas, «igual que las adquisiciones de libros (cuyas partidas han bajado drásticamente), la luz, los ordenadores, las mesas y pupitres de lectura y los demás elementos indispensables para el buen funcionamiento de una biblioteca pública», aseguran desde el PSOE.
Se considera que el Estado está obligado a ampliar su dotación presupuestaria a la red de bibliotecas públicas municipales a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, «bien entendido que las entidades de gestión de derechos de autor habrán de destinar una parte importante de esos ingresos a funciones de labor social para los autores (asistencia, becas de creación, necesidades médicas…) y otra parte a la adquisición de fondos para las bibliotecas públicas, además de proceder al reparto a los autores de su remuneración compensatoria con un límite económico a determinar, como se establece en la mayor parte de los países de la UE», finalizan los ediles socialistas
