La resolución de la Dirección General de Costas por la que se modifica la línea que marca qué terrenos son dominio del Estado en la playa, y cuáles son de responsabilidad municipal, ha dejado al ayuntamiento de Sagunto expuesto ante una reclamación de 100 millones de euros por los terrenos del llamado Malecón de Menera. Este hecho ha sido calificado como «extremadamente grave» por parte de los miembros de Compromís en el ayuntamiento de Sagunto quienes no sólo interpretan la resolución aprobada por Costas como una decisión «netamente política», sino que incluso consideran que existen irregularidades en los documentos legales que han acabado beneficiando los intereses de la empresa prosagunsa frente a sus reclamaciones judiciales.
Las presuntas irregularidades señaladas por los concejales de Compromís están centradas en la resolución de Costas firmada desde Madrid por el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra Inaraja, en la que se aprueba excluir del dominio público marítimo-terrestre, la zona gestionada directamente por el Estado, la parcela del Malecón. En esta resolución que ha sido presentada ante los tribunales por la empresa Prosagunsa, pero de la que aún no ha recibido constancia oficial el ayuntamiento, no sólo aparece la fecha la misma escrita a mano con bolígrafo, sino que el documento no cuenta con ningún sello de salida de registro al no estar oficialmente dirigida a nadie, algo tremendamente irregular según se afirma desde Compromís. Los plazos tampoco acaban de verse claros por parte de la coalición nacionalista, ya que la fecha escrita a mano asegura que se firmó el día 30 de junio, y Prosagunsa la presentó en su juicio el día 9 de julio, cuando, según aseguran los portavoces de Compromís, una resolución de este tipo tarda unos 30 días en llegar a las partes afectadas.
El deslinde no es la única buena noticia que ha recibido la empresa PROSAGUNSA ya que la audiencia provincial le dio la razón en sus reclamaciones sobre la propiedad de la llamada finca registral 37.075, una pastilla de 66.000 metros cuadrados dentro del Malecón. «Esta sentencia, que ha desestimado las pruebas topográficas aportadas por el ayuntamiento, y que desestima todas las alegaciones de COFIVACASA, empresa pública también personada en el caso, ya de por sí era grave, pero no dejaba de ser un problema de la administración del Estado que es quien en su día sacó a subasta un terreno que no podía utilizarse, pero al mover la línea de costas, precisamente en la zona del Malecón, el problema pasa directamente al ayuntamiento, quien sin haber hecho nada incorrecto, ni ilegal, se encuentra con que tiene que pagar, del bolsillo de todos los ciudadanos, 100 millones de euros» explica el portavoz de Compromís Quico Fernàndez.
Fernàndez destaca que la resolución de Costas no se basa en ninguna petición judicial, que según la versión del portavoz de Compromís se limitaba a pedir que se aclarará su pertenencia o no a la zona de dominio marítimo terrestre, por lo que considera esta resolución como «una decisión política, tomada por un cargo político designado por el partido en el poder». Fernàndez va incluso más allá entroncando la decisión con el mismo ideario del PP español, al recordar que tras el nombramiento de Arias Cañete como ministro responsable de las costas españolas este ya apuntó a la su intención de que la línea de dominio marítimo terrestre dejara de ser un estorbo para las empresas españolas. «En los últimos años la línea de dominio público sólo se ha movido para introducirse tierra adentro, y ahora de repente eso ha cambiado» explica el edil. Para la también concejal nacionalista Teresa Garcia la situación tiene sólo una interpretación posible: «la administración del Estado está quitándose de encima un problema que ahora endosa al ayuntamiento de Sagunto».
Los miembros de Compromís consideran que no queda más opción que presentar toda la batalla posible para no tener que afrontar un pago de 100 millones que, actualmente, no existen en las cuentas municipales. Por ello exigen una primera actuación con la presentación de un contencioso administrativo contra la resolución de Costas, y, a partir de ahí, personarse por vía penal contra el autor de la resolución, así como abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra todos los que actúen en el proceso, «Costas incluido», palabras textuales, ya que la consideran responsable de una decisión que,siempre en opinión de los ediles nacionalistas, no ha sido debidamente justificada. «Hemos consultado con los asesores legales de nuestro partido y apoyan esta vía de acción»—apunta Quico Fernàndez—«ya que hay demasiadas cosas que no encajan en todo lo que hemos visto».
Entre los asuntos que más han indignado a los miembros de la coalición ha estado como a pesar de que el ayuntamiento ha acreditado, mediante fotografías y cartas de navegación, que los terrenos del malecón que utilizaba la compañía Sierra Menera, y que fueron subastados por el Estado para liquidar las deudas de la empresa—iniciando así el problema actual—estaban, cuando se empezaron a usar , prácticamente pegados al mar, y por lo tanto forman parte del dominio público, esta documentación no ha servido para cambiar el rumbo del proceso. «Se ha permitido a Prosagunsa convertir una concesión en una propiedad, algo que contradice cualquier lógica legal» explica la edil Teresa Garcia.
Los nacionalistas no han querido dejar pasar la oportunidad de señalar la escasa respuesta del equipo de gobierno ante esta situación. Consideran que tras el deslinde el ayuntamiento ha dejado de ser un mero testigo del litigio para ser el principal afectado, y, de nuevo en su opinión, la respuesta no ha sido la esperada. «Las únicas declaraciones que hemos escuchado al Alcalde sobre esta situación no han sido sobre la necesidad de combatir que la parcela se declare propiedad privada, sino siempre en la línea de abrir la posibilidad de negociar como se compensa a la empresa» afirman.
