Uno de los actos reivindicativos organizados por la PAH Morvedre (Foto: Raquel Gaspar)

La Plataforma  de Afectados por las Hipotecas (PAH) del Camp de Morvedre ha enviado a los partidos políticos  de la comarca, que van a concurrir a las elecciones municipales, un documento en el que además, de citar casi todos los tratados nacionales e internacionales que sostienen el derecho a una vivienda digna, hacen una serie de sugerencias a nivel municipal, autonómico y estatal para que sean incluidas en los programas electorales. En esta información sólo recogemos aquellas que la Plataforma antidesahucios  solicita en el ámbito municipal para cambiar la realidad actual.

«Conseguir el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía,  sin que se expulse a nadie y se eviten bolsas de marginación, implica una profunda transformación del marco jurídico estatal y una apuesta sin precedentes tanto de las administraciones autonómicas como locales». Así da comienzo el documento que desde la PAH Morvedre han enviado a las fuerzas políticas de la comarca.

Y añaden que un ayuntamiento no puede plantearse «un horizonte más digno y humano que conseguir una ciudad habitable, en las que todos los ciudadanos accedan a todos sus derechos de forma justa e igualitaria; un lugar de convivencia en el que se practiquen y promuevan la participación, el civismo y la democracia».

Una vez más, desde la pla­ta­forma  subrayan  el derecho a la vivienda recordando con el documento enviado a los partidos el texto sobre este asunto que figura no solo en la Cons­titución española, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc.  pero en opinión de los miembros de la PAH: «Sin embargo, la realidad actual y las propias sentencias del TJUE muestran cómo se vulnera este derecho porque la normativa Españo­la es contraria al derecho comunitario».

Para avanzar en la práctica, proponen identificar-dimensio­nar con objetividad el proble­ma de la vivienda y ver desde donde hay que partir, qué mínimos son necesarios y qué trabajo se ha realizado hasta ahora, al objeto de proponer nuevas medidas.

En cuanto a la identificación del problema, en el municipio de Sagunto, en 2011, había 8.845 vi­viendas vacías, según el INE. No obs­tante, desde la PAH afirman des­conocer la cifra de familias desahuciadas, y aseguran que «cual­quier planificación seria exi­ge trabajar con datos exhaustivos y rigu­rosos, de los que carecemos».   

Por otra parte, consideran, que toda actuación municipal o autonómica «está condicionada de manera definitiva por el marco jurídico y político estatal en donde se inserta». Por ello, entienden  desde la plataforma, que la mejor forma de avanzar en el ayuntamiento y en el país «es superar el marco estatal, y asu­mir los mínimos que plan­teaba la ILP y el resto de reivindicaciones que propone­mos».

Los ayuntamientos son considerados como la primera instancia donde se acude en una situación de emergencia habitacional. Y desde la Plata­forma consideran fundamental la volun­tad política para aplicar las propuesta que la PAH hace para el ámbito municipal.

Propuestas de la PAH para el ámbito municipal

Garantía del suministro de agua potable y gestión para garantizar el suministro de luz y gas, así como la puesta en marcha de mecanismos efectivos de la gestión de ayudas. Mu­chas familias no sólo no tienen condiciones de vida dignas, sino que carecen de asistencia míni­ma vital.

Creación de la Oficina de la vivienda, que tendrá como principales funciones:

Garantizar el asesora­mien­to, organización y la defensa jurídica tanto para la defensa de la propia vivienda como para hacer frente a su pérdida y recuperación, facilitando de forma real y efectiva servicios de mediación ante la agresión hipotecaria y la emergencia habitacional.

La Consecución urgente de datos sobre ejecuciones hipo­tecarias y desahucios. Registro de demandas de vi­viendas; la revisión de los censos; Re­gistro de viviendas municipales y su situación; Re­gis­tro de viviendas vacías en manos de la banca, inmobiliarias,  fondos bui­tre e instituciones religiosas.  

Plan Municipal de Vi­vienda para crear un parque público de viviendas adecuado:

Vivienda de protección oficial: fin de la venta de patrimonio público y recupera­ción de las viviendas vendidas; auditoría de la deuda de las empresas públicas de vivienda; plan de rehabilita­ción de las viviendas; plan de apoyo al acceso y gastos de comunidad para familias con menores ingresos.

Viviendas Vacías, medidas para evitar la desocupa­ción permanente e injustificada de viviendas vacías de bancos, inmobiliarias,  Sareb, Iglesia y fondos buitre, como la expropiación del uso de las viviendas,  inspección y procedimientos contradictorios y sancionadores por infracción si se mantiene la desocupación de la vivienda; penalizar con IBI… Inclusión las de herencias abintestato y de donaciones.

Plan de rehabilitación de viviendas y Plan de incentivación del alquiler

Estructuración del Plan en relación con EIGE. Previamente, auditoría de la empresa y análisis pormenorizado tanto de la situación financie­ra, como del parque y estado de sus viviendas. En todo caso, análisis de sus estatutos y su práctica por un Consejo Participativo, del que formarán parte las asociaciones vinculadas a las viviendas, para determinar si son compatibles con la gestión demo­crática y la necesaria transparencia en su funciona­miento, en especial la privatización de ciertos ámbitos de gestión.  

Actuaciones ante las entidades financieras: Exigencia de declaración de buena ve­cindad; retirada de fondos y cancelación de las cuentas si no se negocia con afectadas; declaración de entidad non grata por este motivo y por ventas a fondos buitre.

Policía local al servicio de los derechos huma­nos y contra su uso para desahucios.

Impuestos. Efectividad de ayudas sociales aprobadas para Plusvalía en ejecución y por dación en pago. Penali­zación a través del IBI a las viviendas vacías de entidades y grandes inmobiliarias; revisión periódica del catastro y de la tasación.

Asistencia social. Refuerzo de su papel y de la atención a las familias desahuciadas. Coordinación.

Creación de un observatorio de la vivienda o Plataforma ciudadana por el derecho a la vivienda, con participa­ción de instituciones y socie­dad civil. Deberá hacer segui­miento y evaluación de las políticas públicas, con capacidades de control, de denuncia y de  propuesta legis­lativa, con decisiones de carácter vinculante. Control de coordinación con otras administraciones de la Genera­litat y del Estado.

Coordinación municipal y con la Generalitat Valenciana para garantizar que no se van a producir ya desahucios y promover el derecho a una segunda oportunidad.

No se podrán producir lanzamientos sin una alternativa habitacional digna: obliga­ción de oferta de vivienda social por parte del ayunta­miento y de la Conselleria en caso de desahucio tras la subas­ta y antes del lanzamiento, según necesidades específicas de la unidad familiar para deudores de buena fe.