Durante la huelga estudiantil del pasado 8 de mayo, se convocó una concentración, en las instalaciones de la Conselleria de Educación, a la que acudió Francesca Mercé, de 18 años y activista del movimiento estudiantil en la ciudad de Elche. Francesca perdió una pierna, como resultado del cáncer que padece, y tan solo puede caminar gracias a una prótesis y con la ayuda de un bastón, por lo que se apoyó en el exterior de la puerta de la Conselleria. La policía abre la puerta, desde dentro, y Francesca es empujada, derribada y… retenida, permaneciendo varios minutos en el suelo, pues no puede ponerse en pie sin ayuda.

Fue denunciada y ahora la fiscalía pide que Francesca Mercé sea condenada por organizar la protesta y ¡¡¡por atentado!!!, a 18 meses de prisión, 12 días de localización permanente, 18 meses de inhabilitación para el sufragio pasivo y al pago de 450 euros en concepto de responsabilidad civil por haberle causado una “erosión”, según el parte de lesiones, en la muñeca a un agente de policía, ¡por lo que pidió la baja por varios días!.

Todas las pruebas aportadas por la defensa de Francesca, evidencian la falsedad de las acusaciones vertidas contra ella y la violencia con la que fue tratada por parte de la Policía Nacional. Sin embargo la fiscalía (sí, esa misma fiscalía que pone todo su empeño en evitar que la infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados) da primacía de veracidad al testimonio del agente policial, sin atender a las pruebas que han sido presentadas hasta el momento por parte de la defensa.

Lo más indignante de este caso, no es solo que este hecho, sea un intento más de criminalizar a los jóvenes que toman el camino de organizarse y luchar para defender sus legítimos derechos. Lo más indignante es que la fiscalía en vez de  defender (como sería su obligación) los derechos básicos de huelga, manifestación y libertad de expresión recogidos en la Constitución, actúe, por contra, con toda la contundencia posible contra aquellos que pretenden poner freno a su violación sistemática.

La fiscalía, sin atender a los hechos que sucedieron realmente, se empeña en condenar a prisión a una joven discapacitada, cuyo único delito ha sido el de no cruzarse de brazos, ante los brutales ataques que está sufriendo la educación pública, sometida a un proceso de recortes, de privatización y encarecimiento, que está expulsando de nuestras universidades a decenas de miles de estudiantes tan solo por no poder hacer frente al pago de las tasas.

Por ello, desde la más absoluta indignación, quiero hacer un llamamiento a la solidaridad con Francesca Mercé, ya que la pena que se le pide es una condena dirigida contra el conjunto del movimiento estudiantil, y otro intento más de criminalizar cualquier tipo de protesta que se realice contra este Gobierno de sinvergüenzas que nos desgobierna.

Nuestra respuesta ante la represión ha sido, es y será la lucha.

Paco Aguilar Gil
Concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto