¡Así no! Esa es la enseña que los sindicatos hemos tomado ante la huelga general del 29 de setiembre. Y me parece un lema que cataliza muy bien lo que ha pasado en el Estado Español los últimos años. Es indudable que durante los últimos años, antes de iniciarse la actual crisis económica, se produjo riqueza y empleo. Ahora bien, los sectores como la construcción y los servicios asociados, que generaron estos beneficios, no han capitalizado la economía ni reinvertido la riqueza generada. No se ha aprovechado para mejorar la calidad del empleo y prevenir el futuro con inversiones productivas.
Por un lado, el modelo de crecimiento que ha sostenido durante este tiempo la economía ha generado empleo de baja calidad con altos índices de temporalidad, salarios bajos, y altamente expuesta a los cambios de la dinámica económica.
En los países europeos con una industria más sólida, no están aumentando tanto sus tasas de desempleo. De hecho son los países con una estructura menos industrial como Irlanda y España, que han centrado su crecimiento en el ladrillo y el turismo de baja calidad, los que están sufriendo un grave deterioro de sus mercados laborales.
Ahora, inmersos en plena crisis, y intentando buscar remedios a la situación, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha una serie de medidas. Entre ellas están las orientadas a reducir el déficit público (sacralizado el techo del 3% por el ECOFIN), tal y como le han recomendado «los mercados». Y en este punto, en lugar de proponer medidas que incrementaran la capacidad recaudatoria de las Administraciones Públicas, decidieron que la reducción del déficit se hiciera a costa de las rentas de las personas trabajadoras y pensionistas
Y esta llegó el pasado 17 de junio, con la publicación en el BOE del Real-Decreto-Ley 10/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, una reforma muy inspirada por los dictados de la patronal y donde finalmente proponen una serie de medidas que no hacen más que recortar los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras.
Con más de cuatro millones y medio de personas desempleadas en todo el Estado, es una prioridad para todos el crear empleo, pero esta reforma no parece el instrumento más adecuado para hacerlo. Incluso el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, lo admite: «La reforma laboral ni crea puestos de trabajo ni soluciona la crisis».
Carta blanca al empresario, que tendrá más posibilidades para despedir y que pagará menos de indemnización, que romperá la negociación colectiva para posibilitar que el empresario tome decisiones unilaterales sobre las condiciones de trabajo y para aplicar cláusulas de inaplicación salarial. Y si con ello no tenían suficiente para contentar a los mismos, han abierto la posibilidad a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro para la búsqueda de trabajo de las personas desempleadas.
Esta es una reforma lesiva para los derechos de las personas trabajadoras, por eso nos preguntamos, si el problema se encuentra en la entrada en el mercado de trabajo, ¿por qué actuamos sólo en la salida, facilitando el despido?, es evidente que los motivos de la huelga están sobradamente justificados
El motivo principal que nos lleva a la huelga es plantar cara:
Nos oponemos a la reforma laboral planteada por el Gobierno y nos negamos rotundamente a la fragmentación de nuestro Estado de bienestar.
Es indigno que el Gobierno haya planteado una reforma laboral de ese calado y con el único objetivo de recortar condiciones laborales y no de dar salida a los problemas reales que acarrea esta crisis económica, ni de buscar alternativas que nos lleven al tan deseado, necesario y esperado cambio de modelo productivo.
Porque nos han engañado:
Hasta ahora nos quedaba la esperanza y el optimismo para intentar creer que, al final, la reforma serviría para crear empleo y de más calidad; pero con el texto en la mano, no hay lugar para las dudas: la reforma laboral no está pensada para generar nuevos empleos, sino que determina el tipo de ocupación que tendremos a partir de ahora: precaria y además:
Nos aleja del cambio de patrón de crecimiento. Es una reforma que no sirve para crear empleo. No va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo. La reforma abarata y facilita el despido.
Privatiza el desempleo
Se abre la vía de la contratación de las empresas de trabajo temporal en sectores de riesgo.
Rompe la negociación colectiva y aumenta el poder de dirección empresarial para modificar las condiciones de trabajo y para descolgarse de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos sectoriales.
La Reforma no es una reforma, es un recorte de los derechos en toda regla. No se han atrevido a llamarlo «contrato único», pero la verdad que ésa es la primera mentira, puesto que desde el punto de vista de costes empresariales, se ha creado el contrato único y ¿cómo? Pues generalizando los contratos de fomento a la contratación indefinida y equiparando la indemnización de este contrato con la de los contratos temporales. En el 2015 costará lo mismos despedir a una persona trabajadora con contrato temporal (12 días por año trabajado) que despedir a alguien con contrato indefinido y por causas económicas (20 días menos 8 que paga el FOGASA = 12 días) y casi bien lo mismo que la extinción por causas económicas de un contrato bonificado (33 días – 8 FOGASA = 25 días por año trabajado).
Entonces, si rebajamos los despidos y flexibilizamos las relaciones laborales, ¿quién nos garantiza que se crearan nuevos puestos de trabajo y de más calidad? No hay datos empíricos que lo demuestren.
Dinero público para pagar las malas prácticas empresariales: el Gobierno cifra en 123 millones de euros el coste que les supondrá pagar los 8 días del FOGASA y después, el Fondo de capitalización sacado del modelo austriaco no es mucho mejor. No podemos ir adaptando fórmulas de otros países. Debemos inventar las nuestras propias, que se adapten a nuestra realidad de mercado de trabajo.
Porque atenta contra la negociación colectiva:
Llevar la flexibilidad salarial y horaria al ámbito de la empresa es un misil contra los convenios colectivos, es una especie de «barra libre» para el empresario. Las personas trabajadoras y su representación se encontrarán con el chantaje continuo: o bajamos salarios o despedimos; o hacemos horarios a la carta de la empresa o despedimos.
Además, la posibilidad de aplicar el descuelgue salarial ya no surgirá de la negociación colectiva, sino que se traslada a la arbitrariedad de los empresarios.
Con la reforma, los servicios públicos de empleo renuncian a una de sus funciones y dejan la intermediación del mercado laboral en manos de las empresas con ánimo de lucro. La privatización de la intermediación laboral pone en peligro la garantía de una intermediación pública, gratuita y universal.
Por todos estos motivos decimos: ¡Así, no!, puesto que no se puede renunciar a cualquier precio a todo lo conseguido en años de lucha.
Es evidente que desde el movimiento sindical esperamos que la huelga general del 29 de septiembre sirva para evitar la puesta en marcha de una reforma laboral tan regresiva para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y para la ciudadanía en general. Quiero dejar muy claro que esta es una huelga incardinada en el llamamiento a la movilización europea, que ha hecho la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de la que la UGT es fundadora. Esta crisis ha llevado a Europa a la peor situación desde 1930 con 23 millones de parados en el continente.
Este es nuestro tiempo. Tiempo en que los trabajadores y trabajadoras debemos demostrar que no nos resignamos. Este es nuestro peor enemigo: la resignación. Porque con las anteriores huelgas, paramos reformas laborales. Y el día después cuando el señor Zapatero y su Gobierno, se de cuenta de los millones y millones de trabajadores y trabajadoras que saldremos a la calle, deberán dar marcha atrás. Porque ellos son nuestros representantes y nosotros sus representados. Que les quede claro.
Aprovechando la situación de crisis, aparecen ya las voces que hablan de la necesidad de adelgazar nuestro Estado de bienestar, y de recortar aún más los gastos del estado en políticas sociales, educativas, sanitarias, etc. ¿Está nuestro Estado de bienestar en crisis? En el futuro, ¿no es posible sostenerlo tal y como lo conocemos?
Nuestro modelo de Estado de bienestar está basado en una economía social de mercado que, últimamente, parecía haber perdido sus bases fundacionales y que, con la crisis y las reacciones de los gobiernos para hacer frente a la misma, de nuevo ha puesto de manifiesto quienes son los que ejercen el poder real sobre la economía, y en consecuencia, también sobre la cobertura de nuestro Estado de bienestar.
Ahora, cuando llega la crisis y los recursos públicos disminuyen, unos apuestan por mercantilizar la seguridad social y otros por aumentar los recursos económicos del sistema. La UGT apuesta indudablemente por esta última vía. Si el problema para mantener el Estado de bienestar social son los recursos públicos disponibles, analicemos qué debemos hacer para incrementarlos, y propongamos mejoras en la gestión y eficiencia de servicios públicos que permitan un mayor rendimiento.
Yo apuesto por hacer reformas. Sí, es necesario. Reformas que en cualquier caso deben ir encaminadas a reforzar el Estado de bienestar, y no a ponerlo en riesgo reduciendo cada vez más los recursos públicos.
Necesitamos afrontar el siglo XXI garantizando al máximo posible la protección a las personas. Es el Estado quien debe garantizar la educación, salud, vivienda, trabajo, prestaciones y bienestar. Para ello es imprescindible ahondar en la forma con la cuál redistribuimos la riqueza, y en la forma con la que el estado obtiene sus ingresos.
Hay que impulsar políticas que generen empleo cualificado y estable, políticas activas de empleo para favorecer el empleo juvenil, femenino y de parados de larga duración, políticas que generen una mayor igualdad, políticas dirigidas a proteger a las familias.
Hay que armonizar el sistema impositivo en los estados miembros de la UE, y entre comunidades autónomas en España, evitando el «dumping» fiscal, y la creación de territorios muy beneficiosos para la implantación de empresas, frente a otros que no lo son por tener una mayor fiscalidad.
Hay que luchar contra el enorme fraude fiscal existente en nuestro país.
Por otro lado, se estima que la economía sumergida en España equivale al 23% del PIB, mientras que por ejemplo en Alemania, es el 6%. Es decir, en España, uno de cada cuatro euros no tributa.
En la política fiscal, debemos también afrontar la reforma del IRPF, pero con el objetivo de aumentar los ingresos públicos a través de la equidad, incrementando el número de tramos y ajustando el esfuerzo fiscal a cada tramo según la renta disponible para garantizar su futuro.
Miguel Jorda Morales.
Secretario general de UGT de la Union Comarcal de horta Nord,Camp de Morvedre y Camp de Turia.
