Todos a la cárcel, estrenada en 1993, intenta ser un retrato de la sociedad española de aquel momento que, casualmente, transcurre en la Cárcel Modelo de Valencia. Nos cuenta que, en esa cárcel se celebra un acto, al que acuden autoridades políticas, del mundo de las finanzas y también del poder eclesiástico; acto que se aprovecha para todo tipo de negocios, desde el que intenta cobrar una deuda de la administración pública, que viene arrastrando desde hace tiempo; hasta la fuga de un presidiario mafioso, jefe de una banda internacional de prácticas delictivas, e influyente banquero italiano, con la inestimable ayuda del director de la prisión, que coordina la operación, ayudado por otro banquero, que justamente se encuentra también en dicho acto.

Esta película es un fotograma de una película tan larga y tan de actualidad que todavía seguimos con la esperanza de que esta vez sí, esta vez vayan «todos a la cárcel».

El economista.es, del 9 de febrero, publicó un artículo titulado: «El coste de la corrupción en España: más de 7.500 millones saqueados», donde se nos cuenta que desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales, y ha dejado un agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros desde que llegó la democracia, cifra que se asemeja a la que Bruselas exige ahora en recortes. El 4 de febrero pasado, Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, dijo que «gobierne quien gobierne» hay que hacer ajustes por 8.000 millones de euros.