Lo vendía ilegalmente en toda España a través de una aplicación de mensajería instantánea y han sido detenidos en Córdoba

Una investigación iniciada en Sagunto permite desmantelar una organización dedicada al contrabando de tabaco

Parte del tabaco que ha sido incautado por la Guardia Civil Parte del tabaco que ha sido incautado por la Guardia Civil Una investigación iniciada en Sagunto permite desmantelar una organización dedicada al contrabando de tabaco
Jueves, 16 Abril 2020 20:15

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado una Organización dedicada al contrabando de picadura de tabaco, que vendía ilegalmente en toda España a través de una aplicación de mensajería instantánea, y que además distribuía usando los servicios de una empresa de servicio de paquetería. En el curso de la Operación se han detenido a cuatro personas e investigado otras dos, habiéndose aprehendido asimismo 1,4 toneladas de picadura de tabaco de contrabando listas para su venta y consumo.

En el marco de la denominada Operación ‘Amareco’, se procedió a la detención de todos los miembros de una Organización contrabandista y a la aprehensión de la picadura del tabaco hallada en el registro realizado en una vivienda de Córdoba, donde se incautaron 700 kilos en el interior de cajas de cartón y otros 715 kilos en bolsas de plástico listos para su venta y distribución. Además, se intervino diverso utillaje para la manipulación y envasado del producto, y asimismo documentación para su estudio y análisis, que de momento permite aventurar la distribución de más de doce toneladas desde que empezaron la actividad.

La Operación ‘Amareco’ se inició hace meses con una investigación por la supuesta comisión de un delito de contrabando mediante la venta ilícita de labores de tabaco a través de una empresa fantasma. A sus responsables se les atribuyen los delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La Organización criminal investigada utilizaba una aplicación de mensajera instantánea para contactar directamente con los clientes. Así, una vez realizados los pedidos de picadura a razón de 20 euros/kilo, más 10 euros de gastos de envío, se realizaba la entrega en el domicilio del cliente a través de una empresa de distribución de paquetería. Para aparentar que se trataba de una actividad lícita se inventaban el nombre de una empresa y un domicilio social inexistente.

Un fraude millonario

La actividad ahora denunciada en los juzgados, además de constituir un delito de contrabando, también constituiría otro contra la Hacienda Pública. De una parte, la valoración del género incautado (algo más de 1.400 kilos, más el que se calcula ya distribuido, por encima de los 12.000) ascendería a cerca de los 900.00 euros, muy lejos del umbral de los 15.000 euros que exige la Ley de Contrabando para que los hechos tengan la consideración de delito.

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Por otra parte, las labores de tabaco están sometidas a una fiscalidad muy elevada en el ámbito de los Impuestos Especiales (del mismo modo que lo están otros productos como los combustibles, las bebidas alcohólicas, etc.). Su tributación por el Impuesto Especial de las Labores del Tabaco, sumada al importe correspondiente a la tributación por IVA elevaría el fraude tributario a cerca de 360.000 euros, prácticamente el triple del umbral de los 120.000 euros que exige la Ley Penal para que dichos hechos pudieran constituir asimismo un delito contra la Hacienda Pública.

La investigación de los hechos tuvo su inicio en Valencia de la mano de la Patrulla Fiscal de la Guardia Civil de Sagunto, en coordinación conjunta, con funcionarios del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Tiempo después, en los primeros días de febrero, la explotación operativa prosiguió con el desplazamiento de dicha Patrulla de la Guardia Civil a Andalucía, a la que se incorporaron funcionarios de Vigilancia Aduanera de Sevilla y Córdoba.

Detenidos y género incautado quedaron a disposición judicial, recayendo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba la dirección del Procedimiento penal.


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