Redacción

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PLANO-D0TACIONALESPlano de las zonas que se modificaron
 
El dotacional escolar situado tras la urbanización Ciudadmar, que aparece en el plano pintado de color amarillo, cuyo justiprecio ya asciende a 3,8 millones de euros, que se encuentra recurrido por la propiedad y el Ayuntamiento, es el siguiente conflicto urbanístico de indemnizaciones millonarias al que tendrá que enfrentarse el municipio, pero no es el único.
Efectivamente, el otro dotacional, el deportivo, que es el que está coloreado de color verde, va a iniciar la misma senda, toda vez que desde el Ayuntamiento de Sagunto se ha dejado caducar la única fórmula que en su momento aprobó el tripartito de progreso para evitar el pago de cuantiosas indemnizaciones.

Señalar en este sentido que, según ha confirmado a este periódico Esteban Villalba, uno de los principales  propietarios de esta parcela, ya se ha formalizado el encargado, al mismo bufete de abogados que ha defendido a los dueños del suelo de la Plaza Ángel Perales, para que inicie el procedimiento judicial oportuno con el fin de reclamar al municipio la correspondiente indemnización por la expropiación de estos terrenos.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la acción legal se va a prolongar en el tiempo, pero al final, el municipio terminará pagando una alta suma, como sucedió con las parcelas de Iconsa en el Borde Sur, el conflicto en la Plaza de la Morería, que supuso para el Ayuntamiento una indemnización de 4,5 millones de euros a favor del constructor local, Joaquín Aranda, o el caso de la plaza Ángel Perales, que ha sido el más reciente.

La parcela en cuestión, calificada como equipamiento para sistemas generales, cuenta con una superficie de 27.063 m2, que es más del doble del dotacional escolar situado detrás de Ciudadmar y por el que el Jurado Provincial de Expropiaciones ya fijó un justiprecio de 3,8 millones de euros. Estas cifras pueden dar una idea aproximada del volumen de la indemnización que puede llegar a alcanzar la expropiación del terreno del equipamiento deportivo.

En mayo de 2006, el Ayuntamiento de Sagunto, entonces gobernado por el tripartito de progreso, difundió un folleto en el que explicaba  la recalificación parcial de los dos dotacionales. El plano que se reproduce en esta página pertenece a dicho boletín informativo. Con esta operación, la parcela deportiva pasaba de 27.063 a 22.508 m2. Lo que suponía una reducción del 16’83%, porcentaje que correspondía al terreno que se transformaba en suelo urbanizable no programado. En total, 4.555 m2, en los que se podrían construir 312 viviendas. Quedando los 22.508 m2 para uso público, en este caso deportivo. Con esta actuación, el Ayuntamiento compensaba urbanísticamente a los propietarios sus derechos  sin necesidad de indemnizar.

El Gobierno del PP, cuando decidió urbanizar el Borde Norte, trasladó las cargas urbanísticas de los dos dotacionales a este nuevo planeamiento, dejando caducar las dos recalificaciones parciales ideadas por el tripartito. Al abandonarse el PAI del Borde Norte y caducar los trámites de las recalificaciones, se ha dejado el camino libre para reclamar la expropiación, de ahí que los propietarios hayan movido ficha.
El equipo de Gobierno municipal sigue desvelando detalles de su plan de empleo mixto, una fórmula de estímulo a la contratación a través de la empresa privada, en la que los  responsables de la gestión municipal planean invertir más de tres millones de euros. En una estrategia destinada a implicar al resto de los partidos políticos del arco municipal los concejales del PP continúan desgranando poco a poco las líneas maestras de su plan, aumentando así la expectación de un más que necesario balón de oxígeno para la maltrecha economía local que no podrá realizarse si la oposición no aprueba los presupuestos para este año.

Entre las propuestas más llamativas  del plan, está la inversión de un millón de euros en la construcción de 25 viviendas que, además serviría para ofertar viviendas sociales en régimen de alquiler con mensualidades que rondarían los 150 euros al mes. No sería la única inversión inmobiliaria, puesto que se destinarán 700.000 euros para la rehabilitación de viviendas, tanto del parque público establecido por el IVVSA como las de inmuebles privados que serían rehabilitados siempre que el propietario se comprometiera a dedicarlas al alquiler social.

Por último se apartaría una partida para dar ayudas a aquellas personas que, tras someterse a la Inspección Técnica de Edificios, tuvieran que realizar obras de rehabilitación en su vivienda habitual y que por su nivel de renta no pudieran afrontar. Estas medidas esperan conseguir alrededor de 300 empleos en la construcción.
El proyecto además establece un plan para PYMEs, con un millón de euros de dotación, en la que se pretende que se encarguen pequeños proyectos —como la reparación de aceras o calles— a empresas de aquí que se comprometan a contratara a más trabajadores locales, aunque este es uno de los puntos menos definidos del proyecto, puesto que aún hay que buscar las fórmulas que permitan priorizar la contratación local.

También se quieren destinar 300.000 euros para la contratación en la temporada estival para el pequeño comercio. Un tema que según explica  el edil Paco Villar se está negociando con las asociaciones de comerciantes, y que podría permitir hasta contratar a 600 personas en un mes.

Otras propuestas son la puesta en marcha de un plan de emprendedores, con 150.000 euros para la instalación de nuevas PYMEs en la ciudad; 300.000 euros para desarrollar junto a ASECAM un plan de productos tecnológicos, y un plan de empleo joven que vendría a permitir a 250 licenciados universitarios formarse haciendo prácticas en el ayuntamiento de Sagunto.

El  concejal Paco Villar advierte que esto es sólo el esbozo del plan de empleo, que se complementará con medidas ya conocidas como el Plan Reactiva, o el plan de empleo rural impulsado desde el SEPE, y que incluso se puede destinar otro millón de euros si se produce un cambio legal que vuelva a permitir la contratación directa en los ayuntamientos.
Alumnado, profesorado y agentes sociales implicados con los centros de Formación de Personas Adultas (FPA) se han reunido esta mañana en la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación para  reclamar «buenas políticas valencianas para Aprendizaje Permanente». La concentración ha tenido lugar en  Sala Magna que se ha quedado pequeña para acoger a las personas que se han congregado, provenientes de varias poblaciones valencianas en las que existe sede de FPA. Desde la Escuela de adultos Miguel Hernández, del municipio de Sagunto han acudido a la concentración  unas 100 personas, que se han traslado en dos autobuses y otras personas han utilizado  transporte propio. 
 
En el acto también se encontraba representantes de los agentes sociales como  el Col.lectiu de Mestres Municipals, UGT y FETE UGT País Valenciano, Intersindical Valenciana, FEVAEPA, Taller per a la Acción Renovadora de la Educació Permanent de Adults al País Valencia (TAREPA, PV), por CC.OO.PV  ha asistido su secretario general, Paco Molina, y la  coordinadora general de EUPV Marga Sanz. Esta diputada autonómica ha declarado a este periódico digital, que el nuevo borrador de la ley de Educación de Personas Adultas, no ha entrado en las Cortes Valencianas, «no obstante  conocemos el anteproyecto de manera extraoficial. Desde EU entendemos que ese nuevo borrador de anteproyecto de ley es un retroceso con respecto a lo que se había conseguido, echamos en falta, en ese texto que se reflejen valores, como la importancia de la educación permanente de adultos, precisamente en el marco de la crisis y en el marco de las necesidades de una economía cada vez más globalizada». Y añadió que es responsabilidad «de los poderes públicos de responder a esa necesidad».
 
Invitado por los organizadores, ha iniciado el acto Joan Romero, ex conseller de Educación en  la etapa socialista del 1993 a1995 y en la actualidad es catedrático de geografía humana en la Facultad de Geografía e Historia, entre otros cargos, que ha incidido en la necesidad de la formación permanente de las personas y que es una de las estrategias para salir de la recesión es el conocimiento. Para este profesor, impulsar la educación debe ser considerado por el gobierno de España como una inversión, no como una gasto.  En ese sentido, Romero ha manifestado: «no me gusta el anteproyecto de ley de Educación de las Personas Adultas»,  al considerarlo regresivo en comparación con el texto de la ley de 1995 y muy lejos de las exigencias de las directivas europeas.
 
Por su parte los agentes sociales han expuesto el motivo de  la convocatoria que no es otro, que dar a conocer las necesidades internas del sector de la Educación Permanente ante la presentación de un anteproyecto de Ley de Educación de Personas Adultas, después de 18 años de la promulgada ley 1/95 de la Generalitat Valenciana. Es decir, se va a modificar una ley que no ha sido desarrollada durante casi dos décadas que permanece en vigencia, a pesar de haber sido apoyada por numerosas asociaciones, organizaciones e instituciones. «Es por eso que desde la Mesa de los Agentes Sociales para la FPA, planteamos a la sociedad valenciana que respalden las siguientes cuestiones parque no queremos que desaparezca el espíritu y la praxis de la FPA y que dan su valor y razón de ser».
 
Las cuestiones a las que hacen referencia son:
 
-Garantizar el aprendizaje permanente y la formación de las personas adultas como un sistema público y territorializado.
 
-Garantizar la participación de las personas jóvenes y adultas participantes participantes en el establecimiento de sus itinerarios formativos, así como en la organización, gestión y evaluación de la tarea educativa.
 
-Garantizar las pasarelas entre los diferentes ámbitos del aprendizaje permanente, en un momento de grave crisis económica, social, cultural, política, y donde la formación ha de ser un elemento dinamizador, regulador del equilibrio social y económico.
 
-Realizar un diagnóstico sobre la situación de la población joven y adulta valenciana en los ámbitos educativos y formativos, cultural y social… Desde los ámbitos municipales.
 
Para ello, entre otras cuestiones, los agentes sociales reclaman que se incrementen los recursos hasta el 1% del PIB priorizando los sectores y territorios más desfavorecidos. Así como la mejora de la financiación a las entidades locales, estableciendo un convenio general multilateral y el reconocimiento de todas las unidades a todos los efectos.
 
Los agentes sociales prevén que la nueva ley puede plantear recortes en la financiación de las escuelas de educación permanente de adultos que dependen económicamente de los ayuntamientos haciendo peligrar su permanencia.
 
En ese sentido se reclama que se estabilicen la situación laboral del personal docente que imparte clases en los centros municipales de FPA y que se reconozca el proceso de formación, experiencia y conocimiento adquiridos desde hace muchos años.
 
Cabe recordar que la escuela local de Personas Adultas Miguel Hernández  cuenta con más de 1.200 alumnos y que  su financiación es competencia de la Generalitat. No obstante, en caso de cierres de escuelas municipales  de educación permanente de adultos,  la sede saguntina  debería acoger  al alumnado de la comarca centrándose en la alfabetización y en los  GES (graduados escolares de secundaria), y esto iría en perjuicio de otros programas formativos que se ofrecen en la actualidad.
 
Añadir finalmente que el manifiesto de  la Mesa de los Agentes Sociales para la FPA,  se va a entregar a los grupos políticos de las Cortes Valencianas y propondrán mociones en la Diputación y el parlamento valenciano.

BLOC-DENTRO
El conflicto político por  la ampliación de la cantera Romeu abrió ayer un nuevo frente político cuando los miembros del grupo muncipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunto acusaron al PSOE de «engañar o dejarse engañar» al asegurar que con su voto en el pasado pleno protegía el paraje natural de Romeu.

Los concejales de Bloc-Compromís, que continúan con un proceso abierto en los tribunales por la decisión de Conselleria de levantar el veto a la ampliación de la cantera, aseguran que el convenio firmado por el ayuntamiento, y que se ha vendido como un acuerdo beneficioso para el municipio, no es más que «un paripé» puesto que tienem en palabras textuales del portavoz de la formación, Quico Fernàndez, «importantes contradicciones entre los artículos del texto, y el texto y los planos de actuación» que, según  la denuncia de Compromís facilitan a Lafarge operar sin prácticamente obligaciones en la montaña, mientras que el ayuntamiento se somete a las condiciones del convenio. «Para empezar se nos ha dicho que el convenio protegía la montaña de Romeu, pero no es real, Lafarge se ha reservado todos sus hipotéticos derechos mineros, porque el punto 1.6 del conveno establece que mientras no se abra la cantera del Piñal, algo que puede depender perfectamente de la decisión del empresa, el convenio no tiene validez y, por lo tanto no obliga a nada a Lafarge » ha asegurado Fernàndez.

No es la única vía de escape que, según la denuncia de los nacionalistas,se ha guardado Lafarge. En la enmienda del PSOE se asegura que no se podrá iniciar la extracción de caliza en las Margas hasta que se presupuesten los planes de protección y restauración, en el convenio,pero  se le ha añadido una coletilla que específica que esto sucederá «de acuerdo con el Plan de Explotación previo, y las necesidades de diferentes tipos de caliza precisas para la fabricación de cementos», como quien informa de la calidad e idoneidad de la plantilla es la propia cementera, esto le permite, siempre según la interpretación de los nacionalistas, decidir cuando abre o no Las Margas.

ePero los nacionalistas también han criticado que el PSOE asegure que han blindado la zona Norte del monte, la zona más alta de la montaña y de las que tienen una mayor riqueza forestal, cuando ésta según los planos adjuntos al convenio, no sólo queda completamente fuera de la zona de exclusión, sino que se han añadido, en las áreas protegidas que limitan con ella, dos zonas para viales que unan la parte note con la zona de Margas, la zona que acogerá la ampliación de la cantera. «El proyecto de paraje protegido que presentamos de 274 hectáreas, hecho con la pero en el convenio esa zona ha bajado a 254, que dejan completamente fuera esa zona» aseguran desde Compromís.

Fernàndez considera «curioso» que el convenio con Lafarge haya logrado poner de acuerdo a los miembros de la ejecutiva del PSPV saguntino y a los del grupo municipal. «Lafarge quizás no tiene poder para mover montañas, es más de destruirlas, pero sí que tiene el poder de unir a enemigos políticos» ironiza el portavoz.

Los nacionalistas recuerdan que la declaración de la montaña Romeu como paraje natural fue uno de los compromisos del tripartito de progreso y fue el PSOE quien no aprobó aquella propuesta. Fernàndez considera que son los socialistas quienes han fallado a su palabra, y advierten que su formación piensa seguir peleando, en lo parlamentario y en los tribunales, la protección de Romeu y advierte a los socialistas que un pacto de gobierno con Compromís, ya sea en esta legislatura o en las venideras pasará, inevitablemente, por la protección de esta montaña.

Por último Compromís recuerda que el convenio es «inaplicable» con la legislación actual, «una legislación redactada y aprobada por el PP» recuerda,  y que así se ha reconocido en el texto final firmado, que no entrará en vigor si Generalitat no da permiso, con lo que se preguntan si no es que se está preparando un nuevo cambio de legislación «más a medida de grandes empresas».
El equipo de Gobierno del Partido Popular pretende promover un plan de empleo destinado «a sectores como el tecnológico y que no se quede en un mero proyecto de obra pública con contratación intensiva de personal», señala el concejal de Empresas, Francisco Villar. En este contexto, se encuadra la reunión entre el alcalde de la ciudad, Alfredo Castelló y el edil Villar, con miembros de la directiva de la asociación de empresarios, Asecam. En este encuentro, según relata Villar, «se valoró la viabilidad, oportunidad y ventajas que podría aportar un  plan de empleo con la fórmula que se ha tratado en los últimos meses; es decir, a través de la contratación directa por parte del Ayuntamiento».

Sin embargo, el propio consistorio reconoce las dificultades legales que puede reportar esta iniciativa, habida cuenta de que la adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Sagunto no se puede limitar, de forma exclusiva o preferente, a las empresas del municipio. En este sentido, Villar ha resaltado que ambas partes coincidieron en «la necesidad de soslayar las cuestiones legales para poderlo llevar a acabo a través de empresas, preferentemente locales, que sean quienes contraten a los desempleados del municipio».

Por otra parte, tanto la delegación municipal como los directivos de la asociación empresarial también coincidieron en que sería mucho más operativo, útil y efectivo destinar el montante que se entienda definitivo, que será el que el  Gobierno local comprometa de acuerdo a lo que determine el presupuesto municipal, aunque todavía se desconoce el importe económico total.

Asimismo, Villar ha señalado que este plan pretende ayudar de forma directa al emprendedor local, recordando que en esa línea de apoyo se encuadran, junto a esta iniciativa, «las nuevas fórmulas de puesta a disposición de suelo municipal industrial que se está finalizando, tiene como objetivo generar actividad económica y empleo en el municipio».

Señalar por último que tanto el equipo de Gobierno como Asecam se volverán a reunir en breve para iniciar la redacción de este plan.
El Ayuntamiento de Sagunto ha ampliado las alegaciones contra el acta de apeo redactada por Costas, que fueron aprobadas por la Corporación municipal en el pasado pleno extraordinario. El acta de apeo es el instrumento que delimita físicamente el perímetro de los 66.900 m2 de suelo que los tribunales le reconocen como propiedad, en sentencia firme, a la empresa Prosagunsa y que se localizan, según el citado documento, en el malecón de Sierra Menera. Téngase en cuenta que el reconocimiento de la propiedad no lleva implícita la localización exacta de los terrenos. Como ya ha venido informado este periódico, tanto la empresa propietaria como el Ayuntamiento, mostraron su disconformidad con los lindes fijados por la Dirección General de Costas, aunque su oposición obedecía a criterios distintos.

El plano que se reproduce en la imagen superior recoge las últimas averiguaciones realizadas por el ayuntamiento de Sagunto con la finalidad de desmontar con sólidos argumentos el criterio empleado por Costas para ubicar los límites de los terrenos afectados por la sentencia judicial. La línea roja que circunda toda la pastilla de terreno del malecón de Sierra Menera es, exactamente, el límite de esta propiedad, es decir, de toda esa superficie sería dueña la empresa Prosagunsa, según el acta de apeo.
 
Sin embargo, la línea intermitente de color azul, correspondiente a una carta náutica, es la que indica hasta donde llegaba el agua en 1913. En cambio, la inmediatamente inferior, pero de color rojo, correspondiente a un plano de la CMSM, sitúa la orilla del mar en 1915.  Este último dato es particularmente importante porque, según los antecedentes que constan en el fallo judicial, se está hablando de un título, que es la resolución de la Dirección General de Obras públicas de 6-11-1915, que fue inscrito registralmente en el año 1923. Por tanto, el terreno resultante entre la línea roja y la exterior que cierra el contorno estaba cubierto por el mar. En consecuencia, toda esa franja que transcurre de norte a sur no puede formar parte de la propiedad de Prosagunsa desde el momento en que en la fecha referida no había más que agua.
 
Otro aspecto que ha puesto al descubierto la investigación desarrollada por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto, es la parcela grafiada con líneas de color verde, que corresponde a la finca registral 20.388, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto el 13 de junio de 1970 a favor de Altos Hornos del Mediterráneo. Esta pastilla de terreno tiene una extensión, según la información registral, de 38.000 m2. Como se aprecia con nitidez en el plano, la mayor parte de esta finca se encuentra dentro del área que delimita la propiedad de Prosagunsa, de acuerdo con el acta de apeo. Sin embargo, otra parte de la misma invade terrenos de la Autoridad Portuaria de Valencia.
 
Por tanto, si se descuenta la parte que en 1915 estaba cubierta por el mar, la parcela inscriturada a nombre de AHM y los terrenos que ocupan las edificaciones del viejo hospital y de las viviendas del grupo sindical, el Ayuntamiento considera materialmente imposible que la propiedad se pueda ubicar donde indica el acta de apeo. En este sentido, el edil de Urbanismo, Sergio Muniesa, señalaba: «nosotros en ningún momento negamos que la empresa Prosagunsa sea propietaria de los 66.900 metros que le reconocen los tribunales, lo que si negamos es que esa superficie se pueda localizar en la zona delimitada por el acta de apeo, porque es materialmente imposible».
 
Señalar por último que, según ha confirmado Muniesa, el Ayuntamiento  ha desestimado la petición de expropiación que en su momento inició Prosagunsa y por la que reclamaba al consistorio 100 millones de euros.
El salón de actos del Teatro Begoña de Puerto de Sagunto se quedó pequeño para albergar a las más de cuatrocientas personas que acudieron para escuchar la conferencia que el periodista Iñaki Gabilondo ofreció acerca de su visión sobre la situación, tanto económica como política y social, por la que está atravesando nuestro país. Este acto, que muchos vieron desde las puertas de acceso a la sala, estaba organizado por la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Industrial (FTSI)  que cuenta con representantes en el  núcleo porteño.

Abrió el acto José Luis Corcuera, ex-ministro socialista, promotor  de la Fundación y patrono de la misma, quien expresó su deseo de que la FTSI disponga de una sede propia en el municipio.  Entre los asistentes cabe destacar la presencia del alcalde de Sagunto, el popular Alfredo Castelló, que estuvo acompañado por algunos miembros de su equipo de gobierno, así como de otros concejales de la oposición. El primer edil protagonizó el momento más tenso de la jornada al ser abucheado por gran parte del público tras asegurar durante su intervención, previa a la de Gabilondo, que «vamos por el buen camino para salir de la crisis económica».

A pesar de este hecho aislado, la conferencia estuvo marcada por el buen humor que mostró el conocido periodista que empatizó con el público, que no dudó en aplaudir en multitud de ocasiones durante su conferencia. Gabilondo llegó a asegurar que se encontraba «impresionado» por la cantidad de personas que había acudido a verle.

«Lo que ha ocurrido en España y en Europa en los últimos años ha desenmascarado una serie de cosas que son necesarias que corrijamos porque íbamos en un tren hacia un precipicio que ha descarrilado y ahora lo que tenemos que hacer es volver a ponerlo en el camino porque estábamos en un mecanismo condenado a naufragar», apuntó Iñaki Gabilondo.

Asimismo el periodista criticó la actitud que tienen la mayoría de los políticos frente a la crisis económica al asegurar que «no nos va a venir una solución de repente, hemos de tener un proyecto porque ahora mismo estamos intentando sobrevivir a la situación en vez de tener una actitud activa».

Gabilondo reconoció que tanto los partidos políticos como los sindicatos y los medios de comunicación «se tienen que modernizar» lamentando que, en la actualidad, «solo se habla de la economía financiera, que está por encima de la real, y que no controlamos pues se trata de una maquinaria que toma las decisiones sin contar con nosotros y donde el poder se ha instalado en los acreedores, perdiendo así importancia las personas».
El equipo de Gobierno que actualmente rige los destinos del Ayuntamiento de Sagunto aprobará, sin representación de la oposición, conceder al remodelado paseo de la Gerencia el nombre de Emilio Adán. Con este movimiento los concejales municipales aprobarán a puerta cerrada honrar la memoria del político franquista, algo a lo que la oposición municipal ya se había mostrado en desacuerdo.

Aunque es cierto que el reglamento permite este movimiento, la decisión ha cogido por sorpresa a todos los portavoces de la oposición, que estaban tan seguros de que el tema finalmente se abordaría en el Pleno que en la misma comisión de cultura en la que se anunció la medida, los concejales presentes de PSOE y SP optaron por abstenerse informando a la concejal del área que debían consultar con el resto del grupo el voto definitivo. Para los más críticos con la gestión de Castelló el mismo hecho de que los populares se percataran de que no iban a contar ni siquiera con los votos de SP —formación que ya había asegurado que no permitiría que el paseo de la Gerencia fuera bautizado en honor a una persona, puesto que consideraban que es una zona representativa de El Puerto que debería llevar por nombre una alegoría más directa al pasado siderúrgico de la ciudad— el que ha llevado a los populares a sacar el tema del debate público imponiendo el homenaje al alcalde franquista desde la Junta de Gobierno.

Al conocer la noticia el portavoz del partido socialista, José Luis Chover, ha reconocido que «nunca ha estado demasiado claro quien aprueba y quien no el nombre de las calles», pero recuerda que el consistorio tiene, como práctica habitual, llevar a Pleno aquellos nombres que homenajean a una figura.

En similares términos se ha expresado el portavoz de Segregación Porteña, Manuel González, quien no ha dudado en mostrar su malestar con la medida. González ha recordado que «es verdad que se han llevado los nombres menores a Junta de Gobierno, pero este es el mismo equipo de Gobierno que ha llevado al Pleno nombres como el puente Emili Llueca o el pabellón René Marigil».

Desde Esquerra Unida han aceptado el hecho como natural, y no sólo porque reconozcan que la potestad es de la Junta de Gobierno, sino porque su portavoz, Fernando López-Egea, considera que «el Partido Popular es un partido que está unido umbilicalmente a su pasado franquista. Muchos de sus dirigentes son descendiente de familias franquistas, y cada vez que se ha intentado que condene los años de la dictadura española se han negado; nadie puede sorprenderse pues, de que cuando llega el momento de honrar a los políticos franquistas no se arriesguen a someterlo a una votación que perderían» ha declarado.  López-Egea también recuerda que el Pleno aprobó una moción comprometiendo al ayuntamiento a la retirada de símbolos franquistas, y ahora el PP instaura un símbolo más.

El más beligerante ha sido, una vez más, el portavoz de Bloc-Compromís, Quico Fernàndez, quien no ha dudado en hablar de «cacicada» del alcalde. Y es que si bien Fernàndez considera que el trámite es legal, también afirma que el Alcalde es plenamente consciente de que todos los grupos de oposición están en contra, y, teniendo en cuenta que los grupos de oposición suman 16 concejales frente a los nueve del PP, «eso supone que está tomando una decisión contra los deseos de la mayor parte de la población a la que deben servir».

Fernàndez considera esta decisión una prueba más de la necesidad de que los grupos de oposición unan fuerzas y usen su mayoría para modificar el Reglamento de Ordenación Municipal para limitar que un partido en minoría ignore las voces de la mayoría.
En mayo del año pasado el grupo municipal socialista presentó una moción que fue aprobada por todos los grupos de la oposición. En ella propusieron que con los recursos extras de más de 5 millones de euros por la devolución el IVA a la SAG se pusiera en marcha de forma urgente un Plan de Empleo en el municipio de Sagunto. «Empecinado en la ley 2/2012 y a pesar de que la Federación de Municipios recomendaba una interpretación distinta, Castelló y su equipo de Gobierno diluyeron esa importante cantidad sin atacar el peor y principal problema que azota a nuestra ciudad, como son los más de 7.500 parados, muchos de ellos sin ayuda ninguna. Hoy, tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, Castelló se queda sin argumentos legales de los cuales aferrarse para no lleva adelante lo que hemos propuesto y lo que la gente reclama: trabajo», afirma el portavoz Socialista, José Luis Chover.
 
Tras numerosas peticiones realizadas por el Grupo Socialista, el pasado miércoles, se informó en la reunión mantenida en Madrid sobre la modificación del articulo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación al destino del superávit presupuestario de las entidades locales, señalan desde el PSOE,  y añaden que el concejal de Hacienda, Sergio Muniesa  afirmó hace unos días que el Ayuntamiento de Sagunto cuenta con un superávit del año 2012 de 5,2 millones de euros equivalente al ingreso extraordinario de la devolución del IVA. Desde el grupo municipal sostienen que ahora el marco legal «permite destinar ese dinero a la lucha contra el desempleo, creando puestos de trabajo directos, por medio de la Sociedad Anónima de Gestión. No hay argumento legal ninguno que lo impida y así lo volveremos a proponer como moción en el próximo Pleno».
 
«Estamos reclamando una acción que es la que más urgencia tiene para nuestra ciudad, por el número de parados y los efectos colaterales que tiene al alcanzar a familias enteras que no tienen ningún ingreso ni reciben ninguna ayuda. Ahora, insistimos, al modificar la Ley de Estabilidad presupuestaria, aquellas que hayan tenido una situación de remanente positivo de tesorería pueden usarlo para generar empleo. Según la evaluación de la Federación de Municipios casi la mitad de los Ayuntamientos de España podrán afrontar de esta forma inversiones y generar empleo» recuerda el representante socialista.
 
Para Chover sería un «despropósito insostenible» que en el municipio saguntino el superávit «se diluya» en gastos corrientes, y no en la ejecución de un Plan, «que es el reclamo político y social que une a la oposición y a la gente sin ninguna discrepancia.  Porque las trabas fueron puestas siempre por Castelló, mientras veíamos que en otros municipios se elaboraban y ejecutaban acciones para paliar el desempleo, aquí aferrados a un decreto, nos quedábamos sin presupuesto y sin trabajo». Ahora, la modificación del Artículo 32, abre una puerta, que el PSOE espera no bloquee el equipo de Gobierno que preside Castelló y destine, «como lo reclama la sociedad, los 5,2 millones de euros de superávit a empleo urgente y necesario. Así lo propondremos en el Pleno para darle el contexto legal que corresponde y esperamos con una resolución positiva, la activación inmediata de los mecanismos propuestos en la anterior moción que agilicen la contratación de empleo directo, sin ninguna otra maniobra».
Concluye el portavoz municipal socialista afirmando: «No deben buscarse complicaciones burocráticas innecesarias y sin sentido, teniendo una empresa municipal que puede contratar de forma eficaz y ágil, con el debido control por parte del Ayuntamiento para que se beneficien de manera directa los vecinos de nuestra ciudad»,
En la mañana de ayer, se celebró una reunión, en las oficinas de FERRODISA, entre la Dirección de la empresa, la Sección Sindical de CCOO, miembros del Comité de Empresa y la Aseguradora Atlantis con los diez trabajadores que figurarán en el Plan de Prejubilaciones en el que se está trabajando.
 
En dicha reunión, donde se ha explicado las condiciones y los mecanismos que rigen este tipo de planes, todos los trabajadores afectados han mostrado su deseo de acogerse a él, «paso básico para realizar el cálculo real que se presentará ante el Ministerio de Industria en reunión organizada por CCOO y prevista, con toda seguridad, para la semana que viene», según informa el delegado sindical de Ferrodisa. Javier Morales gago..
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