En estos momentos en los que sector agroalimentario de toda Europa está saliendo a las calles para protestar, en más importante que nunca remarcar que la producción agraria y la protección ambiental no solo pueden, sino que deben ir de la mano. Todas las personas, sin excepción, dependemos del planeta para nuestro sustento, necesitamos un planeta sano para seguir teniendo alimentos que producir y que consumir. En un momento en el que los efectos de cambio climático se están haciendo más presentes que nunca, con temperaturas récord impropias de esta época del año, sequías y fenómenos climáticos extremos, la lucha contra el cambio climático tiene que ser una prioridad en todos los ámbitos.

La visión tradicionalista que plantea una dicotomía entre la agricultura y la conservación ambiental ha quedado obsoleta ante las evidencias y prácticas emergentes que demuestran lo contrario. La agroecología es un claro ejemplo de cómo las prácticas agrícolas pueden integrarse con los principios de sostenibilidad. El Pacto Verde europeo necesita una revisión crítica, pero será un error fatal si Europa frena el progresivo abandono de los productos químicos tóxicos, que dañan tanto al planeta como la salud de las personas.

Existe un claro interés partidista por parte de la extrema derecha en enfrentar al sector de la producción agroalimentaria con el ecologismo. Pero esta oposición que plantean es tan falsa como injusta, principalmente porque muchos de los problemas que tiene la agricultura de nuestro país se producen por medidas que desde la derecha apoyan y defienden. Claman contra las medidas de conservación ambiental, a la vez que en diferentes instituciones votan a favor de pactos de libre comercio que hacen que productos agrícolas extranjeros puedan entrar a competir libremente con los productos locales.

No es lógico que estemos abriendo la puerta a productos que provienen de países en los que los requisitos ambientales, sanitarios y en materia de derechos laborales son más laxos. Por no mencionar el absurdo que supone estar importando alimentos como las naranjas —con lo que implica en términos de huella de carbono— cuando a nivel local tenemos una producción excelente. El sistema alimentario actual no tiene sentido y es totalmente comprensible el enfado de agricultores y agricultoras: es injusta la competencia entre condiciones de producción totalmente diferentes. La solución pasa por anular los tratados de libre comercio y poner limitaciones a las importaciones, especialmente las de productos cultivados con agrotóxicos prohibidos en Europa.

En este complejo problema, también cabe señalar a los intermediarios y las grandes cadenas de supermercados, que están aumentando su margen de beneficio a costa de subir precios y mal pagar a las personas que producen. Según datos de COAG, el kilo de naranjas se paga a 0,39 € el kilo, mientras que se acaba vendiendo a 2,05 €, es decir, por el camino, el precio aumenta un 426%. En caso como el del limón, el precio llega a ascender al 880%.

La ley de la cadena alimentaria debería ser una herramienta efectiva para garantizar que los agricultores y agricultoras reciban un precio justo por sus productos, para evitar que los beneficios se concentren únicamente en los eslabones finales de la cadena. Sin embargo, la realidad demuestra que su aplicación y fiscalización son insuficientes. Es necesario reforzar los mecanismos de control y asegurar que la distribución de valor dentro de la cadena alimentaria sea justa y equitativa, para proteger especialmente a la pequeña producción frente a las prácticas abusivas.

Frente a este escenario, es urgente replantear nuestra relación con el sistema alimentario y buscar soluciones que no solo sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino que también sean justas y equitativas para quienes trabajan la tierra. Esto incluye premiar a los agricultores que cuidan el medioambiente, facilitar de la venta y transformación directa y familiar de sus productos, reducir de la burocracia (y no siempre recurriendo a la digitalización) y ofrecer incentivos tanto para reciclar a quienes ya están en el sector como para incorporar a jóvenes. Se necesitan medidas, apoyo, investigación e imaginación en el desarrollo rural que faciliten la vuelta al campo.

Además, la transición hacia una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente pasa por una apuesta decidida por la agroecología y el apoyo a los sistemas de producción local. Fomentar el consumo de productos de temporada y de proximidad no solo reduce la huella de carbono asociada al transporte de alimentos, sino que también contribuye a la economía local y garantiza productos de alta calidad. Es momento de promover políticas públicas que incentiven la producción y el consumo local, que eduquen a la población sobre la importancia de apoyar a los agricultores y agricultoras de su entorno y que pongan en valor el patrimonio agrícola de cada región.

La crisis actual es un síntoma más de un sistema alimentario que no funciona, por eso, es el momento de transformarlo en uno más justo, sostenible y resiliente. La solidaridad entre personas consumidoras, productoras y administraciones públicas es esencial para lograr construir un futuro mejor, en la que la actividad agraria ofrezca condiciones de vida dignas, para que no llegue un momento que el que ya nadie quiera producir los alimentos que necesitamos para seguir viviendo.