La sequía que padece Cataluña ha dado pie a lo que a mí me parece una ocurrencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Me refiero a la utilización de la desalinizadora de Sagunto para producir agua dulce y transportarla en barco hasta Barcelona. Este operativo de dos barcos diarios, yendo y viniendo, unido a las infraestructuras que harán falta para almacenar el líquido elemento, aquí y allí, si se llega a montar, va a salir carísimo, sobre todo, si se tiene en cuenta lo poco efectivo que será, pues la desaladora de ACUAMED da para lo que da, que es más bien poco, teniendo en cuenta las necesidades hídricas que hay que atender.
Para este lunes, el alcalde del municipio,Darío Moreno, ha convocado una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces porque se lo han pedido algunos partidos con representación en el consistorio, ya que, según el propio alcalde, en el Ayuntamiento de Sagunto no se ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de la señora Ribera para informar sobre el encaje de la planta desalinizadora de Sagunto en los planes que está diseñando el Gobierno de España para atender los problemas de la sequía catalana. Dicho de forma clara, aquí alguien ha tenido una idea que ha filtrado a los medios y, a partir de ahí, todo el mundo está hablando de la desalinizadora de Sagunto.
Maniobras de distracción al margen, aquí hay que ver si el Ministerio de Transición Ecológica, de quien depende ACUAMED, asume el coste de la planta desalinizadora o si por el contrario seguirá empecinado en que sea la ciudadanía de Sagunto la que sufrague esa millonada, basándose en el cumplimiento de un contrato vigente, el firmado entre el Ayuntamiento de Sagunto y ACUAMED, que fue un atraco a mano armada, un auténtico despropósito para los intereses de esta población, materializado gracias a unos colaboradores necesarios, me refiero al PSOE, Esquerra Unida y Compromís, que eran las tres fuerzas políticas que formaron gobierno en la legislatura 2003-2007, que fue cuando firmaron este trato tan ruinoso.
Fíjense si la barbaridad fue de calado, que, según el contrato, después de 25 años pagando esta inversión, el Ayuntamiento no sería propietario de nada, lo cual es verdaderamente inaudito. Lo increíble no es que Acuamed presentara semejante propuesta, sino que el equipo de gobierno de Sagunto la suscribiera sin rechistar. Con aquella gestión tan contraria a los intereses municipales, Sagunto se encuentra hoy atado de pies y manos, con una deuda que cada día que pasa es más voluminosa y, encima, el Ministerio decide sobre esta instalación sin tan siquiera contar con el municipio, que es el que, probablemente, terminará pagando los platos rotos de aquella decisión tan irresponsable.
