El conocido y respetado teólogo Juan José Tamayo, en una reciente conferencia a raíz de la presentación de su último libro Pederastia ¿Pecado sin penitencia?, ha dicho cosas verdaderamente fuertes de la actitud de la Iglesia ante los descubrimientos de miles de casos probados por el Defensor del Pueblo y por un equipo de investigación del periódico El País. Él quería titular el libro Pederastia. Pecado sin penitencia, delito sin castigo. La editorial le aconsejó que recortase el título.
Nos cuenta que esos delitos, aún a día de hoy, siguen siendo amparados y defendidos con soberbia por la Iglesia y con gran tolerancia por una judicatura muy respetuosa con los prelados. Observa que, si la pederastia en la vida civil es un abuso de poder frente a un menor, en la Iglesia es un abuso de un poder revestido de “sagrado”: el daño es mucho mayor. Un niño, frente a un depredador de tal especie se enfrenta ante la masculinidad hegemónica y sagrada de su preceptor, su maestro, su entrenador, su catequista… pura violencia contra mujeres y niños indefensos.
El hablar, explicar, confesar públicamente que se ha producido una violación en el seno de la Iglesia está considerado por esta como delito de traición y comporta la inmediata excomunión de los delatores. En el año 2014 la ONU denunció a la Iglesia por esta práctica y la violación sistemática de los derechos humanos de niños y niñas por parte de sus miembros, de encubrimiento, de adoptar políticas que llevan a favorecer los abusos a menores y de no tomar las medidas necesarias para evitar y atender estos casos, protegiendo a los menores. La contestación de la Iglesia por parte del Cardenal Lonbardi, que era hasta hace poco la mano derecha del Papa Francisco y también el máximo dirigente de La Congregación Para la Doctrina de la Fe, más conocida por su antiguo nombre: la Santa Inquisición, fue que «rechazamos que la ONU interfiera en nuestros asuntos y nuestras consideraciones acerca de la homosexualidad, los anticonceptivos y el aborto. Acusamos a la ONU de llevar a cabo ataques ideológicos, de interferencias en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia e inmiscuirse en la libertad religiosa».
Recientemente han lanzado parecidas diatribas contra el Defensor del Pueblo cuando ha publicado un informe en el que habla de miles de casos de violaciones reconocidas y comprobadas en el seno de la Iglesia española y solicita que esta provea una cantidad de dinero para compensar mínimamente a los perjudicados.
¡Qué iluso el Defensor del Pueblo! Se atreve a ¡¡¡pedirle dinero a la Iglesia!!! El Cardenal Primado con toda su cristiana humildad le respondió que sí, que de acuerdo, que pagarían… pero después, cuando el Estado pague a todos los violados fuera de la Iglesia. Y se quedó tan Pancho.
