Pensar que el aumento de los precios de la vivienda se está produciendo por el incremento de la población que acude a Sagunto ante las inversiones de Mercadona y las previsiones de Volkswagen, no es la realidad al completo, es la parte de un todo más amplio y complejo. Son dos los elementos principales que tensionan el mercado de la vivienda, tanto para alquiler como venta. El primero de ellos es el de la inseguridad jurídica a la que se enfrenta cualquier propietario que quiere alquilar una casa, pero que tiene miedo por si no le pagan y se mete en problemas. Ya se sabe que, en Sagunto, para desalojar a un inquilino que se transforma en okupa, el Juzgado tarda dos años en desahuciarlo. Muchísimo tiempo. Lo mejor de todo, es que con la nueva ley de vivienda la situación ha ido a peor para el propietario, a mucho peor.
Ni que decir tiene que el Estado es el que debería de asumir la promoción de vivienda social para amparar a las personas que el propio sistema va dejando en la cuneta, que son cada vez más. Sin embargo, se evita la inversión en pisos sociales y se deriva esta responsabilidad a los pequeños propietarios, que se convierten en el verdadero escudo social. Ante esta inseguridad, es lógico que el mercado del alquiler se retraiga y busque acomodo en otras opciones, disminuyendose la oferta, lo que propicia la escalada de precios que termina perjudicando a todos. Es decir, aquí tenemos la primera consecuencia negativa que se deriva de esa inseguridad jurídica imperante.
Otro aspecto llamativo es el de la rehabilitación de vivienda que, desde luego, no tiene ninguna facilidad en este municipio. Para que se entienda con claridad, si una persona compra o hereda una casa en medio del casco urbano de Puerto Sagunto y decide rehabilitarla, a partir del momento que presente el proyecto en el Ayuntamiento, tendrá que esperar alrededor de dos años para que le den la licencia y pueda acometer la obra. Dos años son 24 meses, muchísimo tiempo esperando la autorización para algo tan simple como rehabilitar una casa, aunque se derribe y se haga nueva, no tiene justificación tanta demora. Así está el casco histórico, hecho unos zorros. Inaudito. No sé si en los ayuntamientos de la contornada los tiempos serán tan largos, pero, esto de esperar dos años es otro palo en el engranaje. Está claro que los funcionarios municipales no son los responsables de que se produzcan retrasos tan prolongados. Esto tiene más pinta de que hace falta una remodelación de la estructura organizativa, acorde a las necesidades que hay en la actualidad, pero ahí entramos en el terreno de la política. Complicado. A todo esto hay que agregar que si se cumplen las expectativas industriales y todo sale según lo previsto, la situación, lejos de mejorar, irá a peor, a mucho peor.
