En la política, como en cualquier otro aspecto de la vida, encontraremos gente de todo tipo. Algunas personas gozan de la virtud y la honestidad necesarias para tomar decisiones correctas y guiar a la sociedad hacia un futuro mejor. Sin embargo, también existe un fenómeno que ha plagado este ámbito desde tiempos remotos: individuos que, lamentablemente, se han adentrado en el mundo de la política sin poseer las habilidades, valores o aptitudes necesarias para tomar decisiones que pueden impactar en muchas personas, en el caso concreto del País Valencià, a más de cinco millones de habitantes.

No hablo necesariamente de la formación o la experiencia. No creo en las tecnocracias porque la obsesiva búsqueda de eficiencia técnica va en contra del espíritu de la política y porque, a menudo, se utiliza para concentrar el poder en detrimento de la participación democrática y veta la participación política a personas desfavorecidas. Hablo más bien de requisitos morales como la integridad, la honestidad, la empatía, la justicia o la responsabilidad. Cualidades que considero que son fundamentales para tomar decisiones éticas y trabajar en beneficio del bienestar común en lugar de intereses personales o partidistas.

Lo primordial sería que en el seno de los partidos políticos y de las instituciones se eligieran los cargos según estas condiciones, pero la realidad es la que es, ya sabemos cómo funcionan las cosas y que esto no es más que una utopía. Por eso será, que la ley ha terminado por regular algunas condiciones por las que alguien no puede entrar en política. Por ejemplo, existe la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, que priva a una persona condenada del derecho a ser elegida para cargos públicos durante un tiempo determinado. También existe la Ley 53/1984 de incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones públicas, que regula los conflictos de intereses para las personas que ostentan un cargo público o trabajan para la administración.

El vicepresidente y conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, no tiene la empatía necesaria para trabajar en política porque vivió de torturar animales en su oficio de torero y pretende seguir impulsado la barbarie con subvenciones públicas. Tampoco parece que le importe demasiado el hecho de que los festejos taurinos cada año matan a personas en nuestros pueblos y barrios, como ha sucedido recientemente aquí, en Puerto de Sagunto, durante la celebración de las fiestas de barrio de Biensa. También ha demostrado falta de ética o desconocimiento de la legalidad vigente porque, tras haber sido nombrado miembro del gobierno, seguía siendo administrador de siete empresas, algo que la ley prohíbe.

La misma cuestión se repite con la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana, Leticia Sanchiz Becquet, que mantiene más de una treintena de cargos en empresas del grupo Sanchis, que se dedica, precisamente, a la gestión de numerosas macrogranjas dentro y fuera del territorio valenciano. El conflicto de intereses es claro cuando: no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Es más, la ONG Amigos de la Tierra ha denunciado diferentes irregularidades en explotaciones del grupo Sanchis que van de la ampliación irregular de una macrogranjas a vertidos ilegales. Por no mencionar, la cuestionable decisión de nombrar para este puesto a quien se lucra de un modelo de ganadería que contamina los acuíferos y las tierras de la zona y perjudica gravemente a las personas que se dedican a la agricultura y a la pequeña ganadería.

Mucha limpieza en el seno del gobierno valenciano va a tener que hacer el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, porque se le está colando lo peor de cada casa. Ya tuvo que acompañar a la salida a Carlos Flores Juberías, condenado por violencia de género y que aspiraba a vicepresidente de la Generalitat y, posteriormente, al subsecretario de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, también condenado por violencia de género. Estos casos ponen de manifiesto la importancia de mantener estándares éticos elevados en la selección de funcionarios públicos para garantizar la integridad y la confianza de la ciudadanía en sus representantes.