La derecha española y la vieja guardia socialista no admiten que el PSOE lleve a cabo los pactos necesarios para poder gobernar, o que intente pactar con determinadas fuerzas políticas, que son tan legales como las demás, y que han sido votadas por los ciudadanos, pero cuyos planteamientos —según ellos— son anticonstitucionales, antidemocráticos o incluso antiespañoles, porque quieren «romper España», como si España fuese una hoja de papel que se puede trocear, y los españoles no pudieran decidir lo que consideren más oportuno, o más necesario, para su bienestar y su convivencia; y criminalizan a Pedro Sánchez, cuando lo único que hace es lo que se debe hacer en democracia: «pactar con los grupos políticos necesarios para gobernar».

También están en contra de cualquier tipo de indulto, pero cuando se le concedió el indulto a los golpistas del 23 F, el PP no dijo absolutamente nada, quizá hasta le pareció bien, y aquel acto fue mucho más grave, más violento (secuestraron durante un tiempo a todos los miembros del Congreso de los diputados) y además atentaba contra la democracia, algo que no pasó cuando se colocaron en Cataluña las urnas para votar.

La Constitución de 1978 entienden todos los filoderechistas que es intocable, y todo lo que sea pactar con los catalanes o vascos es vulnerar la Constitución, porque es arremeter contra ciertos principios fundamentales que deben ser inviolables, como es la unidad de España, algo que todavía nadie ha puesto en tela de juicio, aunque haya una parte de los políticos de la periferia que apuesten por el independentismo.

Han pasado ya casi 45 años desde que la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que estamos sujetos tanto los poderes públicos como todos los ciudadanos de España, entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. ¿Es este espacio de tiempo suficiente para que se pueda modificar en algunos puntos, o hay que arrastrarla de una forma indefinida sin tocar ni una coma? Pues depende. Todo es cuestión de la necesidad que se tenga. La Constitución, como cualquier ley, no puede ser eterna. La población cambia, las necesidades de las personas son diferentes, y lo normal es que las leyes estén en consonancia con el progreso de la sociedad, pues en caso contrario, y si no se pudieran modificar, seguiríamos todavía rigiéndonos por el código de Hammurabi. De hecho, la Constitución española se ha reformado ya en dos ocasiones: en 1992 y en 2011, ambas siguiendo el procedimiento ordinario. Y no ha pasado nada.

Tanto Felipe González como Alfonso Guerra, abanderados de la vieja guardia socialista, ven que lo que está pasando en la actualidad es, poco menos, que una traición a los principios de aquel PSOE, que consiguió llegar al poder y regir los destinos de los españoles durante más de trece años. Sin embargo ¿ellos no recuerdan que durante el Congreso de 1974, celebrado en Surennes, se renovó el partido y se cambió la orientación política e ideológica del mismo? ¿Aquellos cambios sí que se podían hacer, sin que supusiera eso ninguna traición, y unos cambios en la Constitución actual, no?, ¿por qué?

No admiten el que se pueda negociar con independentistas ni con terroristas, sin embargo, tanto durante el gobierno de González como durante el de Aznar (y también más tarde durante el de Zapatero) se entablaron conversaciones al más alto nivel con unos y con otros, se negoció el acercamiento de presos a las cárceles de Euskadi y la rebaja de penas impuestas por actos de terrorismo; y entonces sí que existía el terrorismo de ETA. Se pretendía que desapareciera la lucha armada y se reconvirtiera en opción política, y ahora que eso ya es una realidad, parece que no es bueno, como tampoco se entiende como bueno la lucha incruenta de los catalanes por conseguir la autodeterminación, algo totalmente legítimo y democrático, porque ¿qué hay más democrático que el que la ciudadanía vote a través de las urnas cualquier modificación o cambio, y quiera, al mismo tiempo, decidir los destinos de su país?

Felipe González y Alfonso Guerra, como si formaran parte de la derecha española más casposa, apelan a que la legalidad esté por encima de todo, y que no se diga hoy una cosa y mañana lo contrario. ¡Qué poca memoria tienen! ¿Qué pasó con aquella frase célebre: «OTAN, de entrada NO»? ¿Y qué pasó después? Respecto a cumplir la legalidad a rajatabla, no voy a dar una relación de todos los casos de corrupción, que son muchos, y de todas las ilegalidades cometidas durante los gobiernos de González, Aznar y Rajoy, y tampoco voy a hablar del apoyo a la guerra de Irak, pero todos recordamos los sumarios en los que han estado implicados, que han supuesto que hasta ministros de unas y otras formaciones acaben entre rejas.

No parece que seamos muy coherentes con nuestras ideas. Nos encerramos en algo que nos parece lo más adecuado, y no vemos que los demás pueden tener unas opciones diferentes, y tan válidas son desde luego las nuestras como las de los demás. Eso, precisamente, debería ser la democracia: «El respeto hacia las ideas ajenas», un respeto que parece ser que solo queremos para nosotros.