La Iglesia católica española ha tenido y tiene un peso muy importante dentro del Estado y ha recibido siempre un gran apoyo de la derecha, hasta el punto de recomendar a los cristianos que en las próximas elecciones voten a opciones conservadoras. ¡Ay, si Jesús levantara la cabeza! ¡Qué diría! Podemos decir que, junto con el ejército, es uno de los poderes fácticos más significativos del panorama nacional y uno de los pesos que hacen inclinar la balanza de la sociedad hacia sus bolsillos.

Durante la Primera República Española hubo un intento de separar la Iglesia del Estado, pero fracasó porque la Iglesia interpuso una demanda de paternidad contra el Estado, algo que en la actualidad nos parecería totalmente surrealista, pero que no me extrañaría nada si en un momento determinado se cerrara el grifo de las subvenciones, algo que desde luego no va a pasar de momento, y si la derecha llega al poder el próximo 23 de julio mucho menos. Antes se rebajará el presupuesto en Sanidad, en Educación, en Servicios Sociales, y se eliminarán las partidas para Igualdad, Memoria Histórica, etcétera

Más tarde, los movimientos obreros lo intentaron por la fuerza: Los anarquistas tirando del Estado por una parte y los socialistas de la Iglesia por el otro. Pero tampoco lograron su propósito. La Iglesia se aferraba al Estado (y a su patrocinio) con uñas y dientes, no quería perder su estatus privilegiado ni mucho menos los beneficios económicos que a diario percibía.

Por aquellas fechas, la Iglesia católica era muy celosa. Tenía miedo de que el Estado se volviera disoluto y decretara la libertad de culto, algo así como el amor libre religioso, y eso no estaba dispuesto a aceptarlo el clero, ni a permitirlo. La Iglesia —pensaban los eclesiásticos— era una entidad con mucha solera, que había hecho mucho por la ciudadanía, pero, sin embargo, no pensaban en el daño que habían hecho a muchas personas, sobre todo a las más ignorantes e indefensas, amenazándoles con las penas del infierno si se apartaban del redil manso al que todos debían de acudir.

Durante el absolutismo, la relación entre Iglesia y Estado había sido placentera y sublime, pero poco a poco se fue volviendo tormentosa. La Iglesia acusaba al Estado de robarle el dinero del cepillo para vicios, y el Estado tachaba a la Iglesia de retrógrada y excesivamente conservadora (lo cual siempre ha sido cierto), hasta que llegó un momento en el que la convivencia se hizo casi imposible, aunque cada parte alimentaba su parcela, y la separación no era total, sino que el Estado seguía proveyendo a su voraz detractora. Pero, seguramente, la Iglesia todavía espera que entre ambas instituciones exista un idilio, porque no se entiende demasiado que en la actualidad se puedan tolerar las inmatriculaciones y las reticencias de la Conferencia Episcopal para actuar penalmente, revelando el enorme número de violaciones infantiles por parte de desaprensivos eclesiásticos, algo que en otros países no ha sido así; pero, mientras tanto, la Iglesia sigue adoctrinando, como siempre lo ha hecho, y sigue ocultando a los curas pederastas o trasladándolos a poblaciones donde no los conozcan y donde puedan seguir dando rienda suelta a sus perversiones. Y ahora, con el PP y Vox en los ayuntamientos más importantes y en la mayoría de las comunidades, lo tienen muy fácil.

El régimen fiscal de la Iglesia Católica Española en la actualidad surgió con el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español para Asuntos Económicos, que se suscribió el 3 de enero de 1979, siendo uno de los más de cien concordatos que existen en el mundo sobre economía y fiscalidad. Dicho acuerdo recoge una serie de mejoras, beneficios y exenciones fiscales para las diócesis, las parroquias y las órdenes y congregaciones religiosas. Pero no hay nada más (en teoría). Sin embargo, desde 1979 hasta hoy, dicho acuerdo ha sufrido profundas modificaciones derivadas de la entrada de España en la Unión Europea: la implantación del IVA, la ley de Reforma de las Haciendas Locales y unas cuantas cosas más. Esas modificaciones, que deberían haber puesto a la Iglesia Española a la altura de las otras Iglesias europeas, lo único que han hecho es beneficiarla, aumentando su glotonería. Aun así, la Iglesia, en vez de apoyar las iniciativas del Estado en materia de Derechos Humanos, lo único que ha ido haciendo hasta ahora ha sido poner trabas a todas esas mejoras que se han ido implantando, para que la sociedad española sea cada vez más libre y los ciudadanos puedan ejercer una serie de derechos sabiendo que estos son amparados por la ley, algo que parece ser que a la Iglesia le molesta.

Algunos subrayan que en España, la Iglesia Católica tiene el mismo régimen fiscal que cualquier otra institución no lucrativa con sede en el país, como pueden ser la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélica, Unidas Podemos, el PSOE, el PP, Vox, la UGT, CCOO, o las congregaciones musulmanas, la Masonería, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Greenpeace, la Federación Española de Tenis o de Baloncesto, y tantos etcéteras como se quieran imaginar. Seguramente es así, pero no podemos olvidar el potencial económico de una y de otras instituciones (potencial que alimenta el Estado), ni tampoco el apoyo que esas instituciones ofrecen al Estado, o la distribución que se hace de los beneficios que reciben, algo que, en el caso de la Iglesia, sólo sirve para alimentar desacuerdos y para creer que aún debe recibir más, mientras su mayor aportación a la sociedad es la crítica a las mejoras sociales, la censura a la creación de nuevos derechos fundamentales y el adoctrinamiento de todos esos que se acercan a sus filas. Así están las cosas. Sin embargo, todavía hay algunos a los que les parece mal que las contemos.