La aparición de Ana Obregón en la portada de la prensa rosa con una bebé recién comprada en brazos ha reabierto el debate sobre los vientres de alquiler en nuestro país. Otras estrellas del famoseo patrio lo habían hecho anteriormente, desde Miguel Bosé a Fernando Tejero o Javier Cámara. Pero, en esta ocasión, muchos aspectos han llamado poderosamente la atención de la opinión pública, como el hecho de que Ana Obregón tiene 68 años, una edad bastante inusual para ser madre, o el hecho, reconocido por ella misma, de que ha encargado a esta niña para llenar el vacío y dolor provocado por la fatídica muerte de su hijo biológico Alejandro Lequio. ‘Ya nunca estaré sola’, publicó en su cuenta Instagram junto a su fotografía con la niña en brazos. Un motivo terrible y egoísta para decidir traer a una personita al mundo, pero como en todos los casos de vientres de alquiler, en realidad.

El capitalismo debe tener límites, no todo puede ser objeto de transacción comercial, al igual que no nos podemos comprar un hígado, no debería de ser posible en ningún lugar del mundo comprar un bebé. Además, tolerar que se pague a mujeres para que lleven a cabo un embarazo, convierte al cuerpo femenino en un objeto comercializable y esto va en contra de los derechos humanos fundamentales y perpetúa las desigualdades de género. Por no decir, que se efectúa con base en una falsa libertad. No es libertad lo que las personas pobres aceptan por supervivencia y que cualquier mujer acomodada no haría, entre otros, por el gran impacto físico y mental que supone el embarazo, sumado al daño psicológico irreparable que implica la separación de por vida del bebé nada más nacer.

Los vientres de alquiler son una forma de explotación reproductiva que debería estar prohibida en todo el mundo. Pero prohibida con garantías, no como sucede en España, que aunque impide esta práctica dentro de sus fronteras, no pone mayor inconveniente a quienes se van al extranjero a compra un bebé. Pueden regresar y registrar a la criatura sin mayor problema ni castigo pese a haber perpetrado un acto tan vil que, según la Ley Orgánica 1/23 es una ‘vulneración grave de los derechos reproductivos’ y una forma de ‘violencia contras las mujeres’. Contundentes palabras que contrastan con tanta desidia en la aplicación efectiva. La única forma de frenar esta barbarie es, efectivamente, impidiendo la inscripción de estos niños y niñas que, al llegar a suelo español, tendrían que pasar al sistema público de protección de menores.

Me resulta gracioso quiénes aducen haber recurrido a este método porque el proceso de adopción en España es lento y tedioso. Si el sistema es así, es precisamente porque es altamente garantista. Escuchaba el otro día el testimonio de una madre adoptante que decía que, si bien ella misma había sufrido cierta desesperación en el camino de la adopción, entendía que, al final, se busca una familia para una criatura y no al revés. El derecho es de los y las menores a encontrar una familia que les cuide y les proteja, no de las familias a obtener un hijo o hija. Nos cansaremos de decirlo, pero es así, la maternidad y paternidad son un deseo, no un derecho. El problema es que las personas ricas, en este sistema capitalista, acaban teniendo la capacidad de convertir los deseos en derechos y, así, obtener a golpe de talonario puentes de oro para conseguir un bebé. Saltar por encima del sistema de adopción cuesta unos miles de euros y la falta de conciencia necesaria para explotar sin remordimientos a una mujer más pobre que tú.

Claro que, hasta para esto de la explotación reproductiva hay clases y clases. Los ricos, digamos normales, se van a países que ofrecen vientres de alquiler ‘low cost’ como India o Ucrania, dónde hemos llegado a ver auténticas granjas de mujeres embarazadas, un verdadero horror. Los ricos muy ricos se van a países un poco más caros, por aquello que decimos que son del ‘primer mundo’, un primer mundo que permite esta violación de derechos humanos, por supuesto. Entonces, como la superrica Ana Obregón, recurren a sitios como Estados Unidos, dónde en algunos estados son legales los vientres de alquiler. En este punto alguien suele decir que, claro, en EEUU no son tan pobres, así que la mujer que se presta a gestar un bebé para otra persona, algo de voluntad tendrá. Pero no tienen en cuenta que, sin necesidad de vivir en la pobreza extrema, en Estados Unidos una mujer puede decidir gestar para acceder a servicios básicos como la educación superior o la sanidad, que son privados y con precios desorbitados. Lo propicia la ausencia de un estado del bienestar que cuide a su ciudadanía y un capitalismo salvaje en el que, hasta lo más esencial, es un bien de mercado. A veces tengo la impresión de que vivimos en una distopía espeluznante.