La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho recientemente que el Gobierno está «trabajando en la posibilidad de crear un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas que consiguen escapar del impuesto sobre patrimonio». Esta figura impositiva, cuyo borrador parece que ya está bastante avanzado, podría entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2023. La ministra ha defendido la necesidad de pedir un mayor esfuerzo a todos esos que tienen unos beneficios extraordinarios, como pueden ser las energéticas y las grandes rentas.
Montero no ha dado detalles sobre el posible futuro impuesto, indicando que «hay que dejar que los técnicos trabajen», pero ha apuntado que esos gravámenes temporales a las energéticas y a la banca, que estarían vigentes durante dos años, podrían hacer que se recaudaran unos 7.000 millones de euros.

Sin embargo, parece que la ministra ha sido excesivamente prudente, al decir eso de que «hay que pedir un mayor esfuerzo», pues precisamente, todos esos (personas físicas o jurídicas) a los que va destinado este nuevo impuesto, no han brillado nunca por su capacidad de esfuerzo para que exista una sociedad más justa y más equitativa.

Este gravamen sería diferente al actual impuesto sobre el patrimonio, que grava la riqueza por encima de los 700.000 euros, aunque excluye, con carácter general, 300.000 euros de la vivienda habitual. De acuerdo con la ley de financiación autonómica, este impuesto está cedido a la comunidades autónomas, por lo que algunas, como Madrid, Andalucía y Murcia (las gobernadas por el PP) lo eliminarán por completo.

La Comisión Europea ha recordado al Gobierno que tiene un compromiso sobre la reforma fiscal, que debe entrar en funcionamiento a principios de 2023. La polémica sobre esas comunidades autónomas, que pretenden bonificar en su totalidad este impuesto, está servida, hasta el punto de que el Gobierno ya ha avisado de que estas comunidades, si eliminan ese gravamen, después no reclamen financiación por parte del Estado.

Algunos economistas (los más conservadores) indican que si se grava a las grandes fortunas de alguna manera, esas fortunas se marcharán del país, mientras que si se consigue que no tributen en exceso van a permanecer aquí.

Esto parece la amenaza de siempre, y es la amenaza de los poderosos, que se consideran patriotas de bandera y de himno, que se les llena la boca con España, pero que no son patriotas a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias o fiscales, que las han de sufragar siempre los mismos: Los que están en la parte baja del escalafón económico, es decir, los mismos de siempre.

Las fuentes comunitarias indican que «hay que dar apoyo a los hogares más necesitados y más vulnerables», y que «hacen falta más ingresos y que la recaudación sea lo más eficiente y eficaz posible». Pero a determinadas comunidades, todo esto les trae sin cuidado, y a ellos lo que les preocupa es gobernar para los de siempre: «La flor y nata de la sociedad», aunque sepamos que se trata de una flor marchita y podrida y de una nata que ya está muy agria.