Ya ha salido la primera sentencia del Juzgado de lo Social que obliga al Ayuntamiento de Sagunto a integrar en su plantilla a una persona trabajadora de la Universidad Popular. Como el tribunal reconoce, la relación contractual era fraudulenta, así que no queda otra que apechugar. El resto de los pleitos van a correr la misma suerte, con lo cual, todo el profesorado que venía prestando sus servicios en la UP se terminará integrando en el consistorio como personal ‘indefinido no fijo a tiempo parcial de carácter discontinuo’. Entre los cuatro que ya habían ganado el juicio y los que han iniciado el proceso, entre los que se encuentra este primer pronunciamiento judicial, podemos hablar de unas 15 personas. Para no ser la Universidad Popular, como no lo es, un servicio de competencia municipal, al final, su personal pasará a depender de esta hacienda local. Con el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo ocurre algo parecido, ya tenemos a su profesorado a cargo del consistorio. Empezó en 2001 con nueve personas y ya son veinte. Dentro de nada, la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Sagunto superará las 800 personas, además de los que trabajan en la SAG, que son unas 350 y las del Consell Agrari. Cada vez más gasto. Luego, para hacer obras, hay que pedir dinero prestado.
El tripartito tiene una buena oportunidad para aligerar carga económica. La Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, abre la posibilidad de integrar los conservatorios profesionales de música y danza de las administraciones locales en la Red Valenciana de la que es titular la Generalitat. La norma se publicó en el BOE el 22 de enero pasado. Seis meses han transcurrido ya y, por ahora, el pleno municipal no ha tomado el acuerdo, como es preceptivo, de solicitar la cesión. El tripartito tiene la palabra, obviamente. No creo que nadie con dos dedos de frente se oponga a transferir a la Generalitat el conservatorio, que es una ruina total para el municipio. Lo que no sé es porqué no se ha planteado ya.
Además, al alumnado le vendría de perlas que este centro de enseñanza musical pasara a depender de la Generalitat, sobre todo, porque pagaría una quinta parte de las tasas que abona ahora, que no está nada mal. En fin, a ver si el tripartito se pone las pilas, pide la cesión y empieza a quitarle carga económica al maltrecho consistorio. La verdad es que, en los seis meses que han pasado ya desde que entró en vigor la normativa, tiempo de iniciar los trámites han tenido de sobra, aunque ya saben que las cosas de este palacio van muy despacio, y mucho más de cara al mes de agosto que vamos. Habrá que estar atentos.