Hace tiempo, escribí acerca de la estrategia golpista que “los globalizadores” empleaban para derribar gobiernos que no conseguían derrocar las urnas. Esta estrategia, Lawfare, es la “Guerra Jurídica”. Así, el capitalismo, (no solo los americanos) han derribado gobiernos (Lula, Dilma, la Kirchner…) y se han cargado movimientos sociales: metiendo en la cárcel como si se tratase de corruptos o criminales a los líderes de los movimientos sociales y/o de masas.

Pues bien, contando con una estructura tan propicia como puede serlo un sistema judicial heredado del franquismo y jamás pasado por el lavadero, con lo cual ni siquiera se le ha limpiado el barro que cogió en las cunetas, la estrategia del lawfare poco a poco se va imponiendo aquí, en España.

Esta estrategia no distingue entre izquierda y derecha, sino entre quienes les son útiles y quienes les estorban. Por eso, da lo mismo Antonio que Juan. Hasta ahora se habían cebado con Podemos: sin ahondar, por ser bastantes conocidos los salvajes e indecentes métodos para llenar de porquería judicial a Pablo Iglesias, Irene Montero, Monedero, etc, debemos recordar que con el concurso de jueces corruptos se echó del Congreso al diputado canario Alberto Rodríguez (el de las rastas) y lo mismo se le hizo a la jueza, también canaria, Victoria Rosell.

Pero esta no es una estrategia contra la izquierda solamente, sino también contra todo aquel o aquella que moleste. Por ejemplo: Jordi Pujol. Este no es que fuese inocente, sino que el expediente inculpatorio salió del cajón justamente en el momento más caliente del Procés. Casualidades jurídicas.

Ahora le ha tocado a Mónica Oltra, perteneciente al nacionalismo molesto. La “justicia” se empeña en hacerle pagar las culpas del guarro de su exmarido. La verdad es que se lo han puesto a huevo a la derechona, es difícil decir que institucionalmente no tiene responsabilidad alguna en los hechos acontecidos, aunque los que tenemos algo de memoria recordemos a una ministra de Rajoy a la que “se le apareció” en el garaje un Jaguar y no sabía de donde había salido; o recordemos también a un Presidente del Gobierno y su Vicepresidenta, para más señas vecinos de despacho de la Cospedal, que, no es que no supieran nada de los 301 casos de corrupción que tenían pendientes con la justicia por un monto de 124.123,915.526 euros, es que ni siquiera se enteraban de que la sede de Génova en la que estaban se estaba reformando con dinero negro. Solo recuerdan lo molesto que era aguantar a los albañiles.

Queda despedirnos, Mónica. Por mi parte decirte que, aunque ideológicamente, nunca coincidí contigo, tienes mi respeto por honesta, currante y entregada a tu causa… y porque, lo que te han hecho entre unos y otros, no tiene nombre.