Que un buen día de mediados de mayo estes tan ricamente en tu casa y recibas un burofax en el que te dicen, sin anestesia, que dentro de mes y medio te vas a la puta calle, eso sí, con muy buenas palabras, la verdad, es para joderte el sueño a partir de ese momento. Pues esto es exactamente lo que les ha ocurrido a las setenta familias que habitan, bajo régimen de alquiler, en el bloque de viviendas situado en el PAI Pinaeta, que el pasado 18 de mayo recibieron un escrito de la propietaria de estos pisos en el que se indicaba, entre otras cosas, lo siguiente:
«En los próximos días contactaremos con ustedes para concertar cita para la firma del documento de resolución del arrendamiento y entrega de llaves, lo cual deberá producirse antes de la fecha del 29 de junio de 2022». Como se puede ver, todo muy civilizado, aunque, al final, esto no deja de ser un desahucio colectivo en toda regla.
El edificio que tendrán que abandonar los inquilinos fue promocionado por el Instituto Valenciano de la Vivienda en la legislatura 2003-2007 y se construyó en este emplazamiento, sobre un terreno de titularidad pública, que, después, pasó a ser de propiedad privada, concretamente del grupo Ática. Ahora, que ya han pasado diez años del contrato firmado con la Generalitat Valenciana, la empresa, que no parece pasar por su mejor momento, quiere disponer del inmueble para venderlo entero. Como la Generalitat Valenciana tiene lo que se denomina el derecho de tanteo, a ver si, efectivamente, se compra y se continúa destinando al alquiler, con lo cual, se resolvería el problema de estas familias. Esperaremos acontecimientos, porque habrá que ver si se dispone de fondos para afrontar esta compra. De momento hay buenas intenciones, pero está todo en el aire.
Los vecinos han dicho que la propiedad quiere desalojar las viviendas para vender la finca, es una opción, desde luego, pero tampoco se puede descartar que, teniendo en cuenta las expectativas que ha levantado la futura instalación de la gigafactoría de baterías del grupo alemán Volkswagen, se quiera disponer de estos pisos para alquilarlos a mayor precio, porque, no nos engañemos, esta industria trae ventajas, pero también algunos inconvenientes, como, por ejemplo, un incremento generalizado del precio de la vivienda, tanto para el alquiler como la venta.
En todo caso, ha quedado acreditado que son pan para hoy y hambre para mañana las políticas de vivienda social que se impulsaron con ayudas públicas desde la Generalitat, confiando al ámbito privado su desarrollo. Cuando las políticas neoliberales se desnudan, quitándoles el amplio compromiso social, pasan estas cosas y otras peores que veremos. Ya nos están vendiendo que el desigual reparto de los recursos no es injusto siempre que se respete la igualdad de oportunidades, así que, al tiempo.
