Varapalo judicial

Viernes, 08 Abril 2022 21:08

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, que deja sin efecto el decreto de la Generalitat que proclamaba Paraje Natural Municipal la montaña de Romeu, ha puesto de relieve que con esta disposición no se pretendía proteger el monte, sino propiciar el cierre de la cementera por inanición. El Juzgado deja bien sentado que, por un lado, no se garantizaba la viabilidad económica del Paraje Natural Municipal, lo que demuestra que para los impulsores de esta iniciativa se trataba de una cuestión muy secundaria. De hecho, es evidente que los avances han sido muy tibios desde que entró en vigor el decreto. También deja muy claro el pronunciamiento judicial que la actividad extractiva en la cantera quedaba seriamente amenazada, por lo que hubiera sido cuestión de tiempo que la empresa echara el cierre por falta de materia prima.

Si contextualizamos este episodio, nos remontaremos al 29 de marzo de 2019, que es cuando se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Generalitat. Faltaban alrededor de dos meses para las elecciones municipales del 27 de mayo y las autonómicas estaban a la vuelta de la esquina, tras adelantarlas Ximo Puig al 28 de abril. El ambiente electoral era máximo y la presión que se ejerció desde Sagunto, sobre todo, por los nacionalistas de Compromís, Acció Ecologista-Agró y los vecinos de Romeu-Bonilles no fue poca cosa. Francesc Fernández, entonces alcalde del municipio, que aspiraba a la reelección, se jugaba mucho, por eso no dudó en poner todo su empeño e influencia política para conseguir que la Generalitat diera el paso decisivo antes de las elecciones. Sin embargo, después de todo el esfuerzo, no pudo mantener la vara de mando.

Habrá que esperar a que las partes interesadas recurran la sentencia y ver si en la instancia superior el fallo del TSJCV termina cobrando firmeza. De cualquier forma, este primer asalto ya lo ha ganado Lafarge. Creo que si realmente se quisiera proteger la montaña y no se persiguiera el cierre de la planta de cemento, que era, ciertamente, el objetivo de esta operación, se habría planteado el desarrollo del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Sagunto y la compañía, en lugar de echarle más cargas económicas a un consistorio que ya lleva dos años, el 20 y el 21, cerrando con déficit y sin posibilidad de hacer obras con recursos propios porque el gasto corriente y el de personal se ha llevado a tal extremo que los ingresos municipales no dan más de sí.

Por cierto, a ver si nuestras autoridades municipales se dignan y tienen a bien acondicionar el aparcamiento de la playa, el situado detrás del antiguo edificio de la Cruz Roja, que está plagado de baches.


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