‘No mires hacia arriba’ es una de las películas del momento. Dos científicos descubren que un cometa se acerca a La Tierra y que, si no se detiene, supondría una extinción masiva similar a la de los dinosaurios. Ante la evidencia científica de que esto va a suceder, los negacionistas rehúsan creer que este meteorito sea una realidad, mientras que políticos y millonarios juegan con el asunto para sacar rédito del desastre. El paralelismo con la actualidad es más que evidente, podría ser la COVID o el cambio climático. El último cocktail de negacionismo y trilerismo político ha venido a cuenta de las macrogranjas, por unas palabras del ministro de Consumo Alberto Garzón, que dijo algo bastante evidente: la ganadería intensiva tiene un gran impacto ecológico y la ganadería extensiva es un modelo más respetuoso y con más beneficios. Primero, intentaron vendernos la moto de que el ministro había atacado a la ganadería española, algo completamente falso y, después, que las macrogranjas directamente no existen en España. Pero las macrogranjas siguen ahí, ¡claro que siguen ahí! Las infraestructuras que albergan miles de cabezas de ganado existen y lo hacen con todas sus consecuencias: malos olores, contaminación de suelos, aguas y aire y destrucción de la ganadería familiar. Mientras tanto, nos tratan como necios y nos dicen: ‘no mires hacia la macrogranja’.

La finalidad política de esta intencionada polémica parece clara: las elecciones de Castilla la Mancha. Sin embargo, la derecha se equivoca profundamente en este asunto. Cuando Pablo Casado y compañía hacen un alegato a favor de las macrogranjas, no están mirando por el bien del mundo rural, están mirando por el privilegio urbanita de comer carne barata a diario mientras las consecuencias las sufren los pueblos que albergan una de estas infraestructuras, con el mal olor y la contaminación que supone. En las comarcas en las que se concentran espacios de ganadería industrial el agua ha llegado a unos niveles de contaminación por el filtrado de los nitratos de los excrementos que hacen que el agua no sea apta para consumo humano. Desde la ciudad cuesta poco despreciar los problemas del mundo rural y desde el privilegio la destrucción de la pequeña economía agraria que está suponiendo la expansión descontrolada de las macrogranjas. El PP nacional incluso desautoriza y desprecia los posicionamientos de sus agrupaciones regionales situadas en las zonas rurales que, con conocimiento sobre terreno de las problemáticas, ya se habían posicionado en contra de estas factorías de la carne. ¡Cuántos tuits han tenido que borrar en estos días!

En fin, y si cuesta poco olvidarse del no tan lejos pero poco vertebrado mundo rural, ni se imaginan lo poco cuesta hacerlo de los países empobrecidos, donde la producción de soja para alimentar a los animales provoca desertificación y desplazamientos de población indígena a la que se les arrebata la tierra. Y es que la principal fuente de alimentación para el ganado es la soja, un cultivo que no producimos en España, por lo que necesariamente viene de fuera, de América Latina esencialmente. Un reciente informe de Ecologistas en Acción señala que un 70% de la producción este cultivo se produce en zonas boscosas deforestadas de países como Brasil o Argentina y mientras el consumo y producción de carne no para de crecer, la deforestación sigue imparable.

Lo que comemos tiene consecuencias a nivel mundial, sobre el medioambiente y sobre las personas. Consumir menos carne y que esta sea más sostenible (y de más calidad), es imprescindible para el bienestar colectivo. No se trata de privar a nadie de comer carne, se trata de que todos consumamos menos y que tenga menos peso en las economías familiares, para que el consumo pase de ser diario a ser más ocasional. Un filete barato aquí puede ser un pueblo sin agua potable en Aragón y kilómetros de selva amazónica deforestados en Brasil. Mientras tanto, la ganadería familiar contribuye al desarrollo económico del medio rural, fija población y ayuda a modelar el paisaje y preservar la biodiversidad. Las personas consumidoras tenemos la voluntad de hacer una compra de alimentos más consciente y responsable, falta que las administraciones públicas ayuden con normativas que establezcan un etiquetado claro que nos ayude a tomar mejores decisiones a la hora de llenar nuestras cestas.