En el pleno municipal del 30 de diciembre de 2020 se aprobó, a instancias de La Forja, una declaración institucional que daba luz verde al inicio de acciones legales contra el convenio firmado en 2007 entre ACUAMED y el consistorio saguntino para acometer la construcción de la planta desalinizadora, así como los elevados sobrecostes sobrevenidos durante la ejecución del proyecto. El plazo establecido era de tres meses, es decir, hasta el pasado 31 de marzo. Sin embargo, estamos finalizando 2021 y aquel acuerdo se ha convertido en papel mojado, por consiguiente, el Ayuntamiento de Sagunto no ha movido ni un dedo para defender sus intereses. ACUAMED sí lo ha hecho, presentando un contencioso administrativo contra la institución municipal saguntina para reclamarle más de 5 millones de euros, cuantía que correspondería a los primeros pagos por la amortización de esta instalación.
La verdad es que el asunto de la desalinizadora se ha gestionado muy mal desde sus inicios. No hacía ninguna falta esta planta ni en 2007 ni ahora. El primer error que cometió el Gobierno tripartito de la época, formado por el PSOE, Comprimís y Esquerra Unida, fue firmar un convenio completamente inasumible para el municipio. Fueron muchas las voces que advirtieron de las consecuencias económicas negativas que tendría para Sagunto la firma de aquel acuerdo con ACUAMED, pero el equipo de gobierno hizo oídos sordos, metió la cabeza debajo del ala y firmó.
Una vez hecho el daño, la verdad es que este asunto no se ha querido abordar con el rigor y la seriedad debida. Con pedir a la administración central que asumiera el coste de esta instalación y el de su mantenimiento, han dejado pasar los años con el muerto en el armario, y ahora, en 2021, catorce años después de aquella decisión errónea, el municipio se enfrenta a una demanda que, como le salga bien a los de ACUAMED, tendrá unas consecuencias económicas millonarias para el municipio y, por ende, para los vecinos.
Pero aquí no terminan las complicaciones, el principal consumidor de agua, que es ZUMAVESA, también le ha puesto un pleito al consistorio porque está pagando un dineral por el suministro de agua. Dicen que por la sostenibilidad ambiental se penaliza el mayor consumo, aunque lo cierto es que se ha desplazado el peso de la tarifa a las empresas para que los ciudadanos no soporten en toda su plenitud el coste real del agua, tras su privatización que, por cierto, también se decidió en la legislatura de 2007. Como la demanda de ZUMAVESA prospere y a la industria se le termine aplicado una tarifa de agua industrial, que sería lo normal, nos vamos a enterar de cómo nos afectan las malas decisiones políticas.
