Pedro Sánchez aseguró no hace mucho que las próximas medidas del Ejecutivo, después de la eutanasia, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital o la reforma de las pensiones (todo medidas de progreso), serían la abolición de la prostitución, la anulación de la ley mordaza y un cambio profundo en la reforma laboral del PP (no empleó la palabra derogación, pero se entendió que eso era lo que quería decir). Sin embargo, y después de varios días de discrepancias entre las dos partes del Gobierno (PSOE y UP), el pasado 2 de noviembre, el presidente del Ejecutivo se reunión con las vicepresidentas primera y segunda (Nadia Calviño y Yolanda Díaz), llegando a un acuerdo en el que ambas partes se comprometían a «derogar la reforma laboral de 2012», empleando así la palabra clave «derogar» que se resistían a emplear, aunque fuese la más adecuada.
Ahora parece que ese vocablo, aunque forma parte de un concepto político, no puede considerarse así en términos legales, pues la legalidad vigente no lo contempla. Doctores tiene la Iglesia para interpretar las escrituras, y los que somos profanos en determinadas materias, hemos de aceptar lo que se diga, y cómo se diga, por parte de quienes saben de qué hablan. En cualquier caso, lo importante es lo que se haga y no lo que se diga. Las palabras son sólo palabras, y aunque sirvan para matizar aquello de lo que hablamos, y aunque se deban emplear en su justa medida, no son las que determinan la realidad de los hechos.
Precisamente, la reforma laboral del PP, aunque los populares digan que trajo más empleo, lo único que fundamentalmente supuso fue la reducción de los salarios y que los contratos fueran cada vez más precarios, y esto sólo beneficiaba a los de siempre (la patronal), o sea a aquellos para los que, sobre todo, gobierna el PP.
La reforma laboral, que CCOO y UGT le exigieron a Sánchez en su discurso del día anterior al congreso del PSOE en Valencia, estaba en plena negociación por parte de Yolanda Díaz (ministra de Trabajo), los sindicatos y la patronal, y tiene que estar preparada antes de finales de año porque ese es el compromiso con Bruselas.
Realmente este es un asunto decisivo, porque hay mucha oposición por parte de los empresarios en algunos temas, además de que la Comisión Europea también vigila; por lo tanto, el Ejecutivo tendrá que decidir en breve su disposición para llevarla a cabo, incluso sin el acuerdo de la patronal, como hizo con la última subida del salario mínimo; y el mensaje que dejó Sánchez en el congreso era un aviso a los empresarios de que iba en serio, algo que una mayoría espera que sea así, porque a quien va a beneficiar es a todos los trabajadores, o sea, a una mayoría de la población, que es la más precaria, en perjuicio, claro, de una pequeña parte de la población que, sin embargo, es la que ostenta el poder y la que dicta a los políticos cuáles deben ser las políticas a aplicar en muchas materias, sobre todo en materia laboral.
La oposición ya está calentando motores, como siempre hace la derecha, para oponerse con todas sus fuerzas a la derogación de la reforma laboral que el PP aprobó en su día; y es que a la derecha le parece bien que se dé a la banca una cantidad ingente para sanear su déficit, ocasionado únicamente por una mala gestión empresarial (y no hace falta hablar de las abultadas nóminas de los altos ejecutivos, ni del desvío de fondos a paraísos fiscales). A la derecha le parece bien que los grandes terratenientes (que forman parte a menudo de la nobleza) cobren las ayudas de Europa en materia de agricultura; o que la Iglesia católica inmatricule inmuebles que no les pertenecían, o reciban del Estado suculentas cantidades de dinero, que van destinadas no sólo a la enseñanza que imparten (en muchos casos dogmática), sino también a los bolsillos de prelados, cardenales, obispos y sacerdotes, que viven (sobre todo los de más alto rango) como reyes en sus palacios episcopales, haciendo caso omiso a su voto de pobreza.
Tampoco importa mucho a esa derecha que nos ha gobernado, y que está a la cabeza de la oposición, que mantengamos a la Corona, a las hijas y nietos del emérito, a los propios eméritos y a su cohorte de guardaespaldas. Todo eso parece que está muy bien, y aún podría añadir algo más; pero que los trabajadores disfruten de un salario digno, de un contrato de trabajo adecuado a la valía de su formación y de su capacidad laboral, y que nuestros jóvenes tengan oportunidades reales de trabajo en nuestro país, para que no tengan que buscarlas en el extranjero, eso ya parece harina de otro costal.