La historia se repite. En la mañana del 26 de marzo de 2013 se levantó la primera acta de apeo que marcaba los lindes, en el malecón de Sierra Menera, de la propiedad privada reconocida a Prosagunsa por los tribunales. Posteriormente, el Ayuntamiento interpuso un contencioso ante la Audiencia Nacional que dejaba sin efecto la resolución del Ministerio, que extraía del dominio público marítimo terrestre dicho suelo. El pasado día 21 se volvían a reunir las mismas partes para levantar el nuevo deslinde. De esta manera, se pone en marcha otra vez el procedimiento. El Ayuntamiento de Sagunto presentará alegaciones contra la decisión de que esta parcela quede desafectada por el dominio público marítimo terrestre y, seguramente, volverá a pleitear. Costas quiso integrarlo en el proyecto del paseo marítimo que presentó en 2008, cuando todavía no estaba reconocida la propiedad por sentencia judicial, pero aquello salió mal.
Si las acciones legales que pueda emprender el Ayuntamiento de Sagunto dan el mismo resultado, se entraría en un bucle y cada equis años se repetiría el procedimiento. Pero si, finalmente, se consolida la desafectación del dominio público marítimo terrestre, que también puede ocurrir, los propietarios del suelo, como es natural, reclamarán al consistorio que se le reconozcan los derechos urbanísticos que le correspondan o, en su defecto, trasladarán el asunto al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, lo que terminaría con una confiscación, cuyo coste para el municipio sería muy elevado. Nada que ver con los cien millones de euros que estimaba la propiedad, pero, en cualquier caso, muchísimo dinero.
No hace falta ser ningún especialista en estas cuestiones para darse cuenta de que el Estado, desafectando estos terrenos del dominio público marítimo terrestre, está quitándose un muerto de encima y, al mismo tiempo, poniendo al Ayuntamiento de Sagunto en un aprieto. Por otro lado, como el 22 de diciembre de 2010 la Audiencia Provincial de Valencia reconocía en sentencia firme que Prosagunsa era propietaria de estos terrenos, parece evidente que cuando se levante la afección del dominio público, ese solar que ahora no vale gran cosa, valdrá un dineral.
En este largo conflicto, los que adquirieron la concesión de Sierra Menera en una subasta de la Seguridad Social, allá por 1988, lograron en 2010 que se les reconociera la propiedad y, probablemente, terminarán consiguiendo que este terreno se excluya del dominio público marítimo terrestre. Entretanto, el solar permanece abandonado, en una de las principales entradas del pueblo, y con pocos visos de que el asunto se vaya a resolver en el corto plazo. ¿Cuántos años más tendremos que esperar?
