Indultos

Viernes, 04 Junio 2021 21:07

Quizá cuando aparezca este artículo esté ya desfasado, pues lo estoy escribiendo el 30 de mayo para que aparezca el 4 de junio, y es posible (aunque lo dudo) que el conflicto ya esté solucionado en esas fechas, pero, aun a riesgo de que esto suceda, lo voy a intentar, porque un problema como este no creo que se solucione de la noche a la mañana, es más, este es uno de esos conflictos que se vuelven endémicos, que se infectan en la opinión pública y que, aunque se olviden en un determinado momento, vuelven a surgir otra vez, y con más virulencia con la que habían brotado antes.

Pablo Casado, líder del PP, anunció el pasado viernes que su formación recogería firmas para evitar que el Gobierno indulte a los políticos catalanes condenados por el procés. Esta formación, que se manifestará junto con VOX en Colón el próximo 13 de junio, ya tomó esta medida en 2006 contra el nuevo Estatuto de Cataluña, aunque con posterioridad, algunos dirigentes del PP consideraron la estrategia equivocada, porque muchos catalanes (incluidos algunos del propio PP) la vieron como una agresión.

Algunas voces del PSOE también se oponen a la medida de gracia, aunque varios ministros, el presidente de la Comunidad Valenciana y las presidentas de Baleares y La Rioja ven acertada esta medida, por considerar que se trata de un gesto conveniente hacia los independentistas y un error el judicializar un conflicto que se debe resolver a través del diálogo y el consenso.

Sin embargo, más allá de condenar a unos políticos por instalar unas urnas de una forma pacífica, para votar sobre una posible autodeterminación, deberíamos reflexionar sobre la necesidad de algunos indultos y sobre su posible conveniencia, pues estos que se rasgan ahora las vestiduras por los indultos a los políticos catalanes, son los mismos que solicitaban clemencia para los militares condenados por el golpe del 23 F, y estos sí que habían intentado desestabilizar la democracia, y a través de las armas, asaltando el Congreso de los Diputados con metralletas y pistolas y sacando los tanques a la calle (los tanques, no las urnas). El general Armada, por ejemplo, uno de los máximos dirigentes de aquel intento de golpe de Estado, que fue condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por un delito de rebelión militar, consiguió su indulto en 1988, es decir, apenas 7 años después.

Pero en la lista de indultos polémicos podemos incluir también los concedidos al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González, que habían sido condenados por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. En estos casos, aunque la fiscalía se opuso a los indultos por pensar que no eran de justicia, alegando además la falta de arrepentimiento, el Supremo apoyó un indulto parcial al considerar que se había reducido la alarma social que provocó su delito y recordando que los GAL habían abandonado ya las armas.

Tampoco pasaron desapercibidos los indultos concedidos en 2012 a dos militares por falsear las identificaciones de varias de las víctimas del accidente del Yak 42; ni el indulto concedido en el año 2000 al ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que había sido condenado a 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Sogecable; o el indulto que benefició en 1995 al ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea tras ser condenado por malversación y prevaricación.

Estos, como se puede ver, son algunos casos de indultos notables (apenas la punta de un iceberg), que a pesar de la polémica se han llevado a cabo. Las polémicas siempre la suscitan, en general, aquellos que son de diferente color al gobierno que promueve los indultos, o aquellos que están, por alguna razón, en contra de los condenados; pero si en unos casos tendríamos que tener en cuenta la gravedad de los hechos, el empleo de la violencia y el uso de las armas, en el caso que nos ocupa en la actualidad tendríamos que valorar el hecho de que la mitad, aproximadamente, de los catalanes, está a favor del independentismo, y los líderes del procés condenados son solamente los políticos elegidos por esa mitad de los catalanes, nada que ver, por ejemplo, con los militares golpistas del 23 F.

Los que no somos catalanes, ni independentistas, tendríamos que analizar este hecho y pensar que el diálogo, los pactos y los acuerdos deberían ser lo único que nos llevara a solucionar el conflicto existente entre los nacionalistas y los no nacionalistas, eludiendo la judicialización del problema, que lo único que hace es aumentar la hostilidad, y ya hay bastante enfrentamiento en el Congreso entre las derechas y las izquierdas como para echar más leña al fuego en un asunto en el que, como la mayoría, se puede, y se debe, resolver a través del diálogo.


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