Vivimos en un país democrático, aunque haya muchos que no lo consideran así; porque es imperfecto, desde luego (¿hay alguno perfecto?), con muchas lagunas (¿quién no las tiene?), pero democrático al fin, donde para reclamar cualquier derecho que se encuentre menoscabado no es necesario llegar a esos extremos de violencia que invalidan cualquier pretensión democrática.

Nuestra Constitución se firmó en unos términos que no fueron los más adecuados, desde luego. La concordia, y el llegar a un entendimiento pacífico, primó más, por ejemplo, que los derechos de los vencidos durante la contienda civil; pero la Constitución, como cualquier otra Ley siempre puede ser revisada, modificada, anulada o cambiada por otra que beneficie más los intereses de los damnificados y de una mayoría; y digo mayoría porque siempre habrá alguien que se encuentre excluido, o que se sienta repudiado. Y en ese punto están derechos como, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de ideas y de principios, las libertades políticas, y todas las libertades que ensanchen nuestra independencia a la hora de elegir nuestros destinos o marcar el régimen político que queremos para que nuestra convivencia sea la más óptima.

Hay muchos que piensan que si no hubiera sido a través de la violencia no se hubieran conseguido todos los derechos que a lo largo de la historia hemos adquirido. Esta —entiendo— es una opinión sesgada. Es cierto que muchas veces las buenas palabras y el pacifismo no son suficientes para conseguir erradicar aquello nefasto que nos oprime, y hemos de pasar a la acción, como única forma de reivindicar esos derechos reclamados (los activistas, al menos, así lo entienden); sin embargo no es lo mismo aplicar la violencia en un Estado que no admite ciertos derechos que en otro en el que se puede alcanzar todo eso que reclamamos a través del diálogo, a través de la concienciación, a través de los cambios políticos o a través de la implantación de leyes nuevas que corrijan los desmanes de las anteriores y aumenten las libertades individuales y colectivas.

No es necesario, en estos tiempos y en este país, llegar a unas cotas de violencia como las que hemos estado viendo últimamente, para reclamar que el derecho a la libertad de expresión no esté sujeto a ninguna tenaza jurídica, porque, seguramente, el derecho a la libertad de expresión existe, pero la tenaza jurídica está puesta en otros supuestos derechos que sí son cuestionables.

No tiene ninguna explicación semejante brutalidad, semejanza barbarie. ¿Acaso no tienen también sus derechos aquellos a los que se les han quemado sus vehículos, o todos esos a los que se les han roto los escaparates de sus tiendas y comercios, se les han saqueado prendas y se les han robado objetos? Prenderle fuego a un vehículo con una persona dentro, como ocurrió el pasado sábado, no tiene nombre, y desde luego refleja con total claridad la calaña del individuo que comete semejante atrocidad.

La violencia sólo engendra más violencia, y si la violencia desplegada por las fuerzas del orden público no está justificada en muchas ocasiones, tampoco lo está la desplegada por esas hordas terroristas callejeras, que no son sólo antisistema sino también antitodo, que lo único que pretenden es unirse a cualquier tumulto para hacer un daño gratuito, indiscriminado y confuso; y con el pretexto de la protesta desplegar su agresividad contra todos aquellos bienes públicos o privados, que no representan en absoluto nada de aquello contra lo que se arremete.

En más de una ocasión he manifestado públicamente mi rechazo a cualquier tipo de explotación, a cualquier tipo de sometimiento, opresión o tiranía, pero justificar, en beneficio de eso, una violencia como la desplegada últimamente, me parece totalmente injustificada y fuera de lugar.