El Gobierno de Sagunto, entre 2016 y 2020, ha estado sostenido por el PSOE, Compromís y Esquerra Unida, primero con Francesc Fernández al frente de la Alcaldía y, desde mediados de 2019, con el socialista Darío Moreno en la presidencia consistorial. Durante ese quinquenio, el tripartito ha programado unas inversiones para el municipio de 119,5 millones de euros, cantidad que es el resultado de la suma de los cinco presupuestos de inversiones aprobados durante este lustro. Si ese capital se hubiera invertido, ni que decir tiene que el municipio habría sufrido una considerable transformación, pero el papel, que es muy sufrido y lo admite todo, es una cosa y la tozuda realidad otra bien diferente. Al final, entre 2016 y 2020, solo se han gestionado 29,6 millones de euros, lo que implica un grado de ejecución del 24,80% sobre la planificación total prevista. No perdamos de vista, además, que para financiar muchas de esas inversiones que, finalmente, no se han podido llevar a cabo, el tripartito ha tenido que recurrir al endeudamiento, es decir, a pedirle préstamos al banco.
Lo que se ve con absoluta nitidez es que el tripartito ha incrementado sobre el papel las inversiones año tras año, inicia esta senda en 2018 con 22,9 y la cierra en 2020 con 35,5 millones de euros, por tanto, el crecimiento registrado en un trienio alcanza el 126%, sin embargo, no parece que en ese periodo haya crecido en la misma proporción el personal que debe de gestionar la tramitación de los expedientes para la adjudicación de esas obras. De todo este modus operandi se puede deducir con poco margen de error que el tripartito siempre ha sabido que las obras programadas no se podrían ejecutar, aunque lo verdaderamente importante, el objetivo que se perseguía era puramente propagandístico: anunciar a bombo y platillo unas inversiones nunca vistas con anterioridad. Se trataba de transmitir a la ciudadanía la imagen de un gobierno muy capaz, muy emprendedor y con una gran capacidad de gestión.
Lo que se ha puesto de relieve es que, en unos casos, aun disponiendo del dinero, no se han podido sacar adelante todas las inversiones, pero también es cierto que una parte de esas actuaciones se iban a costear con unos ingresos municipales plasmados sobre el papel, pero totalmente irreales, como, pongamos por caso, la recaudación por multas o por venta de solares de propiedad municipal. A esto hay que añadir que la nueva ley de Contratos del Estado lo ha complicado todo mucho y que los registros de la UDEF, que se iniciaron en 2016, todavía están frescos en la memoria. En definitiva, entorno al 75 por ciento de las inversiones programadas entre 2016 y 2020 están sin ejecutar. Muy mejorable.
