En 1988 Felipe González inició el proceso de privatización de Endesa que culminó a principios de los años 90 con el gobierno de José María Aznar, un expolio legal que hoy en día impide tomar medidas más contundentes contra la pobreza energética mientras las tarifas suben y las familias no pueden afrontar el coste en momentos como este de ola de frío. Como todas las privatizaciones de esa época (Repsol, Telefónica o Gas Natural, entre otras) ha sido pan para hoy y hambre para mañana, lo que en su momento supuso un chute de capital para el Estado, se ha destapado como un ruinoso negocio para el país, que se deshizo de empresas fructíferas y rentables para que el beneficio se lo acabaran llevando grandes multinacionales mientras que la subida constante del precio de los servicios acaba recayendo, como siempre, sobre la gente humilde.
Además, los sucesivos gobiernos no se han atrevido a tomar medidas de calado para reformar el mercado energético, porque el oligopolio de las eléctricas es fuerte y sabe cómo presionar, también sabe cómo comprar voluntades ofreciendo un puesto en el consejo de administración al ministro, presidente o político de turno, las famosas puertas giratorias o el ‘hoy te legislo a favor y mañana me das un suculento sueldo en tu empresa’.
En 2020 el mercado de fichajes ‘puertagiratorios’ ha estado bien candente, con un montón de ex del gobierno de Mariano Rajoy que colocar. Algunos de los más destacados han sido la entrada de Isabel García Tejerina, Ministra de Medio Ambiente entre 2014 y 2018 en la filial brasileña de Iberdrola o la de Fátima Báñez, Ministra de Empleo entre 2011 y 2018 en la filial mexicana de también Iberdrola. Del banquillo del PSOE también aparecen algunos nombres como el de José Blanco, Ministro de Fomento entre 2009 y 2011, que este pasado año entró al consejo de administración de Enagás.
Por otra parte, el sistema actual de fijación de precios otorga barra libre a la especulación por parte del oligopolio de la energía en España, que acabamos pagando los consumidores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia condenó a UNESA, patronal de las eléctricas, por la manipulación del mercado, sin embargo, ha reconocido que tiene dificultades para cobrar las multas impuestas a las eléctricas. Entre 2000 y 2012 solo pudo recaudar un 25%, mientras que en los consejos de administración se siguen repartiendo dividendos.
Mientras tanto, el precio de la energía en nuestro país se mantiene elevado de forma habitual, aunque fue especialmente sangrante la subida que se dio a partir de 2018 con las reformas del gobierno del Partido Popular, cuando el precio medio anual marcó su máximo histórico (64,3 euros por megavatio/hora). El sistema de fijación de precios produce fluctuaciones como la que estamos viviendo estos días, que genera picos tarifarios dolorosos para las familias, que en el momento en el que más necesitan encender la calefacción por las bajas temperaturas, más tienen que pagar por el servicio.
La pobreza energética es un problema de calado en nuestro país que se tiene que solucionar de forma profunda y con medidas contundentes. En lo inmediato, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética prohíbe el corte de suministro durante las situaciones climatológicas extremas como esta ola de frío, pero esta medida solo atiende a casos extremos, mientras que seguimos necesitando políticas que hagan que el precio de la luz sea más accesible para las familias, especialmente durante esta crisis económica que atravesamos. En este sentido, el Estado puede actuar en dos vías: la primera, regular los precios de los suministros, sobre todo durante el Estado de Alarma, y la segunda, bajando los impuestos indirectos del consumo de energía que rondan el 27%, sumando el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad.
A largo plazo, necesitamos recuperar una eléctrica de titularidad pública que rompa el oligopolio existente y que asegure un suministro energético asequible para todo el mundo y que actúe no solo en base a criterios económicos sino también sociales, para que nadie se quede sin luz en una situación de emergencia. Podemos mirar con esperanza a las eléctricas municipales de Barcelona y Cádiz, Barcelona Energia y Eléctrica de Cádiz, que no subirán sus tarifas y se nutren al 100% de energía renovable. Por otra parte, en el ámbito de la Comunitat Valenciana urge reactivar la Agencia Valenciana de la Energía que el PP paralizó y la creación de una empresa pública de energía que dependa de esta, así como un centro de innovación en energías renovables que sea capaz de vehicular las políticas verdes y el conocimiento científico en materia de energías renovables.
Nuestro municipio podría ser un excelente emplazamiento para la localización de esta empresa, que además generaría empleos de calidad en la nueva economía verde, por la que pasa nuestro futuro. Podemos generar en Sagunto un polo de innovación científica y productiva en la generación e instalación de energía renovable que nos permita desarrollar el talento de nuestros estudiantes y la capacidad de nuestra formación profesional y universitaria. No se trata solo de recuperar nuestra capacidad industrial, sino ponerla en la vanguardia del cambio del modelo energético de nuestro país para competir en todo el mundo. Es cuestión de voluntad política.
