Esta semana la Ley de Eutanasia ha dado un importante paso en el Congreso, la Comisión de Justicia ha aprobado por una amplia mayoría absoluta el dictamen sobre la proposición de ley orgánica. España puede situarse como uno de los países pioneros en el mundo en la regulación del derecho a una muerte digna, fijándose en las regulaciones que existen en otros lugares como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo o Canadá. La calidad de vida de un país debe incluir también la muerte, la posibilidad de morir cuando una persona lo decide porque el sufrimiento resulta insoportable.

La ley establece que la persona que podrá solicitar la eutanasia o el suicido asistido tendrá que ‘sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante’ y tendrá que confirmar su decisión hasta en cuatro ocasiones diferentes y después de recibir el adecuado asesoramiento médico. La decisión de morir no es una decisión cualquiera, pero esta ley es muy rigurosa en los controles para cerciorarse de que el paciente conoce todas sus opciones y que es una decisión que realmente ha tomado en libertad y con pleno convencimiento.

Esta es una ley muy sensible porque afecta a derechos fundamentales, sin embargo, es capaz de conjugar bien el derecho a la vida y la integridad física con los derechos a la libertad, autonomía de la voluntad y la dignidad. Además, el respaldo social a esta medida parece ser ampliamente mayoritario. Cuando el CIS preguntó por última vez sobre esta cuestión en 2009 la población que quería que se reconociera este derecho y se regulara fue de un 77% y, si vamos a datos recientes, un estudio de Metroscopia indica que en 2019 el apoyo aumentó hasta un 87%. Igualmente, también son muchas las sociedades médicas que se han posicionado a favor de una legislación de este tipo y no me extraña, porque el personal médico es el que en muchas ocasiones ve de primera mano el sufrimiento que entraña una enfermedad crónica tanto en el paciente como en su entorno. La muerte durante mucho tiempo ha sido un tema tabú, así que particularmente me alegra saber que la sociedad española está así de avanzada y que mira a un futuro de ampliación de derechos y nunca de restricción.

No puedo ni imaginar el tipo de sufrimiento que lleva a una persona a decidir acabar con su vida y como no puedo imaginarlo solo puedo respetarlo, porque nadie decide morir si su situación no es extrema, y en el caso de estos enfermos lo es. Los conservadores, haciendo alarde de su habitual falta de empatía, no pueden ni quieren imaginarse el sufrimiento de estas personas, por eso directamente rechazan de pleno la ley. Hemos visto en el Congreso al PP y Vox haciendo valer argumentos tan peregrinos como que se trata de una ley eugenésica para eliminar las vidas que ya no tienen valor y que son una carga económica para el sistema. Una interpretación muy libre y retorcida de la ley que en todo momento apuesta por priorizar los cuidados paliativos y plantea la opción del suicidio asistido o eutanasia solo como último recurso. También se ha escuchado que los pacientes tendrán que tener miedo de sus propios familiares, obviando de nuevo lo que dice la ley, que busca que en todo caso la decisión la tome el paciente de forma libre y autónoma. Me sumo a lo que ya les ha dicho la diputada del PSOE y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, de verdad deseo que estas personas que dicen estas barbaridades nunca se tengan que ver en la tesitura de tener que utilizar esta ley para ellos o para sus familiares.