En los meses de confinamiento hemos luchado contra el virus quedándonos en casa, nuestro hogar ha sido nuestro refugio y trinchera en la que le hemos hecho frente al enemigo invisible que acechaba ahí fuera. Hoy más que nunca somos conscientes de que el hogar es un pilar fundamental para el desarrollo de una vida digna y que, por eso, garantizar el acceso a una vivienda tiene que ser una prioridad política. En ese sentido, medidas como el Decreto Ley para la Ampliación del Parque Público de Vivienda de la Comunitat Valenciana son imprescindibles en estos momentos, porque mediante la adquisición de vivienda pública las administraciones van a poder hacer valer el derecho fundamental a la vivienda. Este Decreto Ley lo convalidarán les Corts Valencianes el próximo 15 de julio, pese a todos los intentos del sector inmobiliario por frenarlo.

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Vivienda de Podemos Rubén Martínez Dalmau ha denunciado recibir presiones y amenazas por parte de los fondos de inversión que basan su actividad en especular con vivienda. Cada vez que los poderosos ven amenazados sus negocios multimillonarios actúan de la misma forma: acosa y tratar de amedrentar a quien trabaja por defender el interés público. Lo vimos recientemente con la aprobación de la Ley del Juego —fundamental para frenar la lacra de las apuestas y la ludopatía en la Comunitat— y lo volvemos a ver ahora con esta medida. Esto es sintomático de que desde las instituciones se está realizando un buen trabajo, cuando los poderes fácticos se enfadan significa que con esas políticas quien sale ganando es la gente común.

El Decreto Ley de vivienda va a permitir que la Generalitat tenga derecho de compra preferente en las operación inmobiliarias de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas extrajudiciales. Eso tiene un propósito muy claro: pararles los pies a los fondos buitre que quieren especular con un bien tan esencial como es la vivienda. Estas adquisiciones que haga la Generalitat Valenciana gracias a la aplicación de esta norma —que legalmente se denomina ‘de tanteo y retracto’— pasarán a formar parte del parque público de vivienda para siempre, con una calificación de vivienda protegida, para que la función social de la vivienda no solo se haga valer ahora, sino también en el futuro. El primer caso destacado de aplicación de este Decreto Ley lo hemos tenido esta misma semana, en la que la Generalitat Valenciana se ha quedado con 218 pisos que el banco Sabadell iba a vender al fondo buitre norteamericano Cerberus, que dirige José María Aznar Jr., el hijo del expresidente Aznar. Son 218 viviendas que iban a utilizarse a especular pero que gracias a la intervención de la Conselleria de Vivienda se utilizarán para dar cobertura social a personas en situación de vulnerabilidad. Con la incorporación de este lote ya son casi las 300 viviendas que se han integrado en el parque público de vivienda en este año, una cifra más que considerable teniendo en cuenta la mala situación de la que partía la vivienda pública en la Comunitat Valenciana.

Con los gobiernos del PP y la señora Isabel Bonig al frente de Vivienda (que ni tan siquiera era una conselleria con entidad propia) sirvió para poco más que para dejar una deuda de 30 millones con la Fórmula 1 y un impago de 240 millones de euros en ayudas al alquiler. Ahora, con Rubén Martínez Dalmau y el equipo de Podemos al frente, esta conselleria está recuperando dignidad e importancia y está sirviendo para avanzar firme en derechos y protección social. De hecho, durante la pandemia ha sido una pieza fundamental en la construcción del Escudo Social Botànic, con medidas valientes como la excepción del alquiler en todo el parque público de vivienda. Ahora toca ir más allá y que las medidas que se aplicaron en un momento excepcional pasen a ser permanentes, porque ya hemos demostrado que se puede. Cuestiones como la moratoria de los desahucios —que por el momento se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre— sientan en un buen precedente para avanzar hacia una sociedad totalmente libre de desahucios en la que nunca jamás nadie tenga que verse en la calle.