El pleno ordinario de junio, celebrado ayer jueves por el Ayuntamiento de Sagunto, también fue telemático, sin embargo, desde el pasado día 21 quedó desactivado el estado de alarma y ya nos encontramos bajo la nueva normalidad. Ni que decir tiene que, al concejal de IP, Juan Guillén, le ha faltado tiempo para volver a plantear la vuelta a los plenos presenciales y, de paso, reivindicar que se celebren en el salón de actos del centro cívico, dado que, en este espacio se garantizaría mucho mejor el distanciamiento social. Es verdad que el angosto salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto no es el mejor escenario para estos tiempos de pandemia.
Independientemente de que cada cual aproveche las circunstancias para arrimar el ascua a su sardina, si lo que asevera Guillén sobre el cambio legislativo va a misa y, efectivamente, posibilita que legalmente se puedan realizar plenos en distintos puntos del municipio, no cabe duda de que el tripartito municipal se quedaría sin coartada para seguir defendiendo que las sesiones solo se puedan efectuar en un único escenario, algo que, por otro lado, carece de toda lógica y sensatez.
No obstante, el que los plenos se continúen realizando por video conferencia es algo que, sin ningún género de dudas, va en menoscabo de la transparencia y la participación ciudadana, puesto que se priva a los vecinos de su derecho a seguir los debates in situ y trasladar las quejas y sugerencias, tal y como se ha venido haciendo desde siempre. Entiendo que la modalidad telemática es mucho más cómoda para el Gobierno municipal, pero no queda nada bien para un equipo de corte progresista que se prive a la ciudadanía de estos derechos.
Por cierto, el pleno del jueves trató sobre si se recurría o no el fallo judicial favorable a Lafarge, que dejó sin efecto un acuerdo municipal adoptado en la pasada legislatura. Hay que ver lo insistente que se puso el portavoz de Compromís para forzar que el consistorio acordara interponer el recurso, pese a que los propios servicios jurídicos lo desaconsejaban. Recuerdo, sin embargo, que no se actuó de igual modo ante el fallo judicial que condenaba al Ayuntamiento de Sagunto a pagar de 205.700 euros a la empresa organizadora de la 1ª edición del festival Music Port Fest, celebrada el 6 y 7 de julio de 2018, que el anterior Gobierno de Sagunto adjudicó a ‘dedo’. En este caso, los servicios jurídicos si aconsejaban que se apelara contra la sentencia, más que nada, para tratar de reducir la cuantía a liquidar. O sea, que recurrir la sentencia de Lafarge es defender el interés general y tratar de ahorrarle al consistorio el pago de unos miles de euros ¿no?, o ¿cómo es eso?
