La Justicia

Viernes, 13 Marzo 2020 18:03

En una de sus últimas intervenciones como rey, Juan Carlos I, el día 24 de diciembre, dijo a los españoles que la justicia era igual para todos. Efectivamente, eso dice el artículo 14 de la Constitución Española: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Sin embargo, la realidad es otra. Corinna Larsen, a quien todos conocen, que tuvo una relación extramatrimonial con Juan Carlos I, ha anunciado que va a denunciar al monarca y a otros presuntos implicados ante la justicia británica, por el acoso que sufre desde que rompió con el rey emérito en el año 2012, y que dicho acoso es para evitar que la alemana destape ciertos secretos de estado que parece que tiene en su poder.

Corinna ha apuntado al CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y a su exdirector Félix Sanz Roldán, por las presiones recibidas. Ahora ha ido más allá al señalar también a Juan Carlos I, incluyéndolo en la denuncia. Para ello ha contratado al prestigioso abogado londinense James Lewis, experto en derecho internacional y extradiciones.

Corinna explicó hace una semana, a través del «The Daily Mail», que acudiría a la justicia, aunque no dijo en aquel momento que en su denuncia incluiría al monarca español. Y subrayó: «Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales».

Todo empezó, según la empresaria alemana, a raíz de que se diera a conocer su relación, tras el accidente del rey en Botswana. Larsen asegura que el piso que poseía en Mónaco fue ocupado por una empresa de seguridad con sede en el mismo país. Los servicios de inteligencia españoles —dice— le comunicaron que se trataba de un operativo para garantizar su seguridad, pero unos meses más tarde, el CNI la amenazó de muerte cuando estaba en su habitación en el Hotel Connaught de Londres. «Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física», declaró Corinna. «Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que anularían mi reputación si no cooperaba. De hecho, esta amenaza se llevó a cabo», señaló Corinna al periódico británico.

Esta denuncia ante la Fiscalía británica es la tercera amenaza judicial que ondea sobre el rey, ya que un fiscal suizo tiene abierta una causa secreta desde 2018 en el que están imputados Corinna y dos presuntos testaferros del emérito. Las averiguaciones del fiscal especial Yves Bertossa han llegado a identificar una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares desde Arabia Saudí a una fundación que el fiscal suizo identifica con Juan Carlos I, y de ahí salieron, en 2012, 65 millones de euros transferidos a una cuenta bancaria de Corinna Larsen. «Por haber cuidado al monarca español cuando estaba enfermo», había apuntado Corinna. Caro cuidado ¿no? El fiscal Bertossa sospecha que los 100 millones originales son la comisión que cobró Juan Carlos I por su participación en la adjudicación de la obra del AVE a La Meca a empresas españolas, entre ellas OHL, de su amigo Juan Miguel Villar Mir.

No es necesario extenderse más para ver hasta dónde llegan los brazos de la corrupción, y que cuando se tiene el poder necesario, es fácil rodearse de gente que conozca todos los resquicios para eludir la justicia. Tampoco es necesario añadir nada más para ver que la justicia no es igual para todos, porque la justicia, es evidente, nunca ampara igual a los pobres que a los ricos.

Los abogados del Estado dicen que no encaja constitucionalmente una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, como algunos partidos políticos han propuesto, y el PSOE se une a esta opinión de los letrados; pero fuera de España —igual que dentro— lo que no encaja es la trama corrupta del rey emérito; porque, aunque la figura del rey sea inviolable en territorio español, no lo es así para la Fiscalía británica.

Juan Carlos I podía haber sido, además del rey de todos los españoles —como él ha querido siempre ser—, un rey modélico, pero además de vivir siempre «como un rey» le han perdido dos cosas: Las faldas y el dinero. Esperaremos pacientemente el resultado final del vodevil, aunque esto tenga poco de comedia ligera.


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