La eutanasia, ya practicada por griegos y romanos, etimológicamente hablando significa muerte apacible, muerte sin sufrimiento. Se distingue del suicidio en que para realizarla se necesita de, al menos, un colaborador. La ley nada puede hacer contra un suicida o una persona a la que se le ha practicado la eutanasia, pero se ceba en los posibles colaboradores. De ello saben mucho, por desgracia, el personal sanitario en general, que ha de vivir siempre atento a la menor acusación o mínima sospecha y que sienten perfectamente la espada de Damocles sobre sus cabezas. Estos profesionales están condenados a vivir en perpetua alerta.
Ángel Hernández, el marido de Mª José Carrasco, después de décadas de ver sufrir a su mujer y sufrir él mismo por atenderla, en un acto claramente de compasión, piedad y amor a su esposa (yo diría que también a la vida) tuvo el valor de aceptar el papel que el destino le señalaba: tenía que ser él, le tocaba, quien ayudase a Mª José a morir dignamente.
Aquí la cosa se complica puesto que el Estado interviene punitivamente contra los que incumplen sus leyes, por retrógradas que sean. Ángel muy consciente de ello, lo primero que hizo fue llamar a la policía y declarar sin ambages su intervención en el suicidio asistido de su mujer. Este hombre, por ese hecho tan propio y tan humano, desde ese mismo momento se ha tenido que convertir, a su pesar, en un héroe y un ejemplo para el país, pues como es bien sabido, más del ochenta por ciento de los españoles estamos a favor de la eutanasia y que un porcentaje muy alto de médicos colaborarían responsablemente en dichas prácticas, siempre con una regulación perfectamente estudiada que garantice el uso y nunca el abuso de dicho derecho, como ocurre con cualquier otro derecho. Ello no querría decir que al restante veinte por ciento de la población que no está de acuerdo se les privase del derecho a morir rabiando si es que lo prefieren.
El Estado no tiene razones para imponer a nadie el dolor ni la obligación de vivir si no lo desea. Por ello existe en este país desde hace tiempo una asociación llamada DMD (derecho a morir dignamente) que trabaja para informar y asesorar acerca de los derechos sanitarios al final de la vida, que recomienda que cada cual haga su Testamento Vital e incluso tiene publicada una Guía de Muerte Voluntaria. El objetivo de esta asociación es conseguir el derecho de toda persona a disponer con libertad de su vida y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla.
Puedes contactar en www.derechoaamorir.org o en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
