Tres semanas después de conocerse la sentencia sobre lo que se ha venido en denominar el caso de «La manada», se sigue hablando de la sentencia y de «La manada», y se sigue hablando como un ejemplo de lo que en ningún caso debe hacer la Justicia.

Sin embargo, posicionarse aquí, en un extremo o en el opuesto, se me antoja un tanto temerario o, al menos, imprudente, porque las voces en contra de la sentencia ya se han pronunciado de una manera generalizada, abrumadora y, en cierto modo, intimidatoria. Es evidente que hay un clamor popular, en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales, para que se revise la sentencia y, sobre todo, para que se revise la Ley, y eso, que por una parte es bueno, por la otra no debe dar cabida a que los magistrados se dejen intimidar por determinadas presiones, vengan de donde vengan, pues incluso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tan dado a criticar las actuaciones de ciertos jueces, algo que debería reprimir dado su cargo político, ha caldeado las voces de todos esos que exigen más contundencia en la actuación judicial, más contundencia en el fallo de la sentencia y más contundencia en la aplicación de la Ley contra los presuntos culpables.

Llegados a este punto, sólo se me ocurre pensar que lo más racional sería hacernos una serie de preguntas, para que nuestra especulación se aleje de totalitarismos, que sólo nos van a conducir a encrespar posiciones sin debatir lo necesario. Porque ¿pueden los jueces actuar bajo su criterio por encima de lo que marca la Ley? ¿Pueden los jueces dictar una sentencia en función de sus principios más viscerales y no en función de sus principios más racionales? ¿Pueden creer que lo que ellos dictan es Justicia y no simplemente la aplicación de lo que la Ley estipula? ¿Pueden las pruebas presentadas ser un atenuante o actuar en contra de los que las proponen? ¿Puede el pueblo llano presentarse como acusación particular sin conocer los detalles de lo que ha podido ocurrir? ¿No sería mejor revisar la Ley y ver dónde falla y dónde acierta, qué actuación es la más correcta y si hay que defender a la víctima o al verdugo?

La víctima es, desde luego, la parte más vulnerable, la que necesita todo nuestro apoyo y todo nuestro aliento siempre; pero hay un principio fundamental en Derecho que dice que «no se puede condenar a nadie si no se demuestra que es culpable», y muchas veces condenamos a alguien sólo por las apariencias o sólo porque la otra parte nos caiga bien o nos parezca más sensible.

Aquí, la opinión pública, con el ministro a la cabeza, ya ha condenado a los acusados. ¿Estamos actuando con la disciplina que marca nuestra cabeza o con la pasión que nos dicta el corazón? ¿Qué es lo más aconsejable en este momento? ¿Cuál debe ser nuestra actuación? Nuestra actuación debería ser la reflexión, y el comportamiento con la cabeza fría; pero sobre todo dejemos que sean los jueces los que dicten sentencia, y no los políticos ni las redes sociales; porque creo, modestamente, que lo que no deberíamos hacer en ningún caso —como hacen demasiados políticos— es politizar la Justicia y judicializar la Política; y aquí, en nuestro país, sabemos mucho de los balones que a diario tiran fuera los políticos para no responsabilizarse de su gestión, haciendo que sean los jueces los que solucionen los problemas que ellos han creado, aunque después, haciendo caso omiso de la separación de poderes del Estado, quieran inmiscuirse en las causas que sólo los tribunales de Justicia deben resolver.