Estuve leyendo con detenimiento en la edición de El Económico del pasado 10 de marzo, el artículo firmado por Sara Aunés, entiendo que en representación de Acció Ecologista Agró. En su escrito, puso bajo mi autoría palabras que no he escrito, pues afirmó cosas tales como que había adjetivado a su entidad como “corrupta”, expresión que tras repasar el artículo de mi autoría publicado con anterioridad, no he encontrado por ninguna parte, porque yo no los llamé corruptos.
Puedo decir sin temor a equivocarme, que las ayudas públicas que recibe la entidad ecologista, sirven para realizar contratación indirecta con dinero público, que puede ser legal, pero la manera de hacerlo me parece criticable. Y por eso lo critico, y si no les gusta no es mi problema. Lo que me resulta llamativo es la reacción un tanto infantil, sintiéndose acusados de algo que en absoluto está reflejado en mi escrito. Me viene a la cabeza una frase muy utilizada por uno de mis compañeros concejales, aquello de “Excusatio non petita, acussatio manifesta”.
Se pregunta Sara Aunés que haría IP con la Casa Penya. Explicaré lo que han hecho desde el Ayuntamiento hasta la fecha. Tras gastar más de 1.200.000 euros de fondos europeos en su restauración, la Casa Penya se cedió de manera gratuita a Agró, sin una licitación abierta para tal fin; además acompañada esa cesión de una subvención anual de 30.000 euros, más otros gastos que se tuvieron que acometer. Ahora tras una licitación que motivó mis críticas, Agró se subvencionará con 100.000 euros anuales.
Voy a hacer un ejercicio de imaginación. Supongan ustedes que el Ayuntamiento de Sagunto, le cediera de manera directa a Iniciativa Porteña como entidad defensora del patrimonio y la historia de El Puerto, el edificio de las oficinas generales de fábrica para que nuestra entidad pudiera desarrollar cometidos tales como el cuidado del archivo histórico de la siderúrgica y otras labores de conocimiento y preservación de nuestra historia como pueblo. E imaginen que además el Ayuntamiento nos subvencionara con 100.000 euros anuales para llevar a cabo ese cometido… ¿les parecería criticable?
Habla Aunés de que sus cuentas son transparentes, faltaría más cuando Agró sobrevive subvencionado desde la administración pública. Y se pregunta por la financiación de IP, evidentemente de los bolsillos de nuestros asociados y las aportaciones voluntarias de los concejales.
A pesar de todo lo escrito, me gustaría que desde Agró tuvieran claro que valoro muy positivamente algunas de las iniciativas que llevan a cabo desde esa entidad. Los he visto en los días de lluvias de este invierno, trabajando en la marjal, con las botas y los pantalones de agua, reconozco la dedicación de algunas de las personas que están en Agró desde sus inicios; me consta el buen entendimiento que hubo entre algunos de sus componentes y nuestro concejal Sergio Paz cuando éste ocupó la delegación de Medio Ambiente. Ahora bien, mi manera de actuar me impide mirar hacia otro lado cuando intuyo lazos de unión entre lo político y vuestro cometido como grupo ecologista.
