En el pleno del 17 de enero, el alcalde Fernández y la portavoz de Compromís, Teresa García, confirmaron la suspensión por parte de la Generalitat del procedimiento de ocupación de monte público solicitada por Lafarge. Sin embargo, es incierto que tal suspensión fuera efectiva el día en el que se celebró esta sesión municipal. Los servicios jurídicos de la cementera así lo acreditan en escritos remitidos a la Alcaldía y al secretario general consistorial. Ni que decir tiene que la solicitud de suspensión, en la que se basó el cuatripartito para dar forma a lo que a todas luces parece un engaño, era exactamente eso, una solicitud de suspensión.
El alcalde niega la mayor, sin embargo, no aporta el documento de suspensión que respalde su afirmación. Aquí viene como anillo al dedo esa frase popular: «esto no es lo que parece», que suele utilizar el marido cuando es sorprendido por la mujer, metido en la cama con la vecina del quinto. Si como Fernández asevera, no es verdad que el cuatripartito engañó al plenario y al público asistente, lo que tiene que hacer es demostrarlo documentalmente.
Ante estos hechos, ¿cómo queda la figura del secretario general del Ayuntamiento de Sagunto, que es el que debe de velar por el cumplimiento de la legalidad en todos los actos de la municipalidad? Por cierto, en el escrito que la cementera ha dirigido al señor secretario, hay párrafos verdaderamente memorables.
Con independencia del recorrido que este asunto pudiera tener en los tribunales, llegado el caso, no cabe ninguna duda de que nos encontramos ante un hecho inaudito, inédito hasta ahora. Nunca antes, durante el periodo democrático, ha sucedido nada parecido en el pleno municipal. Es verdad que fueron el alcalde y la portavoz de Compromís quienes confirmaron ante el plenario la suspensión de la tramitación del expediente del permiso de ocupación de monte público, pero no perdamos de vista el grado de implicación de sus compañeros de viaje, es decir, el PSOE, Esquerra Unida y ADN Morvedre. Todos ellos saben que no es lo mismo una solicitud de suspensión que un decreto de suspensión o por lo menos deberían de saberlo. Lo verdaderamente grave es que lo ocurrido en la sesión del 17 de enero fue posible, precisamente, porque los socios de Gobierno de Compromís entraron en el juego.
Para algunos dirigentes políticos de nuestro entorno, el fin sí justifica los medios, aunque luego se invisten con la toga de la ética y van dando lecciones sobre valores democráticos: libertad, transparencia y participación. Está claro que aquí también tenemos a nuestro tío Donald, no me refiero al pato, sino a Trump.
