Mientras la tropa de uno y otro bando mantenía su posición en el campo de batalla, léase comité de empresa, partidos de la oposición, sindicatos, ecologistas y vecinos de la cantera, los generales de cada facción, convocados por el mediador, o sea, la Generalitat, firmaban un armisticio, con el que, probablemente, se pondrá fin a dieciocho meses de hostilidades. Efectivamente, el principio de acuerdo alcanzado en la tarde del jueves entre el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge puede restaurar la paz definitivamente en este litigio.
En el convenio firmado en 2013 entre el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge, está establecido que la cementera prolongaría su actividad en la cantera de Salt del Llop hasta el año 2030 o hasta que se pudiera extraer caliza en El Piñal. En el acuerdo alcanzado ayer en la reunión a tres bandas, la renovación del permiso de ocupación de monte público en Salt del Llop, que la empresa solicitaba hasta 2042, se prolongará hasta 2035 o 2038, todo ello, condicionado a la apertura de El Piñal. Pero, en términos prácticos, que es lo que interesa, sobre todo a los vecinos de la cantera, el periodo de extracción de caliza en el actual emplazamiento minero se extenderá entre 10 y 13 años, es decir, hasta 2027 o 2030. Esta horquilla se ha fijado porque la explotación de la actual cantera está condicionada por la apertura de El Piñal. Además, la multinacional no renuncia a sus derechos mineros en las Margas y Zona Norte de Salt del Llop, por lo menos, hasta que el nuevo yacimiento esté operativo.
Es evidente que el Gobierno de la ciudad no ha calculado bien sus fuerzas y, después de 18 meses guerreando, vencido y desarmado ha tenido que retrotraerse al pacto de 2013 entre la multinacional y el consistorio. Lo acordado ayer se podrá vender como se quiera, pero todo el mundo coincide en que ha sido una rendición en toda regla. Lo peor de todo, es que para llegar hasta aquí no hacía falta tensionar tanto, cabrear a tante gente, ni perjudicar la imagen de esta ciudad de la forma que se ha hecho durante año y medio.
Si el actual equipo de Gobierno intentaba matizar algunos aspectos del convenio firmado en 2013 y, particularmente, la cláusula de simultaneidad, lo cual es completamente legítimo, no hacía falta tensar la cuerda hasta estos extremos. En una ronda de conversaciones se podría haber alcanzado un acuerdo satisfactorio y, además, en muy poco tiempo. Pero con la cantinela de que «el convenio no es legal», era imposible modificar ese pacto, porque, claro, si no es legal, cómo se va a matizar. En todo caso, esperemos a que se cierre definitivamente este acuerdo, para leer la letra pequeña, por si hay sorpresas.
