Que las instituciones y los partidos políticos que las gestionan velen por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad es lo verdaderamente deseable, si todos hubiesen actuado de esta manera, los agentes de la UDEF tendrían muy poco trabajo. Sin embargo, en el caso del procedimiento que se sigue en la tramitación de los permisos de Lafarge, estamos viendo cómo determinadas actuaciones son más propias de regímenes bananeros. Hemos sabido esta semana que, los grupos parlamentarios de Podemos y Compromís en las Cortes Valencianas, querían cambiar una ley autonómica, en concreto, el apartado C del artículo 197 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
En esencia, la modificación de dicho artículo, indica: «En la franja de litoral de diez kilómetros, en la infraestructura verde catalogada como monte público, prevalecerá la clasificación y ordenación urbanística que preserve sus valores forestales y ambientales. Preferentemente, se situarán los usos extractivos en otras zonas del interior de menor valor ambiental, visual o paisajístico y estratégico, fuera de esta franja». Al conocerse de dónde ha partido esta idea, es evidente que con tal cambio se pretendía sentenciar la cantera de Salt del Llop, condenar la continuidad de la cementera y, por consiguiente, sus puestos de trabajo directos e inducidos. Pero este no es el único problema, además, de aplicarse tal medida, habría afectado a otros 97 yacimientos mineros existentes a lo largo de la franja de litoral de la región. Todo un despropósito. Menos más que todavía quedan fuerzas políticas sensatas en las Cortes Valencianas, me refiero al PP y al PSOE, que, al votar en contra de esta marcianada, han impedido un auténtico disparate.
A lo anterior hay que agregar la denuncia hecha por la secretaria general de CC.OO., Begoña Cortijo, quien habla abiertamente de dilatación intencionada de los plazos, por parte de la Generalitat, en la tramitación de la prórroga solicitada por Lafarge para la ocupación de monte público. Dice Cortijo que todo esto obedece a una estrategia, la de hacer claudicar a la cementera para que renuncie a sus permisos mineros en Margas y Zona Norte. Es decir, la prórroga a cambio de la renuncia. Todo esto, naturalmente, desde las instancias autonómicas que maneja Compromís.
Lo que señala Cortijo da pie a una reflexión: si, ante determinados intereses políticos, una tramitación se puede dilatar intencionadamente en el tiempo, ante otra clase de intereses, también se podrá acelerar, ¿no? Luego nos lamentamos por los registros que realizan los caballeros de la UDEF.
