Se vislumbraba con meridiana claridad que el conflicto de Lafarge, lejos de solucionarse, terminaría en los tribunales, lo cual no garantizaba la continuidad de la empresa y el empleo. El tripartito municipal se había propuesto rescindir el convenio firmado en 2013 entre la empresa y el consistorio, de esto no hay ninguna duda. De hecho, ese ha sido su objetivo desde el principio. Acuérdense de la cantinela «el convenio no es legal». También está bastante claro que no existía ningún interés por parte del tripartito en regular las relaciones con la empresa, mediante la firma de un nuevo acuerdo. Es cierto que el Gobierno de Sagunto, para cubrir las apariencias, ya tenía preparada otra propuesta de convenio, que Lafarge nunca hubiera aceptado porque las condiciones en él planteadas eran absolutamente inasumibles. El tripartito, que es el que había redactado a conciencia el nuevo texto, para que la cementera lo rechazara, lo sabe mejor que nadie. En consecuencia, no se buscaba el entendimiento, sino la ruptura.
En cuanto el tripartito rescindiera el convenio, se volvería a la situación anterior a la firma del mismo, por lo que, a partir de ahí, se producirían varios movimientos. Por un lado, la compañía cementera recurriría ante el Juzgado para denunciar el incumplimiento del convenio por parte del municipio y, llegado el caso, reclamaría las correspondientes indemnizaciones, aunque, para cuando este proceso judicial concluyera, ya habría otro equipo gestor en el Ayuntamiento. Paralelamente, la empresa tramitaría ante la administración autonómica la gestión de sus derechos mineros en el actual emplazamiento del Salt del Llop, zona de Margas, etc. El tripartito, para dificultar que Lafarge obtuviera esas autorizaciones, retomaría, también ante la Generalitat, la declaración de la montaña de Romeu como Parque Natural. Llegados a este punto y teniendo en cuenta que en diciembre de 2017 caducan los permisos de ocupación de monte público, es evidente que se vería amenazada la continuidad de la cementera.
Hasta aquí, una descripción bastante exacta de cómo se encontraba el conflicto hasta hace unos días, y hacia dónde podía derivar el mismo. Los hechos acreditaban que dentro del orden de prioridades del tripartito no se encontraba la continuidad de la empresa. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista ha jugado un papel decisivo para poner punto final, de momento, a este disparate de proporciones estratosféricas. El tripartito no ha tenido más opción que comerse con patatas el expediente que propiciaba la rescisión del convenio con la cementera, para conservar el pacto de Gobierno alcanzado recientemente con el PSOE, que no ha jugado a eso.
