Uno de los defectos, entre otros muchos, de la actual Constitución Española es que consagra los derechos individuales muy por encima de los derechos sociales, por lo que resulta extremadamente difícil para los poderes del Estado controlar y sancionar muchos tipos de delitos, especialmente los económicos.

Que las leyes impidan, o puedan poner infinitas trabas, a los organismos del Estado para informarse de cuentas y/o actividades de cualquier ciudadano hace un flaco favor al mantenimiento de la legalidad general y perjudica notablemente a los contribuyentes en favor de los más poderosos que, a su vez, son los más pudientes.

No voy a tratar de poner ejemplos porque están en la mente de todos, solo mencionaré a modo de recordatorio la “Lista Falciani”, que ahí está paralizada en virtud de los derechos de los delincuentes.

La España que sufrimos y padecemos sería otra si, por poner otro ejemplo, cuando el Caso Naseiro, allá por los años ochenta, no se hubiesen archivado las diligencias por una “escucha ilegal”. Se trataba de que la financiación ilegal del PP prácticamente conseguía patente de corso para prolongarse hasta nuestros días. ¡Paso franco a la Mafia! ¡Cuánta corrupción nos habríamos ahorrado en este país! Jueces como Garzón y Elpidio Silva han pagado caras sus ganas de investigar y hacer justicia, sacrificados por el Sistema en defensa de una Caja B o del agujero causado por Bankia en las arcas del Estado.

A nadie deben despistar las intervenciones de Montoro en ese terreno. Hay que distinguir aquí varias cosas: en primer lugar ese ministro no ha utilizado ninguna de sus ilegales indiscreciones en cuanto a nombres para que se haga ninguna clase de justicia, sino para meter el dedo en el ojo a los que considera adversarios políticos y como aviso a navegantes. En segundo lugar lo que viene haciendo este señor es totalmente ilegal porque incumple precisamente esa tan mencionada santa privacidad consagrada en la Constitución. Tengan la seguridad de que si esas “indiscreciones” las hubiese cometido un ministro de cualquier otro partido que no fuese el PP el escándalo mediático que se habría montado lo habría hecho dimitir. Por muchísimo menos han caído otros.

Un Estado Social de Derecho no debe jamás poner la individualidad por encima ni por delante de lo colectivo. Por supuesto que se deben establecer y respetar los derechos individuales pero sin perder de vista el Bien Común. Sin embargo, curiosamente, se da la contradicción en el derecho individual del que “disfrutamos” de que el derecho a una vivienda digna pesa poco a tenor de la nula defensa que de esto vienen haciendo los gobiernos de la Casta.

Es lo que tiene si un derecho choca con los intereses de un banco: el derecho queda torcido.